Tegucigalpa, Honduras.- La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos aseguró a través de un mensaje en redes sociales que las personas que estén detrás de anular el proceso de elecciones del 30 de noviembre y de evitar una transición pacífica del poder tendrán "graves consecuencias".
La reacción se da después de que el gobierno de Xiomara Castro sancionara un decreto emitido por el Congreso Nacional tras una sesión extraordinaria dirigida por Luis Redondo y diputados de Libre para ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un escrutinio de todas las actas en los tres niveles electivos.
En este sentido, el gobierno estadounidense afirmó que las "voces de 3.8 millones de hondureños han hablado, y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados de las elecciones".
Por lo tanto, "Los intentos de anular ilegalmente las elecciones de Honduras tendrán graves consecuencias. La violencia política no tiene cabida en el proceso democrático".
Asimismo, aseguraron que los hondureños merecen una transición pacífica del poder y reiteraron que están muy interesados en trabajar junto a Nasry "Tito" Asfura para "avanzar en nuestros objetivos compartidos".
En una sesión extraordinaria donde solo Luis Redondo, acompañado únicamente por diputados propietarios y suplentes de la bancada de Libre y la diputada liberal Mireya Guillén, aprobaron la resolución que ordena al CNE el recuento voto por voto.
Expertos electorales afirman que las acciones de Redondo es pretender anular el proceso electoral del 30 de noviembre es improcedente, y representa un ataque directo, confrontativo y en contra de la alternabilidad en el poder.
Diputados de la oposición informaron que enviaron una carta a la presidenta Xiomara Castro para "solicitar formalmente" que no sancionara el decreto en el que se cometen "los delitos de traición a la patria, rebelión, sedición y otras figuras penales afines”.
Sin embargo, Castro sancionó y aprobó el decreto que se publicó la noche del viernes 9 de enero en el Diario Oficial La Gaceta y donde se pide contar las 306 actas de cierre en el nivel presidencia, 2,620 en nivel de diputados y 1848 actas no contadas en el nivel de alcaldes.
