Tegucigalpa, Honduras.- En una sesión con alto consenso, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad un paquete de reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto orientadas a modernizar la administración de los fondos públicos.
La iniciativa, que forma parte de los acuerdos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mecanismo Gafilat, busca centralizar todos los recursos del Estado en una sola cuenta manejada por la Tesorería General de la República (TGR).
Esta medida pone fin a la dispersión de fondos en múltiples cuentas bancarias de diversas secretarías, permitiendo un control más estricto y eficiente de la liquidez nacional.El dictamen aprobado establece cambios profundos en la operatividad financiera del Estado mediante la reforma de los artículos 16, 17, 33, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 94 y 127, además de la adición de ocho nuevos apartados técnicos.
Con estas modificaciones, todas las instituciones de la administración central, desconcentradas y descentralizadas deberán integrar sus recursos al Sistema de Cuenta Única de la Tesorería (CUT).
El objetivo primordial es eliminar la estacionalidad en el flujo de caja, asegurando que el dinero público no permanezca ocioso mientras el Estado incurre en endeudamiento para cubrir obligaciones inmediatas."Este proyecto viene a fortalecer la cuenta única al tesoro y viene a poner orden a las libretas de todas las secretarías de Estado para atacar cualquier problema de estacionalidad en el flujo de caja", explicó Roberto Chang, vicesecretario de Finanzas.
La implementación de estas reformas fue precedida por un proceso de socialización con las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara Legislativa.
Según las autoridades de Finanzas, el respaldo unánime de las bancadas responde a la necesidad de dotar al país de herramientas técnicas que trascienden los colores partidarios y cumplen con estándares internacionales de transparencia. Al unificar las cuentas, el Estado mejora su capacidad de respuesta ante compromisos financieros y optimiza el uso de los ingresos fiscales reportados por aduanas y el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
"Se hicieron las diferentes socializaciones con todos los miembros de las bancadas de los distintos partidos políticos dentro de este producto de reforma a la ley orgánica de presupuesto", señaló Chang.
Desde la perspectiva legislativa, la reforma se traduce en una gestión de flujos más realista, fundamentada en que la aprobación de un presupuesto no implica disponibilidad inmediata de efectivo, sino una programación basada en la recaudación real.
La reforma al artículo 84 es taxativa al prohibir terminantemente la apertura de cuentas bancarias fuera del Sistema de la CUT, una medida que apunta a eliminar las "cajas chicas" institucionales.
Expertos señalan que esta normativa ha sido una demanda histórica de organismos de crédito para mejorar la transparencia y evitar el mal uso de fondos públicos.
"Es una petición y una reforma que hace más de 20 años se ha estado discutiendo en el país y que también es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional", manifestó el diputado Marco Midence.
La reforma se sostiene en cuatro pilares fundamentales: control en tiempo real, disciplina fiscal, transparencia y planificación. Al entrar los ingresos a una sola cuenta, el Estado puede reconocer instantáneamente qué recursos están disponibles, otorgando a Finanzas una visión panorámica de la administración del dinero.
Asimismo, la reforma al artículo 89 faculta a la Tesorería General para mantener la propiedad de divisas provenientes de préstamos externos, permitiendo al país atender obligaciones en moneda extranjera sin depender de la intermediación constante del mercado abierto.
"Al entrar a una sola cuenta lo que hacemos es un reconocimiento en tiempo real de qué ingresa y qué sale, por tanto, Finanzas puede tener un control mayor de la administración de flujos", indicó Midence.
Otro de los beneficios directos de la nueva ley es la eliminación de opacidades que anteriormente permitían el mal uso de fondos en cuentas aisladas de las instituciones. Al centralizar la visión del gasto, se reducen las posibilidades de corrupción y se mejora la posición de Honduras ante condiciones económicas externas, permitiendo un manejo de deuda organizado.
Además, la reforma al artículo 94 blinda los recursos públicos al establecer que cualquier embargo judicial debe tramitarse exclusivamente ante la TGR, evitando que acciones legales paralicen servicios esenciales del Gobierno.
"Eliminas una serie de opacidades o el mal uso de fondos porque al tener un solo ingreso y una sola visión de donde van los gastos tenés mayor transparencia", puntualizó el diputado.
El dictamen establece que al cierre de cada ejercicio fiscal, las instituciones están obligadas a reintegrar a la Cuenta Única cualquier saldo no utilizado, otorgando a la Secretaría de Finanzas un plazo de 60 días para emitir la reglamentación correspondiente.
Con estas disposiciones, el país espera no solo cumplir con las metas del FMI, sino elevar sus estándares de gobernanza para evitar caer en listas grises internacionales que encarecen el crédito.
"Con esto tenés una mejor planificación fiscal; es decir, se pueden programar los pagos de orden y un manejo de deuda organizado", concluyó Midence.
