Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de 550 docentes de los diferentes niveles educativos del país denunciaron, entre el 2016 y el 2025, estar en riesgo y ser víctimas del desplazamiento forzado.
Así lo reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), ente que pide a las autoridades de Honduras “poner en práctica protocolos para salvaguardar la vida e integridad de los docentes en el país”.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, detalló que, entre el 2016 y el 2024, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), registró 9,401 quejas de personas afectadas por desplazamiento forzado de las cuales 494 corresponden a docentes.
También, se estima que, solo en el 2025, el Conadeh atendió cerca de 60 casos de docentes en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado.
Es decir, que cinco de cada 100 personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento forzado eran docentes de los diferentes niveles educativos.
De acuerdo al género de las personas docentes que presentaron quejas, ante el Conadeh, el 68% son mujeres, mientras que el 32% son hombres.
Reyes explicó que, muchas amenazas tienen que ver con el liderazgo que pueda tener el docente en las zonas de riesgo donde está laborando.
“El desplazamiento forzado de docentes muchas veces se relaciona con su rol como actores de protección en los centros educativos y en las comunidades o zonas afectadas por la violencia”, dijo.
De acuerdo a las quejas atendidas por el Conadeh, los docentes son víctimas de amenazas en el 71% de los casos, otros son objetos de tentativas de homicidios, violencia de género, asesinato de parientes e incluso de extorsión, que los ubica en primera línea de ser víctimas de desplazamiento forzado y los convierte en uno de los sectores más afectados por la violencia.
Reyes declaró que “el gremio de los maestros se ubica en el tercer lugar entre las ocupaciones con más riesgo, únicamente superada por el de las amas de casa y los comerciantes”.
Agregó que, el desplazamiento forzado de personas por violencia, tiene como escenario los 18 departamentos del país, sin embargo, el 75% de los casos se registró en cinco departamentos, Francisco Morazán (29%), Cortés (17%), El Paraíso (17%), Olancho (7%) y Choluteca (5%)
Es en esos departamentos donde las autoridades deben de poner el foco de atención, porque ahora no solamente estamos viendo las amenazas, las tentativas de homicidio, la extorsión, entro otros delitos que pudieran estar provocando el desplazamiento forzado sino el hecho que los docentes están siendo asesinados.
Según el relato de los docentes afectados, entre los agresores figuran personas desconocidas en el 41% de los casos, además, miembros de estructuras criminales e incluso de las fuerzas de seguridad del Estado.
Como parte de las acciones realizadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Reyes explicó que, si el docente lo requiere, se solicitan medidas de protección a las autoridades competentes e incluso se realizan gestiones antes las direcciones departamentales o ante la Secretaria de Educación para que se realicen los traslados correspondientes.
Agregó que “cuando un docente está en riesgo debido a las amenazas, que está siendo objeto de extorsión o cualquier otro tipo de hechos que pongan en riesgo su vida e integridad personal, lo urgente es sacarlo de la zona de riesgo”.
Es muy importante que la Secretaría de Educación trabaje en protocolos para los docentes que están siendo víctimas de desplazamiento forzado, cuya vida e integridad están en riesgo producto de la violencia en el país,
Desde el año 2013, Honduras reconoció el desplazamiento forzado interno de personas debido a la violencia y criminalidad organizada que han traído consigo control ilícito de territorios e inseguridad de los habitantes.
Con el propósito de supervisar, promover y contribuir a prevenir el desplazamiento o proteger los derechos humanos de las personas desplazadas, el Conadeh puso en funcionamiento, desde el año 2016, la UDFI, con el apoyo técnico del ACNUR, con presencia en las regiones de Honduras, donde hay evidencias de mayores riesgos de desplazamientos.
