Código penal
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Tegucigalpa, Honduras. -Los tatuajes alusivos a las maras y pandillas están en el centro de una nueva propuesta de reformas penales en Honduras.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció una serie de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que contemplan capturar y procesar a personas por tener tatuajes alusivos a maras y pandillas.
La propuesta forma parte de un paquete de medidas que también incluye restricciones a beneficios penitenciarios, cambios en los procedimientos de allanamiento y modificaciones a la Ley de Privación de Dominio.
Zambrano informó que el Poder Legislativo espera la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para avanzar con las reformas.
“Estos grupos criminales le han causado mucho daño al pueblo hondureño; son los culpables de muchas muertes en Honduras, han provocado mucho dolor en los últimos 30 años en el país -añadió- y han generado muertes, violaciones, sicariato, extorsiones y desplazamientos forzados”, declaró.
El titular del Legislativo sostuvo que las modificaciones buscan dotar a las instituciones de seguridad y justicia de herramientas legales para combatir a las estructuras criminales.
“Hoy las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal presentan varios cambios importantes”, afirmó.
Tatuajes y capturas
Uno de los puntos más sensibles de las reformas anunciadas es la posibilidad de capturar y procesar a personas por portar tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13), la pandilla 18 y otros grupos declarados terroristas.
Según Zambrano, la propuesta permitiría actuar contra personas que presenten este tipo de marcas, como parte de las medidas dirigidas a combatir las estructuras criminales.
En El Salvador, bajo el régimen de excepción implementado por Nayib Bukele, la portación de tatuajes alusivos a la MS-13 o al barrio 18 se ha convertido en una de las pruebas materiales más contundentes utilizadas por las autoridades para ejecutar capturas inmediatas.
En el marco de la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño, estas marcas en la piel -que históricamente denotaban jerarquía, lealtad y el historial delictivo de los pandilleros- son catalogadas penalmente como evidencia del delito de agrupaciones ilícitas, lo que faculta a la Policía Nacional Civil (PNC) a detener a los sospechosos de forma flagrante y trasladarlos a prisiones de máxima seguridad, sin que los intentos de alterar o cubrir los diseños con nueva tinta eximan a los portadores de ser procesados judicialmente.
Sin libertad condicional
Zambrano también adelantó que las reformas contemplan eliminar la libertad condicional y la preliberación para integrantes de grupos acusados de terrorismo o narcotráfico.
Aseguró que los cambios forman parte de una estrategia legislativa para endurecer las medidas contra las estructuras criminales y respaldar las acciones de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Entre las modificaciones anunciadas, además, figuran cambios en los procedimientos de captura y allanamiento, incluida la habilitación de días y horas para ejecutar estas diligencias.
Asimismo, mencionó la ampliación a 48 horas del plazo para presentar a los detenidos ante los tribunales.
El funcionario indicó que los cuerpos de seguridad podrían actuar acompañados por representantes del Ministerio Público y, posiblemente, por jueces ejecutores.
Añadió que las instituciones involucradas deberán rendir cuentas sobre sus actuaciones.
Zambrano aseguró que existe voluntad política en el Legislativo para respaldar al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y la Policía Militar.
“Vamos a dar todas las herramientas y todos los recursos, pero también vamos a pedir mano firme con operadores de justicia que estén vinculados a estos grupos; les va a caer todo el peso de la ley a los criminales y también a los funcionarios que estén ligados con esos grupos terroristas o criminales”, puntualizó.
Por otro lado, también anunció modificaciones a la Ley de Privación de Dominio, que, según explicó, permitirían utilizar recursos incautados sin que exista una sentencia condenatoria o una resolución firme de privación de dominio, con el aval de la Secretaría de Finanzas.
