Tegucigalpa, Honduras.- En una intensa jornada nocturna que se extendió desde las 7:45 de la noche hasta las 11:20 de la noche, el pleno del Congreso Nacional aprobó el dictamen que da vida a la Ley de Justicia Energética.
La iniciativa fue respaldada con una votación de 78 diputados, integrada por 49 votos de la bancada del Partido Nacional y 29 del Partido Liberal. El dictamen final incorporó de manera íntegra las propuestas construidas por la bancada liberal.
El texto legal aprobado contempla medidas de alivio directo a la ciudadanía, entre las que destaca el mantenimiento de subsidios para consumos de hasta 150 kilovatios hora, filtrado por parámetros de zonificación para excluir a sectores de alta plusvalía.
Asimismo, establece la condonación de deudas a usuarios que consuman hasta 250 kilovatios hora previa verificación técnica, la prohibición de contrataciones directas, la obligación de acudir a subastas inversas para la compra de potencia, el tratamiento de las energías renovables en un decreto separado y el compromiso de no incrementar la tarifa en los próximos seis meses.
Durante el debate, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) fundamentó su voto en contra señalando supuestas inconsistencias procesales en el trámite legislativo.
La representación del partido de oposición argumentó que la reestructuración corporativa bajo el Código de Comercio altera el fin social de la estatal y abre la puerta a un esquema de privatización del servicio.
"Hoy en nombre de la bancada del partido Libertad y Refundación comparecemos con la firme convicción de que debemos de defender lo que consideramos esencialmente necesario para el pueblo hondureño: la energía eléctrica como un derecho del pueblo hondureño y no un negocio", expresó Angélica Smith, diputada de Libre.
En respuesta a los señalamientos, la jefatura de la bancada del Partido Liberal rechazó categóricamente que la iniciativa encubra la enajenación del patrimonio del Estado.
Durante la discusión se remarcó que la propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de sus futuras subsidiarias operativas continuará perteneciendo en un 100% al Estado de Honduras, sin posibilidad de emitir acciones a favor de privados.
Para garantizar la intangibilidad patrimonial de la estatal, los redactores de la norma incorporaron un candado institucional de mayoría cualificada.
Con esta disposición se estableció que cualquier intento futuro por modificar la naturaleza pública de la ENEE o de sus empresas filiales requerirá de forma obligatoria el voto afirmativo de al menos 96 diputados en el Congreso Nacional.
"El Estado de Honduras será el propietario exclusivo del capital social de las sociedades subsidiarias por medio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en su condición de empresa matriz, la cual será la única accionista y titular del 100% de las acciones", dijo Jorge Cálix, jefe de bancada del Partido Liberal.
Adicionalmente, el decreto aprobado incluyó la obligatoriedad de que los futuros procesos de licitación pública contarán con la veeduría y acompañamiento de organismos de la sociedad civil especializados en transparencia y rendición de cuentas.
Con esta medida se busca erradicar las compras directas y frenar la suscripción de contratos sobrevalorados que han afectado históricamente a la institución.
Con la ratificación de las 64 páginas del dictamen, el Poder Legislativo concluyó la reestructuración del marco energético nacional.
La entrada en vigencia del nuevo ordenamiento legal facultará a la estatal eléctrica a implementar sus nuevas unidades operativas y estabilizar el costo de la factura para los consumidores.
