Las pruebas de confianza que aplica la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policíal (DIECP) a los miembros de la Policía Nacional son ilegales porque violentan la Constitución de Honduras, aseguró hoy el asesor del Ministerio Público, Rigoberto Espinal Irías.
Según el Código Procesal Penal, estas acciones -enmarcadas en el proceso de depuración de la institución policial- son ilegales 'porque nadie está obligado a declarar en contra suya y (...) está prohibido utilizar métodos o técnicas que induzcan a una persona a reconocer algunos hechos', lo que en forma extrema es una torturas psicológicaa y de otro tipo.
Para Espinal Irías las pruebas de confianza contradicen lo que dice el Código Procesal Penal vigente y la Constitución de Honduras.
Al mismo tiempo, cuestionó que muchos miembros de la Policía hondureña han sido separados de la institución sin que se les haya seguido
el debido proceso que establece la ley.
“Hemos visto el despido masivo de unos 25 agentes de policías' a los que no se les observó el debido proceso, no se les siguió una verdadera audiencia de descargo 'y que no se respetaron sus garantías y las formalidades que la ley señala'.
En ese sentido, no dudó que 'los jueces condenarán el ingreso o el pago de una indemnización” a favor de estos elementos.
Hasta la fecha la DIECP ha realizado 145 pruebas de confianza a igual número de miembros de la institución armada, de los cuales han trascendido los resultados de 70 y faltan 75 por conocer.
La Secretaría de Seguridad tampoco ha dado a conocer el resultado de las 90 pruebas toxicológicas practicadas de forma sorpresiva a los elementos del Comando de Operaciones Especiales (Cobras).
Las pruebas de confianza comprenden un estudio socioeconómico, una evaluación psicológica, el polígrafo y la prueba de toxicología.
Con estas acciones se pretende seleccionar el personal que está apto para continuar prestando el servicio a la institución policial.
