Tegucigalpa, Honduras.-La muerte violenta de la enfermera Elvia Mercedes Gómez, encontrada sin vida dentro de su vivienda en la colonia Santa Fe de San Manuel, Cortés, no solo ha provocado consternación entre familiares, vecinos y compañeros de trabajo, sino que también ha vuelto a exponer una realidad que sigue golpeando a Honduras: la persistente violencia contra las mujeres y la sensación de impunidad que rodea muchos de estos casos.
Mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el crimen y capturar al principal sospechoso, que es su pareja, el hecho ocurre en un momento en que el país discute profundas reformas legales destinadas a endurecer las penas por femicidio y fortalecer la capacidad del sistema de justicia para responder a estos delitos.
El asesinato de Gómez se suma a una larga lista de muertes violentas de mujeres que cada año conmocionan a la sociedad.
Ante esa realidad, el Congreso Nacional impulsa una reforma al Código Penal que no solo endurece las penas por femicidio, sino que también plantea la creación de órganos jurisdiccionales especializados para conocer estos delitos.
La iniciativa, que reforma los artículos 66, 208 y 210 del Código Penal, introduce cambios significativos en la forma en que el Estado enfrentaría los crímenes contra las mujeres.
Entre ellos destaca el aumento de las condenas y la creación de una estructura judicial especializada con competencia nacional para investigar y juzgar los casos de femicidio y otras formas de violencia de género. Uno de los cambios más importantes está contenido en el artículo 208.
La propuesta establece que el delito de femicidio será castigado con penas de entre 25 y 30 años de prisión. Sin embargo, cuando concurran circunstancias agravantes, las condenas podrían elevarse a entre 30 y 40 años de cárcel.
Actualmente, el Código Penal establece penas de entre 20 y 25 años de prisión para el femicidio simple y de 25 a 30 años para el femicidio agravado. Además, en determinados casos las penas podrían incrementarse aún más mediante la aplicación de otros preceptos del Código Penal.
Las agravantes incluyen situaciones especialmente graves, como que el crimen haya estado precedido por delitos sexuales, actos de tortura, privación ilegal de libertad o intentos de ocultar una agresión sexual.
En esos escenarios, la sanción se incrementaría en una cuarta parte, reflejando la intención del legislador de castigar con mayor severidad los hechos que evidencien niveles extremos de violencia contra la víctima.
La reforma también incorpora una definición más amplia de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, elemento fundamental para determinar cuándo un asesinato constituye femicidio.
Otro de los cambios relevantes se encuentra en el artículo 66 del Código Penal. La reforma propone que, en casos de delitos contra la vida cometidos en contextos de violencia de género o en delitos de especial gravedad como secuestros que culminen con la muerte de la víctima, el cumplimiento efectivo de las penas acumuladas pueda alcanzar hasta 60 años de prisión.
Conductas
El artículo 210 establece que estas relaciones pueden manifestarse mediante conductas de control sobre la autonomía de la mujer, violencia psicológica, humillaciones, imposición de roles tradicionales de género o comportamientos posesivos derivados de la creencia de propiedad sobre la víctima.
Asimismo, reconoce diversas formas de vulnerabilidad que pueden ser aprovechadas por los agresores. Entre ellas figuran la dependencia económica, las relaciones jerárquicas en ámbitos laborales o educativos, las condiciones de discapacidad, la situación migratoria, el aislamiento social y factores vinculados a la edad o a la pertenencia a pueblos históricamente excluidos.
La propuesta busca que estas circunstancias sean tomadas en cuenta por los operadores de justicia al momento de analizar cada caso.
Juzgados
Pero el proyecto va más allá del endurecimiento de las penas. Una de sus principales apuestas es atacar la impunidad mediante la creación de órganos jurisdiccionales especializados para el juzgamiento de los femicidios.
La iniciativa ordena a la Corte Suprema de Justicia crear juzgados, tribunales y demás instancias especializadas con competencia territorial nacional para conocer estos delitos y otros relacionados con la violencia contra las mujeres.
La propuesta establece que la Corte Suprema deberá definir las sedes de estos órganos y emitir, en un plazo máximo de 90 días hábiles, el acuerdo que regule su funcionamiento, integración, competencias y el nombramiento de juezas y personal auxiliar.
La intención es contar con operadores de justicia capacitados específicamente en materia de violencia de género y garantizar una atención más especializada a las víctimas y sus familias.
La creación de tribunales especializados busca precisamente responder a esa problemática.La iniciativa ayer pasó en su primer debate en el seno del Poder Legislativo.
Voces
No obstante, el debate ha ido más allá de la discusión jurídica. Durante el análisis de las reformas, distintas voces han insistido en que el endurecimiento de las penas, aunque necesario, no resolverá por sí solo una problemática profundamente arraigada en la sociedad.
La diputada liberal Valeska Valenzuela expresó que la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles tan alarmantes que existe el riesgo de que la sociedad comience a verla como algo cotidiano.
“Es tan grave esta muerte que hoy en día se está volviendo algo normal, pero también debemos ser claros: no todo se resuelve castigando más duro. La realidad es que el simple hecho de aumentar las penas no siempre evita que se cometan los delitos”, manifestó la congresista.
Por su parte, la defensora de los derechos de las mujeres, Honorina Rodríguez, respaldó las reformas al señalar que el actual Código Penal redujo castigos para diversos delitos relacionados con la violencia de género, situación que considera necesario corregir.
“Subir la pena, si bien es cierto, no es la solución total, pero contribuye a disuadir un poco”, afirmó.
La defensora advirtió además que uno de los mayores obstáculos sigue siendo la lentitud del sistema judicial.
