Tres fiscalías serán absorbidas por la Fetccop tras reestructuración del MP

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público se prepara para reducir el número de dependencias investigativas especializadas, las cuales serán integradas a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).

Una fuente interna del Ministerio Público reveló a EL HERALDO que, tras finalizar el receso de medio año el próximo lunes 21 de julio, varias dependencias dejarán de operar de forma independiente.

Entre las unidades incorporadas a esta reingeniería están la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).

De acuerdo con las fuentes consultadas por este rotativo, la reducción de fiscalías responde a un proyecto heredado desde la administración del exfiscal general Johel Zelaya, separado mediante un juicio político por su interferencia en las elecciones, para "mejorar los procesos investigativos a nivel nacional".

Las primeras dependencias que serán intervenidas son herencia directa de tres procesos: la reestructuración de la Fiscalía de hace una década, aprobada mediante el Acuerdo FGR-011-2016; el convenio entre la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y el MP; y el plan de depuración policial.

La FEES-SJ, creada a inicios de 2016 como parte del Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía, tiene como función investigar y ejercer la acción penal contra jueces, magistrados, fiscales, defensores públicos y otros operadores de justicia señalados por la presunta comisión de delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones.

La UF-ADPOL surgió en 2016 como respuesta a la corrupción policial y al escándalo provocado por el involucramiento de altos jerarcas de la Policía en los asesinatos del zar antidrogas Julián Arístides González y del analista Alfredo Landaverde.

En ese sentido, esta unidad acompaña los procesos de investigación y judicialización de delitos atribuidos a miembros de la Policía Nacional, en especial aquellos vinculados con la corrupción y el crimen organizado.

Por su parte, la Uferco es un brazo fiscal constituido en 2020 tras la extinción de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), un órgano integrado en 2016 que contaba con el acompañamiento de expertos y especialistas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Como heredera de la Ufecic, la Uferco concentra las investigaciones sobre estructuras de corrupción de alto impacto que involucran a funcionarios públicos y particulares. Además, da seguimiento a casos impulsados originalmente por la ya desaparecida MACCIH.

Especialistas en materia de justicia y anticorrupción explicaron que diluir las fiscalías especializadas en la investigación de delitos cometidos por funcionarios podría ser "un arma de doble filo" para la impunidad y sistema de justicia en Honduras.

Alex Navas, exmiembro de la MACCIH, consideró que la reducción y fusión de fiscalías especializadas podría afectar el trabajo técnico-investigativo desarrollado durante los últimos años.

“Esto, en vez de fortalecer la lucha contra la corrupción, realmente viene a poner una alerta la funcionalidad del Ministerio Público, al final varios fiscales van a ser trasladados, van a ser movidos a otras fiscalías y todo el conocimiento, todo el aprendizaje técnico se podría diluir”, opinó.

Según Navas, la experiencia acumulada por los equipos especializados representa un componente importante para el desarrollo de investigaciones complejas relacionadas con corrupción, por lo que su redistribución podría tener consecuencias en el desempeño de esas unidades.

Asimismo, señaló que los cambios dentro de las unidades investigativas también podrían responder a intereses políticos heredados de administraciones anteriores del Ministerio Público.

“Limitar las acciones de Uferco y de fiscalías que vayan en el combate a la corrupción podría ser una forma de control que se puedan dar de forma política para mantener la impunidad en el país”, apuntó.

Sostuvo que las fiscalías especializadas no solo requieren una estructura administrativa propia, también "necesitan un respaldo institucional permanente para cumplir con su mandato".

A su criterio, las investigaciones por corrupción suelen involucrar a funcionarios con poder político, económico o influencia dentro del Estado, por lo que el trabajo de los fiscales debe estar acompañado por el apoyo de las máximas autoridades del Ministerio Público para evitar presiones o interferencias que puedan afectar el desarrollo de los casos.

Sin embargo, recordó que durante la vigencia de MACCIH, el acompañamiento internacional y el respaldo de las autoridades "permitieron consolidar capacidades técnicas que hicieron posible judicializar investigaciones complejas contra redes de corrupción".

Advirtió que ante la absorción de fiscalías, el Ministerio Público debería garantizar que el conocimiento especializado no se pierda y que los fiscales continúen contando con autonomía para investigar sin restricciones.

Aunque el Ministerio Público no ha transparentado cuántos fiscales conforman la FEES-SJ, la Uferco y la UF-ADPOL, para analistas, el principal desafío no será la reducción del número de fiscalías, sino el riesgo de que la concentración de unidades disminuya la especialización técnica especializada en investigaciones de corrupción, depuración policial y delitos cometidos por operadores de justicia.

Es decir, el principal impacto del cambio no radica únicamente en la reducción de la estructura administrativa, sino en la redistribución del capital humano que durante años se ha especializado en investigaciones específicas de corrupción, depuración policial y delitos atribuidos a operadores del sistema de justicia.

Las modificaciones en la estructuras fiscales comenzarán a ejecutarse después del receso vacacional, cuando las unidades involucradas pasen a integrarse formalmente a la Fetccop, en una reorganización que, según las fuentes institucionales, buscará mejorar los servicios investigativos a nivel nacional.