Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro ha convocado a una inusual reunión del Consejo de Ministros este sábado y hay muchas conjeturas del objetivo de esta cita.
El gobierno ha mantenido un silencio sepulcral sobre el proceso de transición gubernamental y ni siquiera ha nombrado una comisión, como es usual y normal después de las elecciones.
Aunque la presidenta Castro ha dicho que entregará el poder el 27 de enero de 2026, lo cierto es que no hay una señal activa que indique la transición.
Las elecciones del 30 de noviembre estuvieron accidentadas por el boicot relevante del partido gobernante y el representante de Libre en el Consejo Nacional de Elecciones (CNE).
A pesar de ello, el 24 de diciembre el CNE emitió una declaración en el nivel presidencial dando por ganador al candidato del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura. El 30 de diciembre hizo la declaración en el nivel de diputados y alcaldías.
Desde entonces, se han venido dando acciones para torpedear, no solo la asunción del nuevo presidente el 27 de este mes, sino que la instalación de la nueva legislatura con los diputados electos en las elecciones del 30 de noviembre.
La Constitución establece una reunión preliminarmente instalada el 21 de enero por el Ministro de Gobernación y una segunda reunión. El 23 de enero para elegir la junta directiva en propiedad. Y se instala el 25 de enero la nueva legislatura.
Sin embargo, en las últimas horas hay varias conjeturas sobre el propósito de la convocatoria del Consejo de Ministros para la tarde de este sábado 10 de enero en Casa Presidencial a las 3:00 de la tarde hora local.
Algunos estiman que el objetivo es que el Consejo de Ministros ordenará al jefe de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio, para que abra las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE) donde se guarda todo el material electoral, y entregue lo que allí se tiene a fiscales del Ministerio Público.
Cómo se sabe, Johel Zelaya, fiscal general, ha encabezado acciones contra las autoridades del CNE y es señalado de promover ataques contra la institucionalidad.
A eso se suma, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien recibió una aplastante derrota en las elecciones y desde antes también figuraba en acciones contra la institucionalidad electoral.
La última que hizo fue reunir a los diputados de Libre propietarios y suplentes el jueves 8 de enero y aprobar un informe hecho por Ramón Barrios, también excluido del nuevo Congreso.
En ese informe se ordena el recuento de voto por voto, una acción que es considerada ilegal en virtud de que ya existe una declaratoria de elecciones.
Ese informe, vía decreto, el Poder Ejecutivo lo publicó en el diario oficial La Gaceta y sería la base para ordenar a las Fuerzas Armadas que abran las puertas del CLE al MP.
Otros señalan que la reunión del Consejo de Ministros es para aprobar informes del gobierno.
Este ambiente se da cuando el Departamento de Estado publicó la mañana de este sábado que habrá consecuencias para aquellos que busquen trastocar y alterar los resultados electorales del 30 de noviembre, tras la declaratoria del CNE.
Al menos 74 diputados de la oposición reunidos el jueves, cuando fue agredida la diputada nacionalista Gladis Aurora López, aprobó una resolución ordenando a las FF AA la captura de Luis Redondo al busca usurpar funciones del CNE.
