Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras puso sobre la mesa la que podría convertirse en la reforma anticorrupción más amplia de los últimos años.
Lejos de limitarse a la creación del Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT), el Decreto Ejecutivo PCM-011-2026 plantea una reestructuración del sistema de prevención, investigación y sanción de la corrupción que obligaría a modificar leyes, fortalecer instituciones y cambiar la forma en que el Estado enfrenta este delito.
El decreto propone presentar ante el Congreso Nacional un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para fortalecer la persecución de los delitos de corrupción, lavado de activos y criminalidad organizada.
Entre los cambios figuran la incorporación de técnicas especiales de investigación, mecanismos de colaboración eficaz, justicia premial, el fortalecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el endurecimiento de las sanciones para funcionarios condenados.
No obstante, la estrategia también coloca al Ministerio Público en el centro de la reforma; el Ejecutivo plantea crear una Unidad Fiscal de Casos de Alta Complejidad especializada en corrupción y delitos económicos, con capacidades para realizar investigaciones financieras y patrimoniales, además de impulsar reformas para fortalecer la autonomía institucional de la Fiscalía y profesionalizar la selección de fiscales.
Ante la publicación del decreto, el analista Dennis Gómez señaló que cualquier nuevo ente anticorrupción que se cree en Honduras debe estar encabezado por personas "que dejen de lado los intereses políticos y actúen con independencia".
“Hoy estamos ante una nueva modalidad, esperando que no sea simplemente un efecto placebo dentro de las decisiones políticas que toman los partidos, ya sean de derecha o de izquierda”, expresó.
Gómez consideró que el hecho de que el presidente de la República, Nasry Asfura, designe a los integrantes de la comisión implica una alta responsabilidad para el Gobierno, que deberá demostrar con hechos su compromiso con el combate a la corrupción y afrontar los desafíos que enfrentan las instituciones encargadas de esa tarea.
“Que el presidente de la República elija a los miembros de la comisión tiene una condición: que el gobierno actual se comprometa verdaderamente a luchar contra la corrupción. No solo basta el compromiso, sino acciones concretas que permitan revertir esa condición y la percepción reflejada por Transparencia Internacional, que durante años ha evidenciado la falta de mayores avances”, explicó.
El Poder Judicial también forma parte de la propuesta
Mediante la reforma, el Gobierno busca ampliar el circuito judicial especializado en corrupción, fortalecer la carrera judicial y promover cambios en los mecanismos de selección de magistrados, siempre respetando la independencia constitucional de ese poder del Estado.
Otro de los ejes de la estrategia apunta a las contrataciones públicas, identificadas como uno de los principales focos de riesgo.
El plan contempla modernizar HonduCompras con herramientas de datos abiertos y alertas para detectar irregularidades, publicar contratos en tiempo real, transparentar la ejecución del gasto público y reforzar los mecanismos de auditoría y control ciudadano.
La propuesta incorpora medidas para transparentar el patrimonio de los funcionarios y prevenir conflictos de interés, así como una ley para proteger a denunciantes de corrupción mediante canales seguros y garantías institucionales. Además, plantea crear un Observatorio Ciudadano de Transparencia para dar seguimiento al cumplimiento de la estrategia.
Financiamiento político
El Ejecutivo propone tipificar como delito autónomo el financiamiento electoral ilícito, exigir que partidos y candidatos publiquen el origen de sus recursos durante las campañas y fortalecer los mecanismos de fiscalización con apoyo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y otras instituciones.
En este paquete de reformas aparece la creación del Comisionado Presidencial para la Transparencia, aunque el propio decreto aclara que esta figura no investigará delitos, no ejercerá funciones del Ministerio Público ni sustituirá a la Procuraduría General de la República; su papel será coordinar la estrategia nacional, articular a las instituciones involucradas y canalizar la cooperación internacional.
La estrategia contempla el Plan de Asistencia Técnica Internacional (PATI), donde expertos nacionales e internacionales apoyarían el fortalecimiento institucional y la transferencia de capacidades para combatir la corrupción, sin sustituir a las autoridades hondureñas.
Sin embargo, el éxito de la propuesta dependerá de factores políticos e institucionales que escapan al control del Poder Ejecutivo. La mayoría de las reformas legales requerirá la aprobación del Congreso Nacional, mientras que los cambios en el Ministerio Público y el Poder Judicial deberán desarrollarse dentro del marco de autonomía que la Constitución otorga a esas instituciones.
Con metas proyectadas hasta 2030, el Gobierno presenta una hoja de ruta que busca transformar el modelo anticorrupción del país. Más que crear un nuevo cargo dentro del Ejecutivo, el PCM-011-2026 plantea una reforma estructural cuyo alcance dependerá de la capacidad de construir consensos para aprobar las reformas legales e institucionales que propone.
Reforma de artículos
Entre las principales iniciativas figura la reforma de los artículos 414 al 417 del Código Procesal Penal, con el propósito de delimitar el alcance del procedimiento especial aplicable a altos funcionarios y sus efectos sobre los coimputados, fortaleciendo la seguridad jurídica y la eficiencia procesal.
Asimismo, el Ejecutivo propone fortalecer el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, con el fin de ampliar las sanciones para empresas involucradas en casos de corrupción, soborno transnacional, lavado de activos y otros delitos graves, en consonancia con los estándares internacionales.
Sumado a las reformas, la estrategia plantea una implementación en tres fases: una etapa de construcción institucional y transferencia de capacidades entre 2027 y 2028.
El abogado penal, Fernando González, explicó que las reformas a la ley podrían constituir una mejora a la lucha contra la corrupción en Honduras: "yo creo que las reformas penales son positivas porque los delitos sobre la administración pública están un poco suavizados, pues deberían tener más gente por corrupción que por lavado de activos", explicó el experto.
"Las reformas penales son positivas porque los delitos sobre la administración pública están un poco suavizados, pues deberían tener más gente por corrupción que por lavado de activos", explicó el experto.
No obstante, frente a un panorama de medidas anticorrupción, Gonzalez explicó que las instituciones del país deben implementar una cultura anticorrupción.
"Se debe crear una cultura anticorrupción en todas las instituciones, a medida sea más transparente, a medida que la institucionalidad reporte como maneja los dineros del Estado. Así, de manera paulatina, la corrupción va a ir disminuyendo", explicó.
Regulación
El decreto especifica que el primer año de ejecución será enfocado en impulsar reformas legales y políticas de alto impacto mediante una fase de consolidación. Al avanzar la ejecución de las medidas, 2029 y 2030 serán clave con la evaluación mediante estándares e indicadores internacionales.
De acuerdo con el documento, "el éxito del plan dependerá de la coordinación entre los distintos poderes e instituciones del Estado, el acompañamiento de organismos internacionales y la aprobación de un paquete de reformas por parte del Congreso Nacional".
Entre las principales iniciativas figura la reforma de los artículos 414 al 417 del Código Procesal Penal, con el propósito de delimitar el alcance del procedimiento especial aplicable a altos funcionarios y sus efectos sobre los coimputados, fortaleciendo la seguridad jurídica y la eficiencia procesal.
Asimismo, el Ejecutivo propone fortalecer el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, con el fin de ampliar las sanciones para empresas involucradas en casos de corrupción, soborno transnacional, lavado de activos y otros delitos graves, en consonancia con los estándares internacionales.
