Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomas Zambrano, anunció este lunes 18 de mayo una cargada agenda legislativa que prioriza el combate frontal a la criminalidad organizada.
El titular del Legislativo confirmó que esta semana el foco central serán las reformas al Código Penal y Procesal Penal, un proyecto trabajado en conjunto con la Comisión de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional para dar respuesta rápida al flagelo de la delincuencia.
La propuesta, remitida por el presidente Nasry Asfura, surge ante una realidad que Zambrano calificó como crítica debido al descuido en la lucha contra maras y pandillas en años anteriores.
Según el jefe del Legislativo, la extorsión ha mutado y se ha expandido hacia departamentos del interior del país que históricamente eran pacíficos, afectando hoy a sectores importantes de la economía como el transporte, los mercados y los pequeños emprendedores.
“Hay cinco grupos criminales que le cobran cinco diferentes impuestos de guerra a una empresa y uno saca cuentas cómo va a sobrevivir esta gente”, cuestionó Zambrano.
Ante esta crisis, el Congreso Nacional se dispone a aprobar la creación de una fuerza integrada denominada Agencia Nacional contra el Crimen.
Este nuevo ente aglutinará a todos los organismos de seguridad, investigación e inteligencia para unificar la planificación y coordinación de la lucha frontal, evitando la dispersión de esfuerzos y permitiendo una ejecución más efectiva de las saturaciones en los sectores identificados como los más peligrosos del territorio hondureño.
Como complemento a la operatividad, el Legislativo autorizará al Poder Ejecutivo la búsqueda de financiamiento, créditos o bonos para la construcción de nuevos centros penales en el país.
Zambrano subrayó que los recintos actuales, aunque construidos en gestiones anteriores, ya sufren de sobrepoblación, por lo que es imperativo edificar nuevas cárceles que permitan separar estrictamente a los miembros de maras del resto de la población privada de libertad.
“Se le va a autorizar al Poder Ejecutivo que pueda buscar financiamiento, créditos, préstamos, bonos para la construcción de nuevas cárceles”, señaló el presidente del Congreso.
Asimismo, el decreto establecerá una autorización formal para que las Fuerzas Armadas intervengan directamente en tareas de seguridad ciudadana en barrios y colonias, coordinando sus labores con la Policía Nacional.
Esta medida busca dar respuesta al clamor de la población que exige una presencia militar activa ante la violencia, cumpliendo con la atribución constitucional que permite la intervención de los militares cuando la Secretaría de Seguridad así lo requiera.
Zambrano enfatizó que la sesión para debatir estas reformas será a puerta abierta, rechazando cualquier intención de secretismo sobre un tema que afecta a toda la ciudadanía.
El parlamentario espera el respaldo unánime de todas las bancadas, argumentando que no debería existir oposición bajo la excusa de derechos humanos de los delincuentes, especialmente cuando se trata de declarar a estos grupos criminales como terroristas para frenar el terror que imponen a la población.
Este paquete de reformas se integra a la estrategia de seguridad que busca no solo incrementar las penas, sino agilizar los procesos judiciales contra la extorsión.
Entre los puntos que ya se han venido trabajando destacan la tipificación de asociaciones terroristas para las maras y pandillas, la posibilidad de cadena perpetua en casos agravados de extorsión y la persecución penal contra toda la red logística, incluyendo a quienes faciliten cuentas bancarias o billeteras digitales para el cobro del "impuesto de guerra".
