Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recibió 676 quejas relacionadas al desplazamiento forzado interno, problemática que además afectó a 1,406 personas en el país, según el informe Desplazamiento Forzado Interno en Honduras 2025.
El documento, elaborado en conjunto a la Organización de las Naciones Unidad (ONU) para los Refugiados (Acnur), detalla que el 70% de las denuncias corresponde a personas en riesgo de desplazarse, mientras que el 30% restante ya habría abandonado sus hogares a causa de la violencia.
En informe señala que, pese a que las quejas disminuyeron un 40.8% en comparación con 2024, esa reducción no refleja una mejora en las condiciones de seguridad.
Ante los datos, las autoridades apuntaron que el descenso obedece principalmente al temor de las víctimas a denunciar, la movilidad constante de las personas afectadas, desconfianza institucional y dificultades para acceder a mecanismos de protección.
Casos
Frente a este panorama, la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, afirmó que el desplazamiento forzado interno continúa siendo una de las crisis "más críticas y multicausales que enfrenta Honduras".
Reyes indicó que cuatro de cada diez quejas —equivalentes al 40%— son por amenazas directas, además, explicó que el hostigamiento también deriva en delitos como la extorsión, secuestro, despojo de propiedades y violencia de género.
El informe, también identifica como causas del desplazamiento la tentativa de homicidio, que representa el 10% de los casos; la violencia doméstica, con un 9%; los asesinatos con un 9%; y la extorsión con un 6%.
En cuanto a los responsables, el documento indica que el 50% de los denunciantes identificó como agresor a una persona conocida, el 19% dijo desconocer su identidad, el 11% responsabilizó a las maras y pandillas y el 9% señaló a las fuerzas del orden.
Fortalecimiento estatal
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana reiteró que, aunque desde 2023, Honduras cuenta con una ley para prevenir y atender el desplazamiento forzado interno, "la ausencia de su reglamento y la falta de recursos suficientes continúan limitando la respuesta estatal y protección efectiva de las personas desplazadas".
Ante este panorama, Reyes instó a la Secretaría de Derechos Humanos, en coordinación con las secretarías de Seguridad y Educación, a asumir las responsabilidades para asignar recursos financieros urgentes que garanticen asistencia humanitaria integral, alimentación, traslados y reubicaciones seguras que protejan la integridad de las personas afectadas.
"Ocho de cada diez casos de desplazamiento forzado interno afectaron a familias completas; del total de personas impactadas, el 51 % fueron mujeres y el 49 % hombres", explicó la experta.
Entre la población afectada también figuran 245 niñas, niños y adolescentes, de ese grupo, el 67% tenía entre 0 y 12 años, condición que, según el informe, los convierte en el sector más vulnerable frente a la violencia y al reclutamiento forzado.
El documento también registró 19 quejas presentadas por personas pertenecientes a pueblos indígenas y afrohondureños, así como 15 denuncias de personas LGBTIQ+, colectivos que enfrentan riesgos agravados por la discriminación, los conflictos territoriales y la violencia.
