Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitará al Congreso Nacional una partida presupuestaria para cumplir con las reformas que obligan a ese poder del Estado a crear juzgados especializados en femicidios.
Según el magistrado de la CSJ, Mario Díaz, la principal dificultad para poner en marcha la reforma es la falta de recursos económicos, ya que la creación de estos circuitos especializados implica nuevos nombramientos de juezas y personal judicial.
"Tenemos varios temas que están pendientes en pleno de magistrados; uno es el que tiene que ver con el cumplimiento del decreto que aprobó el Congreso Nacional en relación con los feminicidios, donde se aprobó el aumento de las penas, y aprobó al Poder Judicial para nombrar a mujeres en los tribunales de sentencia para que conozcan estos asuntos”, explicó.
Sin embargo, ante las reformas aprobadas por el Poder Legislativo, el funcionario judicial aseguró que es necesario implementar juzgados especializados en femicidios, los cuales necesitarán personal y espacios a nivel nacional.
“Nosotros no tenemos juzgados especializados en femicidios entonces habrá que crear esa nueva figura, y evidentemente, aquí tenemos un pequeño problema y lo digo, que es el tema de presupuesto; necesitamos hacer nombramientos nuevos, necesitamos más presupuesto y ojalá que el Congreso Nacional, que todavía puede destinar una partida presupuestaria para tal efecto, lo haga", manifestó.
Mecanismos
De forma paralela, indicó que la implementación de los nuevos órganos especializados requerirá un proceso interno para definir cómo se realizarán los nombramientos de personal, y qué instancia será la encargada de ejecutar las disposiciones aprobadas.
"Las fiscalías son un tema que tenemos que resolver de manera interna y externa, si fuese posible. Eso es una tarea inmediata que tenemos que cumplir porque ya es la ley aprobada y es de cumplimiento obligatorio para nosotros”.
Reformas
Las reformas aprobadas por el Congreso Nacional el 8 de junio reforman los artículos 66, 208 y 210 del Código Penal vigente, estableciendo penas de 40 a 60 años de prisión para quienes cometan el delito de femicidio.
Además del incremento de las sanciones, el decreto ordena a la Corte Suprema de Justicia crear juzgados, tribunales y demás instancias especializadas con competencia territorial nacional para conocer los casos de femicidio y otros delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.
La normativa también dispone que el Poder Judicial deberá definir las sedes donde funcionarán estos órganos especializados y emitir, en un plazo máximo de 90 días hábiles, el acuerdo que regulará su funcionamiento, integración, competencias y el nombramiento de juezas y personal auxiliar.
Con la entrada en vigor de estas reformas, la CSJ deberá adoptar las decisiones administrativas y presupuestarias necesarias para poner en funcionamiento la nueva estructura judicial, para lo cual prevé solicitar al Congreso Nacional los recursos adicionales que permitan cumplir con las obligaciones establecidas en la ley.
