Tegucigalpa, Honduras.- Tras la reunión celebrada en el Congreso Nacional el pasado 8 de enero, en la que Luis Redondo, junto a un grupo minoritario de diputados de su partido, aprobó un informe que cuestiona la declaratoria oficial de las elecciones generales y abre la posibilidad de un recuento general de votos, Maribel Espinoza junto a otras diputadas envío una solicitud a la presidenta Xiomara Castro.
La reunión contó únicamente con el respaldo de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) y algunos suplentes y culminó casi a media noche.
Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, encabezó la sesión acompañado por diputados propietarios y suplentes de su bancada, así como por la diputada liberal Mireya Guillén, para contabilizar 68 parlamentarios, cifra con la que se alcanzó por un estrecho margen la aprobación del informe.
Luego de lo ocurrido, la diputada Maribel Espinoza, dirigente del Partido Liberal, denunció que “el día de ayer Luis Redondo y su grupo cometieron una serie de delitos, en una clara conspiración para impedir la alternancia en el ejercicio del poder”.
Espinoza envió un oficio a la presidenta Xiomara Castro, firmado además por las diputadas Fátima Mena, Suyapa Figueroa, Francis Argueñal y Claudia Ramírez, en el que solicitan a la mandataria “no sancionar”, es decir, no aprobar, el “supuesto decreto emitido por Luis Redondo”.
“Nos dirigimos a usted para solicitar formalmente que no sancione el supuesto decreto emitido el día de ayer por el presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, y un número inferior al quórum legal constituido por diputados al Congreso Nacional, en su gran mayoría del Partido Libertad y Refundación, mediante el cual se cometen los delitos de traición a la patria, rebelión, sedición y otras figuras penales afines”, señala el documento.
Luis Redondo y su bancada buscan que el Congreso Nacional repita el escrutinio de más de 19,000 actas. Incluso, el pasado 8 de enero convocó a los 128 diputados para que se votara si el CN debía repetir el conteo, sin embargo, los liberales y nacionalistas no llegaron.
Rasel Tomé fue uno de los diputados de Libre que reprendió a Redondo y le dijo “para ya”, reconociendo que su “amado partido” no tuvo el apoyo popular y que no es atribución del Congreso “dictar sentencias anulando los actos del CNE”.
En la reunión del pasado 8 de enero, Ramón Barrios leyó durante más de dos horas un extenso informe en el que sostuvo que la declaratoria carece de validez.
Ante este escenario, las diputadas solicitaron a la presidenta que no incurra en delitos y que no sancione el “supuesto decreto emitido”.
