Tegucigalpa, Honduras.- Ante el alarmante registro de 76 mujeres asesinadas en lo que va de 2026, el Congreso Nacional recibió una propuesta de reforma al Código Penal orientada a endurecer las sanciones contra el delito de femicidio en Honduras.
La iniciativa plantea aumentar la pena base de 30 a 40 años de reclusión e introducir la prisión perpetua revisable en casos agravados, como crímenes con ensañamiento, violencia sexual previa o cuando el asesinato ocurra frente a los hijos de la víctima.
La reforma al artículo 208 del Código Penal también eliminaría beneficios penitenciarios para los condenados por femicidio, quienes no podrían acceder a libertad condicional, conmutación de pena, amnistía ni indulto.
De aprobarse, los sentenciados por femicidio no podrán acceder a libertad condicional, conmutación de pena, amnistía ni indulto.
Asimismo, el proyecto propone declarar el delito imprescriptible, permitiendo que el Estado persiga judicialmente a los responsables sin límite de tiempo.
"Queremos elevar este delito de 30 a 40 años y que no prescriba, porque hoy vemos que estamos en indefensión; somos uno de los países con mayor índice de violencia contra la mujer y no debemos permitir que una más muera a causa de esta violencia", manifestó Saraí Espinal, diputada del Partido Liberal de Honduras (PLH).
El proyecto detalla circunstancias específicas donde se aplicaría la pena máxima, incluyendo crímenes cometidos por parejas o exparejas, casos de tortura, mutilación y la participación de funcionarios públicos.
Esta propuesta surge tras un análisis de la Comisión Especial de Femicidios en conjunto con el Ministerio Público (MP), el Poder Judicial y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes coinciden en que la normativa actual de 20 a 30 años de cárcel resulta insuficiente frente a la crueldad de los ataques recientes.
"Hasta el momento han asesinado 76 mujeres. Por eso hemos decidido presentar esta reforma para que por lo menos haya una pena mayor para aquellos que cometen delitos contra la mujer por razones de género o relaciones desiguales de poder", detalló Espinal.
Paralelo al endurecimiento de las penas, la iniciativa contempla el fortalecimiento de la capacidad investigativa del Estado. El Ministerio Público ha solicitado una partida de 38 millones de lempiras para agilizar los procesos y capturar a los responsables.
La propuesta parlamentaria exige que este presupuesto sea "etiquetado", asegurando que los fondos se utilicen exclusivamente para la investigación criminal y no para gastos administrativos como salarios o servicios públicos.
"Creemos en la ejecución de las penas, en la celeridad de los procesos de investigación y en la captura de los involucrados; por eso el presupuesto debe ser específico para dar con los responsables de los asesinatos de las mujeres en nuestro país", puntualizó la diputada liberal.
Aunque los legisladores reconocen que el aumento de penas es solo una parte de la solución, subrayan que la imprescriptibilidad y la cadena perpetua son herramientas necesarias para combatir la saña con la que se están perpetrando estos crímenes en todo el territorio nacional.
