Policías están detrás de abusos, allanamientos ilegales y estructuras criminales

Tegucigalpa, Honduras.- El traslado de las funciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) encendió las alarmas en la sociedad, ya que expedientes judiciales y declaraciones revelan cómo agentes de estas unidades policiales se involucraron en actos delictivos y criminales.

La eliminación de la Dipampco —tras el asesinato de cinco agentes en Corinto, Omoa, Cortés, el 21 de mayo, cuando intentaban realizar un “quite” de droga ilegal, dinero y joyas de oro— abre el debate de una nueva depuración de toda la Policía, de acuerdo con expertos.

EL HERALDO Plus conoció que tras la depuración policial de 2016, alrededor de seis miembros separados, entre agentes y oficiales, regresaron a la Policía, unos por orden judicial y otros gracias a las influencias políticas. Uno de los recién reintegrado es el subcomisionado Francisco Leiva Gamoneda, quien ahora aparece como uno de los hombres de confianza del director policial Rigoberto Oseguera Mass.

Este caso, así como otros ocurridos en 2025, evidencia la necesidad de que el Estado retome lo más pronto posible el control sobre la idoneidad de los efectivos policiales, consideró el exmiembro de la Comisión Especial para la Depuración Policial, Omar Rivera, quien además advirtió que la falta de un proceso de depuración constante conduce al deterioro de la institución.

De acuerdo con la percepción de expertos en seguridad, una de las mayores amenazas que experimenta actualmente la sociedad hondureña proviene de los delincuentes con placa y con armas confiadas por el Estado. Esta impresión se refuerza con lo que dicen expedientes judiciales a los que tuvo acceso EL HERALDO Plus, donde se pueden leer declaraciones que detallan el comportamiento delictivo de varios agentes de la Policía.

EL HERALDO Plus conoció que algunos policías al verse descubiertos han acudido al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) donde han expuesto cómo comisarios, comisionados y altos funcionarios policiales los enviaron a delinquir.

De acuerdo con registros del Conadeh, atendieron unas 1,071 quejas vinculadas directamente con actuaciones de autoridades en el contexto del estado de excepción, que comprenden presuntas vulneraciones a derechos como libertad personal, integridad física, inviolabilidad del domicilio, debido proceso y protección judicial.

Entre las quejas contra miembros de la Policía figuran la pérdida de objetos personales durante allanamientos, daños a propiedad privada, allanamientos sin orden judicial, uso desproporcionado de la fuerza en allanamientos y aprehensiones, malos tratos e incumplimiento de garantías procesales e incluso abuso sexual.

A estos casos se suma el “quite” que intentaron realizar cinco agentes de la Dipampco en Corinto, donde perdieron la vida a manos de 150 miembros de la organización criminal de Heber Noé Argueta Zavala. Este caso no es el único.

En mayo de 2025, la Fiscalía logró que los jueces enviaran a la cárcel a seis de siete agentes del DPI que allanaron sin orden judicial la vivienda de un prestamista, ubicada en San Pedro Sula, robándose 14 millones de lempiras.

En los expedientes judiciales también consta cómo hay agentes que allanaron otras viviendas sin orden judicial, destruyeron portones, cámaras, muebles en búsqueda de botines, privaron de libertad a personas, las torturaron, implantaron pruebas, confeccionaron actas de vigilancia falsas, amenazaron a muerte a testigos y temerariamente se presentaron a las audiencias, donde bajo juramento, dieron declaraciones falsas.

Un patrón identificado es que los policías corruptos buscan personas con antecedentes penales para extorsionarlas, a quienes intimidan para que no los delaten y si no acceden a sus pretensiones los amenazan con colocarles pruebas. En los documentos se deja entrever una colusión, entre agentes de la desaparecida Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), llamada después Dipampco, y ahora División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas, adscrita a la DPI.

Expertos consultados por este equipo dijeron que la protección de los participantes en actos criminales es una constante. Condenaron que sus superiores solo los rotan a conveniencia. Este sistema de protección también favorece a parientes de altos comisionados, quienes se han visto involucrados en casos de corrupción y detenciones ilegales.

Incluso, fuentes que pidieron el anonimato denunciaron que agentes involucrados en la masacre ocurrida el 20 de junio de 2023 en la cárcel femenina de Támara, donde perecieron 46 privadas de libertad, gozaron de beneplácito institucional.

Fuentes del mismo ente policial, además, contaron que un grupo de hombres que el comisionado Cristian Nolasco requirió y desarmó el 29 de noviembre de 2024 en Catacamas, Olancho, fue liberado gracias a la intervención de un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad vinculado sentimentalmente a una mujer que es familia de integrantes del grupo delictivo capturado.

Y lo más reciente, según una segunda fuente policial, es que el asesinato del inspector Luis Fernando Hernández García, ocurrido el mayo de 2026 en Catacamas, es parte del daño interno. El crimen del oficial, en un operativo, estaría vinculado a un compañero del mismo cuerpo policial que mantiene nexos con un grupo mafioso local.

