Tegucigalpa, Honduras.- En una sesión decisiva programada para este lunes -18 de mayo-, el Congreso Nacional se apresta a ratificar un paquete de reformas al Código Penal y Procesal Penal que buscan combatir la logística financiera y tecnológica de las estructuras criminales.
La normativa, solicitada por la Secretaría de Seguridad, trasciende el castigo físico para enfocarse en la "mutación digital" del delito, estableciendo penas severas para quienes faciliten la estructura económica de las maras y pandillas, ya sea prestando cuentas bancarias o colaborando en la reinversión de dinero mal habido.
El núcleo de la reforma al artículo de extorsión establece que la responsabilidad penal ya no recaerá únicamente en quien ejecuta la amenaza directa, sino también en quienes participen en la cadena financiera mediante depósitos, transferencias o mecanismos asociados al lavado de activos.
Además, se cierran las puertas a los beneficios procesales, eliminando la posibilidad de aplicar el procedimiento abreviado para quienes sean acusados por este delito.
"Hemos agregado elementos nuevos porque ya no solo se va a perseguir al que deja un papelito, sino al que presta una cuenta para depositar el dinero, al que se presta para retirarlo o para reinvertir ese dinero mal habido; además, a quien sea acusado por extorsión no le será aplicable el procedimiento abreviado", detalló Marcos Paz, diputado y presidente de la Comisión de Seguridad.
Uno de los cambios más drásticos impactará a las empresas de telecomunicaciones y servicios de internet. Ante el uso masivo de identidades falsas para coordinar crímenes, la ley obligará a un registro minucioso y verificable de cada cliente.
Asimismo, se establecen plazos perentorios para que las empresas colaboren con la justicia: las compañías telefónicas tendrán apenas 24 horas para remitir información sobre intervenciones solicitadas por jueces, mientras que el sistema bancario dispondrá de solo 10 días para entregar reportes financieros.
Esta celeridad busca frenar la pérdida de rastro en las billeteras electrónicas, que actualmente se han convertido en el refugio predilecto de los extorsionadores debido a la facilidad para abrirlas con documentos de identidad ajenos.
"Hay que ser más estrictos porque el rastreo del dinero se pierde fácilmente en una billetera electrónica; las empresas deben tener muy bien identificados a sus clientes para que Juan Pérez no use la identidad de Juana Reyes", advirtió el legislador Paz.
Colaboración eficaz
Para desarticular las cúpulas de estas organizaciones, que será denominadas oficialmente como estructuras terroristas, la reforma introduce con mayor claridad la figura del "colaborador eficaz".
Bajo esta modalidad, aquel integrante de una banda criminal que brinde información real para desmantelar la estructura podrá recibir una reducción de hasta dos tercios de su condena.
Esta estrategia se complementa con una reforma al Código Procesal Penal para fortalecer la protección de testigos y víctimas, otorgándoles blindaje judicial para incentivar la denuncia ciudadana.
"Es importante brindarle a las víctimas una protección judicial para que se vuelva más confiable el poder denunciar; queremos que los cuerpos de inteligencia, el Ministerio Público y el Poder Judicial tengan las herramientas para actuar inmediatamente", puntualizó el presidente de la comisión.
La reforma también endurece las penas para quienes utilicen indumentaria militar o policial para cometer delitos, una táctica recurrente de las estructuras criminales para confundir a la población y a las autoridades.
Con estas modificaciones, el Estado busca actualizar una legislación que se había quedado rezagada frente al avance tecnológico de la delincuencia organizada en 2025.
Expertos legales coinciden en que estas medidas representan el arsenal jurídico más completo de la última década.
Al combinar el aumento de multas, la tipificación de terrorismo y el control sobre el flujo de dinero digital, el Congreso Nacional apuesta por una estrategia de "asfixia total" que facilite el trabajo de los entes de seguridad en el combate frontal contra la extorsión a partir de este 2026.
