Tegucigalpa, Honduras.-La Procuraduría General de la República (PGR) aclaró este lunes que las personas y empresas con demandas contra el Estado de Honduras no están obligadas a acogerse a la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano.
El pronunciamiento surge en medio de dudas sobre la aplicación del Decreto No. 17-2026, que introduce mecanismos de conciliación para resolver litigios en curso.
La institución enfatizó que la adhesión a esta normativa es voluntaria y que su objetivo es ofrecer una vía alternativa para alcanzar acuerdos entre las partes sin prolongar procesos judiciales.
"La adhesión a los mecanismos establecidos en la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano (Decreto No. 17-2026) es de carácter estrictamente voluntario, constituyendo una facultad legal y no una obligación", informó la PGR en un comunicado.
El ente subrayó que estos mecanismos buscan promover soluciones conciliadas, en apego a la legalidad, que permitan mayor eficiencia procesal, seguridad jurídica y un uso responsable de los recursos públicos.
"La decisión de acogerse a esta ley corresponde exclusivamente a la voluntad de las partes, garantizando el respeto a sus derechos y garantías legales. La institución reafirma su compromiso con la defensa del interés público y el cumplimiento del ordenamiento jurídico", indicó.
Según la PGR, el uso de estos mecanismos permitiría reducir los tiempos de resolución de conflictos, así como los costos asociados a intereses, costas judiciales y posibles condenas contra el Estado.
Además, la entidad sostiene que la implementación de la ley contribuiría a mejorar la gestión de los recursos públicos y a fortalecer la sostenibilidad fiscal del país.
No obstante, reiteró que la decisión final recae en cada demandante, en apego a sus derechos y garantías legales.
