Más de 2,900 mujeres fueron asesinadas en siete años en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La incertidumbre que rodeó la desaparición de Cinthia Melissa Hernández Cruz, de 18 años, mantuvo en vilo a sus familiares desde el pasado 22 de junio, cuando denunciaron ante las autoridades que la joven había desaparecido sin dejar rastro.

Con el paso de los días, la esperanza de encontrarla con vida comenzó a desvanecerse. La búsqueda terminó de la peor manera el pasado 1 de julio; el cuerpo de Cinthia fue hallado semienterrado en el patio de su propia vivienda, un descubrimiento que puso fin a días de incertidumbre y convirtió su desaparición en un nuevo crimen contra una mujer en Honduras.

Pero el caso de Cinthia no es un hecho aislado. Entre el 1 de enero de 2019 y el 16 de junio de 2026, al menos 2,904 mujeres fueron asesinadas en Honduras, de acuerdo con datos del Ministerio Público obtenidos por EL HERALDO mediante la solicitud de información SOL-MP-3567-2026.

Las cifras revelan que la violencia letal contra las mujeres se concentra principalmente en Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Comayagua, departamentos que acumulan la mayor parte de los homicidios registrados durante ese período.

Por ejemplo, Cortés encabeza la lista con 542 muertes violentas de mujeres en los últimos siete años, seguido de Francisco Morazán con 526. Ambos departamentos, que albergan las dos ciudades más pobladas del país, acumulan en conjunto 1,068 víctimas, lo que representa el 37% de los 2,904 casos registrados a nivel nacional durante el período analizado.

A ellos se suman Olancho, con 270 casos; Atlántida, con 208; y Comayagua, con 200, lo que evidencia que, en promedio, cerca de seis de cada diez muertes violentas de mujeres registradas en Honduras se concentran en la zona centro y norte del país.

Aunque los datos analizados por este rotativo evidencian que la violencia contra las mujeres está presente en casi todo el territorio nacional, los registros muestran una marcada concentración en los municipios con mayor densidad poblacional.

El Distrito Central encabeza la lista con 441 víctimas, seguido por San Pedro Sula (252), La Ceiba (109), Catacamas (98), Choloma (91), Comayagua (79), Puerto Cortés (72), Choluteca (61), Juticalpa (61) y Danlí (60).

Aunque los registros permiten identificar los municipios con mayor incidencia, 193 muertes violentas de mujeres quedaron sin una localización precisa, debido a que los registros oficiales no lograron consignar el lugar donde ocurrieron los crímenes.

Entre ellos podrían figurar municipios que, además de concentrar una importante actividad económica y urbana, acumulan buena parte de las muertes violentas registradas durante el período analizado.

Ante una incidencia que se focaliza en 220 de los 298 municipios del país, Lara Bohórquez, coordinadora del Programa de Investigación y Comunicación Feminista del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), explicó que las zonas urbanas concentran la mayor cantidad de casos debido a la densidad poblacional de las principales ciudades.

Sin embargo, la experta señaló que, si bien la concentración poblacional influye en el número de muertes registradas, el constante proceso de urbanización también genera dinámicas particulares de violencia que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres frente a los asesinatos.

"El asesinato de mujeres en los espacios urbanos presenta características comunes. Generalmente, las víctimas son mujeres jóvenes que se encuentran en espacios públicos, donde sus cuerpos son expuestos. Este fenómeno está más relacionado con el crimen organizado, pero también responde a que las ciudades concentran una mayor población”, explicó.

Un caso que refleja este patrón ocurrió el pasado 20 de junio, cuando el cuerpo de Amy Elizabeth Núñez fue encontrado en la colonia Perpetuo Socorro, de Comayagüela.

Amy vestía un pantalón de mezclilla azul con rayas blancas, una camisa negra de manga larga y calcetines del mismo color. Las autoridades identificaron que la joven sostenía restos de cuero cabelludo que, de acuerdo con las primeras indagaciones, podrían pertenecer a su agresor.

Según las autoridades, esa evidencia podría convertirse en una pieza clave para las diligencias forenses y la identificación del responsable del asesinato de la joven.

Así como Amy y Cinthia, las estadísticas muestran que la mayor incidencia de muertes violentas corresponde a mujeres de entre 20 y 39 años.

