Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció este miércoles que la Comisión de Energía del Legislativo deberá reunirse con las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), para analizar la reducción del plazo de pago de factura de consumo a los hondureños.
La medida surge tras la polémica decisión de la estatal de reducir el plazo para el pago de la factura de consumo de 28 a solo 15 días, un cambio que ha generado malestar en diversos sectores sociales que ven afectada su planificación económica mensual.
El objetivo es que ambas instituciones brinden un informe técnico detallado la próxima semana sobre los impactos de esta decisión en el bolsillo de los hondureños.
Según el titular del Legislativo, es imperativo aclarar los motivos detrás de este ajuste y evaluar si existen mecanismos para mitigar el golpe financiero que representa para los hogares tener menos tiempo para cumplir con esta obligación básica, especialmente en un contexto de alta inflación.
"Le vamos a pedir a la Comisión de Energía que se reúna con la CREE y la ENEE y nos puedan rendir un informe la próxima semana para poder aclarar al pueblo hondureño", manifestó Zambrano.
De acuerdo con la información preliminar manejada por el Congreso Nacional, el plazo de 15 días ha sido el estándar histórico establecido en los reglamentos de servicio.
No obstante, en octubre del año pasado se aprobó una medida excepcional que amplió dicho periodo a 28 días por un lapso de seis meses.
Al vencerse ese periodo de gracia, la ENEE retornó de manera automática al cobro en 15 días, una situación que el Legislativo busca revisar para determinar si es posible una nueva extensión.
La jefatura del Congreso Nacional reconoció que, aunque el tema tiene componentes técnicos y reglamentarios, su impacto es meramente económico y toca la fibra más sensible de la población.
Por ello, se busca despolitizar la discusión mediante el análisis de la Comisión de Energía, evitando que la medida sea utilizada como bandera partidaria por la oposición y centrando el debate en la capacidad de pago del ciudadano común.
