Tegucigalpa, Honduras.-El Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió otorgar un cambio de medidas cautelares a favor del exjuez Marco Antonio Vallecillo, luego de un fallo de la Sala de lo Constitucional que concluyó que se vulneró su derecho al debido proceso.
Entre las medidas cautelares impuestas figuran el sometimiento a la vigilancia de su cuerpo de abogados; la obligación de presentarse a firmar una vez por semana ante la autoridad judicial; la prohibición de salir del país; la prestación de una caución de un millón de lempiras, así como la prohibición de acudir a determinados lugares y de comunicarse con los demás coimputados.
La determinación judicial se deriva de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional dentro del expediente SCO-1402-2024, mediante la cual se concedió un recurso de amparo presentado por la defensa del exfuncionario y se dejó sin efecto la resolución de la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional que había confirmado la prisión preventiva.
En su fallo, la Sala ordenó a la Corte de Apelaciones emitir una nueva resolución debidamente motivada, al considerar que el tribunal de alzada no respondió aspectos fundamentales planteados por la defensa de Vallecillo.
Entre ellos, los magistrados señalaron que la Corte de Apelaciones no analizó si correspondía aplicar la figura del antejuicio, garantía procesal prevista para jueces y magistrados cuando los hechos investigados guardan relación con el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, concluyeron que el tribunal omitió pronunciarse sobre la posibilidad de sustituir la prisión preventiva por una caución económica u otra medida cautelar menos gravosa.
Según la Sala de lo Constitucional, esas omisiones vulneraron el derecho al debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la libertad personal del exjuez.
Tras la resolución constitucional, el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional resolvió modificar las medidas cautelares impuestas a Vallecillo, quien enfrenta un proceso penal por el presunto delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
La investigación del Ministerio Público se originó a raíz de una denuncia relacionada con supuestas exigencias económicas para favorecer una resolución judicial.
No obstante, la Sala de lo Constitucional aclaró que el recurso de amparo no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia del exjuez ni deja sin efecto la acusación presentada por el Ministerio Público, sino que se limita a determinar si durante el proceso se respetaron las garantías constitucionales.
Con esta decisión, la causa penal contra Vallecillo continúa vigente y corresponderá a la Corte de Apelaciones emitir una nueva resolución en la que analice expresamente los argumentos relacionados con el antejuicio y la procedencia de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, conforme a los criterios establecidos por la Sala de lo Constitucional.
