Tegucigalpa, Honduras.– El proyecto de reformas al Código Penal orientado a endurecer las penas contra el delito de extorsión avanzó este miércoles -6 de mayo- al segundo debate en el Congreso Nacional (CN).
La iniciativa fue presentada por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, y plantea modificaciones a varios artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal.
Entre los cambios discutidos se encuentran reformas a los artículos 272, 373, 374, 375, 473, 522 y 587 del Código Penal contenido en el Decreto Legislativo 130-2017.
Las reformas buscan aumentar las penas en casos donde estructuras dedicadas a la extorsión utilicen menores de edad o adultos mayores para cometer delitos.
Asimismo, se contempla endurecer los castigos cuando los responsables sean reincidentes o cuando una empresa cierre operaciones como consecuencia de las amenazas y cobros extorsivos.
La discusión de este paquete de reformas se produce en medio del repunte de hechos violentos y denuncias relacionadas con extorsión en distintas zonas del país, principalmente en el norte de Honduras.
El proyecto también establece que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tendrá participación en el diseño de políticas criminales enfocadas en combatir asociaciones delictivas y estructuras vinculadas a este tipo de delitos.
Durante el primer debate, algunos diputados sostuvieron que las reformas buscan cerrar vacíos legales que, según señalaron, dificultan judicializar casos de extorsión.
El paquete legislativo todavía deberá superar las siguientes etapas de discusión y votación antes de su aprobación definitiva.
El diputado del Partido Liberal (PL), Alex Berrios, explicó que, además del endurecimiento de penas, las modificaciones buscan eliminar vacíos legales que dificulten el procesamiento de casos criminales.
“No solo es el aumento de penas, porque el hecho de darle cadena perpetua o no a una persona al final no influye significativamente en la persuasión del delito”, afirmó.
Sostuvo que el objetivo principal es que la legislación quede redactada de manera más clara para facilitar el trabajo de fiscales y jueces: “Nos estamos enfocando en que los verbos rectores, artículos y la ley vayan bien claros para que los fiscales puedan presentar requerimientos fiscales sin ningún problema”.
