Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) prepara reformas penles para endurecer las acciones contra las maras y pandillas declaradas terroristas, con cambios que permitirían realizar allanamientos sin orden judicial previa, ampliar los plazos para presentar requerimientos fiscales y restringir los beneficios de libertad para quienes sean condenados por estos delitos.
Así lo anunció el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, quien manifestó que están a la espera de la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Las propuestas contemplan modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal.
Según Zambrano, el objetivo es proporcionar más herramientas a los operadores de justicia para combatir a las estructuras criminales vinculadas con extorsiones, secuestros, violaciones y otros delitos que han sembrado violencia durante las últimas dos décadas en Honduras.
“Desde el Congreso estamos con toda la voluntad y el compromiso de darle herramientas a los operadores de justicia y todos los recursos necesarios, para que ya no existan excusas por falta de leyes o recursos para poner en orden a los delincuentes y llevarlos ante los tribunales”, expresó Zambrano.
Uno de los cambios anunciados consiste en ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar el requerimiento fiscal después de una captura.
El titular del Legislativo argumentó que las investigaciones relacionadas con delitos de terrorismo pueden ser complejas y que el tiempo actual resulta insuficiente para completar las diligencias necesarias.
La reforma también busca que las personas condenadas por terrorismo cumplan el 100% de sus penas, sin acceder a libertad condicional ni a mecanismos de preliberación.
Zambrano presentó esta disposición como parte de un endurecimiento de las consecuencias penales para los integrantes de las estructuras declaradas terroristas.
“Estas son medidas históricas. Desde el Congreso no vamos a descansar hasta que Honduras pueda vivir nuevamente en paz y tranquilidad, y que la gente salga segura de sus casas con su familia, como lo hacía en los años 80 y 90, sin miedo ni temor”, afirmó.
Otro de los puntos más sensibles de la propuesta es la posibilidad de ejecutar allanamientos sin una orden judicial previa en lugares donde existan indicios de que operan o residen integrantes de maras y pandillas declaradas terroristas.
Zambrano sostuvo que las demoras para obtener autorizaciones han permitido que sospechosos abandonen los inmuebles antes de que lleguen los equipos de investigación.
El diputado aseguró que el procedimiento no supondría una autorización irrestricta para la Policía. Según explicó, los allanamientos se realizarían mediante coordinación entre la Policía, la Fiscalía y jueces ejecutores, y posteriormente las actuaciones serían sometidas a convalidación ante los tribunales de la República.
“Cuando se esperan órdenes judiciales para realizar allanamientos, pueden pasar una o dos semanas y, cuando llega la autorización, estas personas ya se han esfumado. La reforma busca actuar de inmediato donde haya información sobre sus viviendas u operaciones y después someter el procedimiento a los tribunales”, manifestó Zambrano.
La iniciativa también pretende incorporar los tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 u otros grupos declarados terroristas como elementos probatorios para procesar a una persona por su presunta pertenencia a estas estructuras.
De acuerdo con el presidente del Congreso, la identificación tendría que estar respaldada por peritajes de técnicos de seguridad que determinen que los tatuajes están vinculados con esas organizaciones.
Zambrano afirmó que estos indicios permitirían avanzar en los procesos contra personas que, según las autoridades, pertenecerían a dichos grupos y que hasta ahora habrían quedado en libertad pese a existir sospechas en su contra.
El alcance jurídico de esta disposición dependerá del texto definitivo que se apruebe y de cómo se establezcan los requisitos probatorios y las garantías aplicables a cada caso.
“Con los tatuajes, de acuerdo con los peritajes de los técnicos de seguridad que determinen que son alusivos a estos grupos terroristas, se busca contar con prueba suficiente para procesarlos por terrorismo”, sostuvo.
Recursos incautados
De forma paralela, el Congreso prevé aprobar una reforma para utilizar recursos incautados en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, entre ellas la Policía Nacional, la Policía Militar, los organismos de inteligencia y la Agencia Nacional contra el Crimen.
La propuesta permitiría utilizar esos fondos aunque todavía no exista una sentencia de privación definitiva de dominio, bajo el aval de la Secretaría de Finanzas. Zambrano explicó que el Estado tendría que reponer los recursos conforme a la ley si posteriormente una persona o empresa afectada obtiene una resolución judicial favorable.
“Si el ciudadano o la empresa cuyos bienes fueron incautados obtiene una resolución a favor, el Estado va a reponer esos recursos conforme a la ley”, aseguró.
Sobre el calendario legislativo, Zambrano indicó que la reforma relacionada con el uso de los recursos incautados se esperaba someter a aprobación este lunes 12 de octubre, mientras que los cambios al Código Penal y al Código Procesal Penal continúan a la espera de la opinión de la CSJ. El Congreso tiene previsto sesionar lunes y martes en Tegucigalpa y miércoles en Danlí.
El titular del Legislativo sostuvo que la opinión de la Corte es ilustrativa y no vinculante, aunque reconoció que forma parte del procedimiento que se busca cumplir. Si el pronunciamiento no llega antes del miércoles, adelantó que el Congreso podría retomar la aprobación de la reforma penal en la siguiente sesión, prevista para el lunes siguiente.
“La opinión de la Corte es ilustrativa, no vinculante, pero es parte de reunir los procedimientos legales. Si su opinión es a favor o en contra, vamos a aprobar esta reforma, porque con la seguridad del pueblo hondureño no podemos jugar”, manifestó.
Además de endurecer las disposiciones contra las estructuras criminales, Zambrano anunció que el Congreso solicitará informes y rendición de cuentas a los organismos de seguridad y justicia. También advirtió que buscarán depurar a los funcionarios que tengan vínculos con estas organizaciones.
El presidente del Legislativo señaló que policías, militares, jueces o fiscales que colaboren con grupos terroristas deberán enfrentar acusaciones. Sin embargo, la responsabilidad penal de cualquier funcionario tendrá que determinarse mediante las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.
“Vamos a auditar, pedir informes, exigir cuentas y depurar. El policía, el militar, el juez o el fiscal que esté vinculado a estos grupos terroristas también será acusado, porque no vamos a permitir que los operadores de justicia estén coludidos con el crimen”, concluyó Zambrano.
Las medidas todavía están sujetas al trámite legislativo correspondiente.
Mientras el Congreso espera el pronunciamiento de la CSJ sobre las reformas penales, los alcances definitivos de las disposiciones dependerán del contenido que finalmente se someta a votación y de las garantías que se incorporen para su aplicación.