Sobre estos casos, la exsubsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, expresó que existen hechos que reflejan cómo la alta oficialidad protege a sus cuadros, incluso, cuando estos tienen vínculos comprobados con el crimen organizado. Ella, ha sido una de las voces más críticas en esta coyuntura, advirtiendo que cualquier proceso de reestructuración que no contemple una evaluación de confianza estricta será inútil.

A su parecer la infiltración del crimen organizado en las estructuras policiales no es un hecho aislado, sino una red delictiva que ha encontrado refugio en unidades especializadas.

Señaló que los cambios de nombre en unidades especializadas, como la reciente eliminación de la Dipampco y el traslado de sus funciones a la DPI, no solucionan el problema de la grave contaminación de sus agentes y oficiales. Ella planteó una intervención mucho más profunda que la simple reingeniería administrativa, pues los vicios internos han permeado todos los niveles policiales.

La exfuncionaria no cree en una autodepuración, pues hace suyo el lema que “policía no come policía”. La depuración no debe ser un proceso interno llevado a cabo por los mismos oficiales cuestionados, sino una labor coordinada y liderada por civiles con capacidad técnica y voluntad política inquebrantable, exigió.

Según Rivera, tras el proceso histórico de depuración iniciado en 2016 —en el cual fueron separados más de 6,000 agentes—, el impulso necesario para mantener una policía sin vicios se perdió, dando paso a una “actitud complaciente” durante los últimos años, lo que ha facilitado el resurgimiento de problemas estructurales, donde el Policía se vuelve delincuente o se colude con el crimen organizado.

Para Rivera, la depuración no puede ser un evento aislado, sino un ejercicio cotidiano dentro de la seguridad pública. En este sentido, calificó de “digno y plausible” que las autoridades actuales hayan intervenido tras los recientes hechos violentos en Corinto, en lugar de intentar ocultar la realidad; sin embargo, se mostró escéptico con el traslado de las funciones a la DPI.

Al abordar la problemática de los elementos corruptos, Rivera realizó una comparación con la seguridad privada, porque “es como que usted tiene un vigilante... y viene alguien y le dice: ‘oíme, ese vigilante que tenés ahí está denunciado por violación...’ ¿Qué hace usted? Lo saca inmediatamente porque si no pone en riesgo a su familia”.Bajo esta lógica, el exdepurador sostuvo que la simple sospecha de vínculos criminales es motivo suficiente para la separación inmediata de un agente o de un oficial.

Para limpiar la institución de las llamadas “manzanas podridas”, sugirió que la Secretaría de Seguridad trabaje conjuntamente con el Tribunal Superior de Cuentas, la Unidad de Inteligencia Financiera y los organismos de derechos humanos. Este esfuerzo coordinado es vital para detectar enriquecimientos ilícitos y transacciones atípicas que históricamente han sido ignoradas, aconsejó.

Advirtió sobre el peligro de la “permisibilidad” que históricamente ha caracterizado a los mandos policiales, donde en lugar de sancionar, se opta por trasladar a los elementos cuestionados entre las diferentes unidades territoriales.

El reto actual para las autoridades es romper con esas dinámicas del pasado, garantizando que el proceso de saneamiento sea “férreo” y no se limite a una maniobra administrativa, dijo.Rivera recordó que la confianza ciudadana es un activo que se pierde en la complacencia pero se recupera con acciones contundentes e inmediatas contra el delito interno.

Entre tanto, el abogado Germán Licona cree que la depuración policial, por sí sola, ha dejado de ser una solución efectiva para el sistema de seguridad. Considera que el enfoque debe trascender las instituciones individuales hacia un “proceso integral” que involucre a todos los operadores de justicia, incluyendo la Corte Suprema y el Ministerio Público.

"No le pidamos peras al olmo", sentenció el abogado al explicar por qué las intervenciones limitadas a una sola dirección suelen fracasar frente a la "podredumbre del sistema".

Destacó el fracaso en la persecución penal de los agentes depurados, quienes han logrado reintegrarse a la Policía al no existir sentencias firmes en su contra. "Debido a deficiencias en la estrategia procesal y la falta de acciones contundentes por parte del Ministerio Público, muchos oficiales separados han recuperado sus cargos", cuestionó.

Además, enfatizó que la impunidad ha sido favorecida por reformas legales hechas a la medida, como la modificación al delito de lavado de activos, el cual permitió que más de 600 personas, incluidos policías, militares y políticos, se beneficiaran y lograran su libertad.

Licona criticó que el sistema esté tan comprometido que las reformas penales parecen diseñadas para proteger a los actores del poder. "Aquí lo que vemos es que el sistema está podrido", afirmó, recordando que “mientras la clase política no dé el ejemplo la depuración policial será apenas un maquillaje superficial”.