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Tegucigalpa, Honduras.-El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) demanda de las autoridades gubernamentales la implementación de políticas públicas encaminadas a prevenir el desplazamiento forzado interno de niños y adolescentes, quienes para salvaguardar su integridad física y su vida se ven obligados a salir de las comunidades junto a sus familiares, víctimas muchas veces de amenazas.
Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, insta a las autoridades a implementar la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, ya que hasta ahora, no se ha visto una respuesta orientada a la investigación, persecución y enjuiciamiento de las personas que están provocando desplazamiento forzado a nivel de las comunidades.
Maradiaga explicó que “el desplazamiento forzado es un fenómeno altamente complejo porque afecta a familias enteras, particularmente a niñas, niños y adolescentes en el país, lo cual es grave”.
Entre el año 2019 y el 2024, el Conadeh atendió alrededor de 7,100 quejas relacionadas con el desplazamiento forzado interno que afectó a cerca de 18,100 personas de diferentes sexos y edades.
Se estima que en Honduras, durante ese periodo de seis años, 20 de cada 100 personas desplazadas por violencia, eran niños, niñas y adolescentes.
El año de mayor riesgo, para este sector de la población, fue el 2023 que afectó a unos 1,243 menores de edad, es decir que, durante ese año, una de cada tres personas desplazadas eran menores de 18 años, lo que podría deberse al aumento del control territorial y social ejercido por miembros de estructuras criminales.
Maradiaga reiteró que pese a que existe una Ley, no se ha visto una respuesta contundente de parte de las instituciones que tienen la responsabilidad de dar respuestas oportunas a las personas que enfrentan ese desafío.
Qué hace una familia cuando alguien llega a su casa y le dice que debe de abandonarla so pena de amenazas a muerte?, se preguntó. Las personas víctimas se ven obligadas a abandonar su comunidad, sus amistades, la escuela por temor, para salvaguardar su vida e integridad.
La defensora de los derechos de la niñez señaló que, son muchas las causas que generan el desplazamiento forzado interno, en el país y las amenazas representan el 43% de los casos, pero también está la extorsión, el asesinato de parientes, el despojo de sus bienes, así como el abandono de su fuente de trabajo, la tentativa de homicidio, lesiones y el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
Enfatizó que los niños y las niñas son las principales víctimas del desplazamiento forzado porque el crimen organizado busca reclutarlos muchas veces para realizar actos de extorsión, para la utilización de armas en la comisión de infracciones y para la venta de drogas.
“Es un tema que hay que ponerle mucha atención y, sobre todo, tomar las medidas preventivas para generar entornos protectores para las niñas y los niños en el país”, precisó.
Entre los principales agresores mencionó a los miembros de estructuras criminales, principalmente en barrios y colonias que están “invadidas” por maras y pandillas en las ciudades más grandes como ser el Distrito Central y San Pedro Sula.
Otro hecho que preocupa, dijo Maradiaga, es que, entre los agresores, que provocan desplazamiento, hay miembros de la fuerza de seguridad pública, situación que es grave, sobre todo, porque durante la vigencia del estado de excepción se dieron muchas quejas relacionadas con la violencia ejercida por los agentes policiales hacia las personas.