No obstante, el punto más crítico se ubica a los 25 años, con 69 víctimas en los últimos años, seguido por las mujeres de 20 y 21 años, con 61 y 60 casos, respectivamente.Las cifras también revelan un riesgo que comienza mucho antes de la adultez.

Aunque los registros de niñas son menores, la violencia está presente desde los cinco años y aumenta de forma sostenida durante la adolescencia. A los 16 años ya se contabilizan 44 víctimas, una tendencia que continúa en ascenso hasta alcanzar sus niveles más altos durante la juventud.Más allá de los números, los casos reflejan una realidad persistente: las principales víctimas son mujeres jóvenes.

Esta situación no solo expone la magnitud del problema, sino que también evidencia los desafíos para las instituciones encargadas de impartir justicia, al demostrar que las estrategias de prevención y protección deben enfocarse en la población con mayor riesgo de ser víctima de este tipo de delitos.

Frente a ese panorama, Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), aseguró que la respuesta del Estado frente a los asesinatos de mujeres debe ir más allá de reaccionar ante los crímenes y enfocarse en la prevención, la investigación y la judicialización.

“Uno de los temas que necesita el Estado es articular las instituciones para tener datos cuantificables y verificables. Lo que necesitamos es reducir la impunidad, que sigue siendo un desafío pendiente en el país”, explicó.

Asimismo, la directora señaló que las instituciones de seguridad deben fortalecer las políticas públicas en materia de prevención. “Necesitamos enseñarles a los niños y a las niñas que la violencia es una conducta aprendida y que, por lo tanto, puede prevenirse”.

Los registros reflejan que la mayoría de las muertes violentas de mujeres son investigadas bajo la figura de homicidio, delito que concentra 2,202, seguido de 382 asesinatos, 214 femicidios, 103 parricidios —delito que consiste en causar la muerte de un ascendiente, descendiente, cónyuge o persona con la que existe un vínculo familiar o de convivencia— y apenas tres magnicidios.

De manera colectiva, representantes de organizaciones de derechos de las mujeres consultadas por EL HERALDO cuestionaron el trabajo investigativo de las autoridades y señalaron que el Ministerio Público "no profundiza en las circunstancias que rodean muchos de estos crímenes".

Según las defensoras, esta falta de investigación provoca que numerosos casos sean tipificados como homicidios, cuando por sus características podrían encuadrarse como femicidios, lo que invisibiliza la dimensión de la violencia de género en el país.

Pese a las variaciones registradas cada año, datos del fiscalía evidencian que la violencia letal contra las mujeres se ha mantenido como una constante en Honduras durante los últimos siete años.

Entre 2019 y el 16 de junio de 2026, la institución contabilizó 2,904 muertes violentas de mujeres, un promedio superior a 360 casos por año. El comportamiento de los registros revela un incremento sostenido entre 2020 y 2022.

Después de reportar 284 casos en 2020, la cifra aumentó a 440 en 2021 y alcanzó su punto más alto en 2022, con 481 víctimas, lo que representa un incremento del 69% en apenas dos años. Ese período se consolidó como el más violento para las mujeres.

A partir de 2023, los registros comenzaron a mostrar una reducción gradual. Ese año cerró con 422 casos, mientras que en 2024 se documentaron 400 y en 2025 otros 366. Sin embargo, la disminución no representa una caída significativa del fenómeno, ya que las estadísticas continúan reflejando que, en promedio, más de una mujer perdió la vida de forma violenta cada día.

Cabe destacar que los datos correspondientes a 2026 aún son preliminares. Hasta el 16 de junio, el Ministerio Público había contabilizado 135 muertes violentas de mujeres, una cifra que, según expertos, genera preocupación y podría incrementarse conforme avance el año.

Para Cristina Alvarado, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, el aumento sostenido de las muertes violentas de mujeres y los feminicidios evidencia una crisis que el Estado aún no ha enfrentado con la urgencia que demanda.

La defensora de derechos humanos sostuvo que, pese a los reiterados llamados de las organizaciones feministas, las autoridades no han declarado una emergencia nacional que permita articular una respuesta integral frente a un fenómeno que continúa cobrando la vida de cientos de mujeres.

Alvarado considera que la situación responde, en parte, a la falta de voluntad política y a la instrumentalización de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las mujeres, ya que, a su juicio, “la politización de estos organismos debilita su capacidad de respuesta e impide la implementación de políticas públicas para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia”.