Del oscuro laberinto que encubre la operación del transporte público en el Distrito Central comienzan a asomar destellos de claridad.
Luego de la orden del presidente Juan Orlando Hernández de intervenir la Dirección General de Transporte (DGT) mediante la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), las cifras de anarquía en que durante años ha operado el rubro iniciaron a salir a la luz pública.
Negligencia administrativa, personal supernumerario, saturación de unidades ilegales, números de taxis y buses duplicados y anarquía extrema son solo parte del desastre en que está sumergida la operatividad del transporte público en el país.
Ingobernabilidad
El director de la DGT, Geovany Dubón, reveló que en el Distrito Central circulan más de 4,500 unidades de forma ilegal, entre buses, taxis, unidades ejecutivas y mototaxis.
En ese sentido, con el plan de reordenamiento que pidió el mandatario en el sector transporte, se estima que unos 2,000 buses ilegales, entre amarillos, rapiditos y microbuses que han invadido decenas de rutas establecidas por esta dirección en la capital, serán sacados de circulación.
A la lista entran 1,500 vehículos que funcionan como taxis (con duplicidad de número de registro) y más de 700 mototaxis que se adjudicaron la circulación y transporte de pasajeros sin autorización o legalización por parte del Estado.
Las autoridades de Seguridad y Transporte consideran que el “desorden organizado” se convirtió en el cómplice silencioso del sicariato, la extorsión y delincuencia común a bordo de las diferentes modalidades del servicio de transporte.
Dubón dejó al descubierto la existencia de 25 mil solicitudes de permisos de operación y renovación acumulados en las oficinas, por lo que según las consideraciones del funcionario, la mayoría del transporte público del país opera sin documentos.
“Las rutas legales no tienen el permiso por negligencia de la DGT, el 80 por ciento de las rutas no tiene documentos, hay una mora elevada y estamos trabajando para estar al día”, expresó.
El funcionario reveló que hay una duplicidad de números de buses y taxis sin control, en vista de que los dueños los alquilan hasta dos veces.
Al oscuro panorama de esta dirección se suma la contratación de más de 200 empleados que no tienen ningún tipo de funciones asignadas.
“Usted entra a las oficinas de la DGT y hay dos y hasta tres empleados sentados en el mismo escritorio”, pormenorizó.
Las medidas
La titánica labor de establecer un orden en la DGT y la operatividad del gremio no será una tarea fácil.
No obstante, la iniciativa del presidente de la República en materia de seguridad genera esperanza en usuarios, operadores y empresarios.
El mandatario ordenó revisar todas las rutas de transporte y se estableció un plazo de una semana a las autoridades de Seguridad y Transporte para que presenten un plan integral de seguridad.
La intervención en materia de seguridad está orientada al monitoreo satelital de las unidades, instalación de cámaras de video a lo interno y una saturación de policías y militares en estaciones, terminales y puntos de taxis.
El reordenamiento de rutas establece la circulación de buses, taxis y mototaxis de acuerdo a los parámetros de legalidad que la Ley de Transporte ya establece.
Además se anunció que en la función administrativa se trabaja en un proceso de agilización de trámites que hagan más expedito y eficiente la aprobación o la negación de permisos o licencias.
Además se anunció un proceso de reubicación de cada uno de los puestos asignados en los empleados de esta dependencia estatal.
“Hemos encontrado un desorden administrativo en la DGT, pero vamos a poner orden porque es un mandato directo de la población y del presidente de la República”, insistió Dubón.
Por su parte, autoridades de la Dirección Nacional de Tránsito (DNT) anunciaron el retiro de polarizado en los vidrios de unos 120 buses que circulan en la capital como un aporte a la seguridad del usuario.
Expectativas
Jorge López, presidente del Consejo Nacional del Transporte, abogó por la recuperación de la tranquilidad en que se trabajaba hace cinco años. “Es urgente sacar de circulación las unidades ilegales y a toda la competencia desleal que tiene sometido al gremio organizado en una situación económica crítica”, apuntó.
