Tegucigalpa, Honduras.- El exjuez Marco Antonio Vallecillo solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un reintegro al Poder Judicial, luego de un recurso de amparo que dejó sin efecto las actuaciones en su proceso penal que lo acusan por presunta corrupción.
El abogado defensor, Marlon Arévalo, explicó que presentó una gestión ante el máximo tribunal para que se establezca oficialmente la condición laboral de Vallecillo, ya que a su criterio, el fallo de la Sala de lo Constitucional atrasó el proceso del caso, por lo que corresponde aclarar el estatus de Vallecillo dentro del Poder Judicial.
Arévalo argumentó que en el expediente personal de Vallecillo no existe una carta de despido ni un documento que formalice su suspensión, por lo que considera que no existe impedimento para que vuelva a ejercer el cargo.
"Nosotros no estamos pidiendo un reintegro porque nunca fue despedido. Lo único que estamos solicitando es que se determine cuál es su condición laboral y que pueda regresar a ejercer sus funciones", sostuvo Arévalo.
Medidas
Tras el fallo de la Sala de lo Constitucional, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción modificó las medidas cautelares impuestas a Marco Antonio Vallecillo.
Entre las nuevas disposiciones figura el sometimiento a la vigilancia de su cuerpo de abogados, medida que sustituyó la prisión preventiva que cumplía el exjuez.
La defensa sostiene que, al quedar anuladas las actuaciones del proceso mediante el amparo, la situación jurídica de Vallecillo debe regresar al estado en que se encontraba antes del inicio de la causa, por lo que considera que la Corte Suprema de Justicia debe definir su condición laboral conforme a los alcances de la resolución constitucional.
Sobre el caso
Marco Antonio Vallecillo fue procesado por el Ministerio Público por su presunta participación en un caso de corrupción. Según el requerimiento fiscal, el entonces juez habría solicitado una suma de dinero a cambio de favorecer a un imputado con un cambio de la medida de prisión preventiva.
Como parte del proceso, se le dictó prisión preventiva, sin embargo, la Sala de lo Constitucional le otorgó un recurso de amparo al determinar que durante el desarrollo del proceso se vulneró su derecho al debido proceso, decisión que dejó sin efecto las actuaciones judiciales y dio paso a la modificación de las medidas cautelares impuestas en su contra.
