Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) advirtió sobre la difícil situación que enfrenta el Ministerio Público ante la escasez de recurso humano, una problemática que, según denunciaron, está provocando retrasos en las investigaciones y en la atención de denuncias ciudadanas.
Durante una entrevista con el noticiario TN5 Matutino, Diana Elvir, presidenta de la AFH, detalló que actualmente el país cuenta con 760 fiscales a nivel nacional, una cantidad que equivale a un fiscal por cada 13,900 habitantes.
Según la dirigente, dicha escasez de personal ha incrementado considerablemente la carga de trabajo para los fiscales, quienes deben encargarse de investigaciones, procesos judiciales, turnos para levantamientos cadavéricos y distintas tareas administrativas.
"Esa situación va provocando que los trabajos vayan siendo debilitados, se vayan retrasando y que no podamos dar una respuesta como la ciudadanía se lo merece", explicó Elvir.
La presidenta de la Asociación agregó que los fiscales enfrentan una "sobrecarga laboral inmensa" y que la salida de cada compañero incrementa todavía más las responsabilidades de quienes permanecen en la institución.
Piden incrementar presupuesto para contratar fiscales
La Asociación solicitó al Congreso Nacional aprobar un presupuesto que permita reforzar las capacidades del Ministerio Público y cumplir con la asignación establecida para la institución.
"Necesitamos que el Congreso Nacional fortalezca la institución para que se pueda proceder a la contratación de más fiscales", señaló Elvir.
De igual manera, la organización planteó que cualquier incremento presupuestario sea destinado a mejorar las condiciones salariales y los recursos logísticos de los fiscales, además de iniciar con carácter urgente los procesos de selección y contratación de al menos 200 nuevos fiscales.
Finalmente, la organización insistió en que el fortalecimiento presupuestario del Ministerio Público no debe verse únicamente como una necesidad institucional, sino como una medida necesaria para garantizar los derechos de las víctimas y mejorar la respuesta del sistema de justicia.
