Tegucigalpa, Honduras.- Las mujeres y niñas enfrentan múltiples y variadas formas de violencia directa, cultural y estructural, tanto en espacios domésticos como en espacios públicos, que las obligan a abandonar sus hogares para proteger su vida y la de sus familias.
Así lo dio a conocer el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), como institución defensora de los derechos humanos en el país.
Este segmento de la población vulnerable de la sociedad hondureña conmemora el Día Internacional de la Mujer en un escenario donde se enfrentan a situaciones de violencia, desigualdad, discriminación, abusos en sus comunidades, que las ponen en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado interno.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, reveló que, entre el 2016 y 2025, esta institución nacional de derechos humanos atendió 4,743 quejas por desplazamiento forzado interno, interpuestas por mujeres, debido a la violencia que impera en el país.
De acuerdo a las quejas atendidas por el Conadeh, el pico más alto de desplazamiento forzado de mujeres se registró en el 2023 con 843 casos.
En el 2025, el ente estatal documentó 350 quejas de desplazamiento forzado de mujeres, a nivel nacional, en las que resultaron afectadas 718 mujeres.
Elsy Reyes enumeró una serie de causas que obligan a las mujeres a huir de sus hogares. Entre ellas mencionó las amenazas que representan el 39% de los casos, seguida por la violencia doméstica con el 16%, el asesinato de parientes con el 10%, el despojo, usurpación y destrucción de bienes con 7%, así como las tentativas de homicidio con 6%, violencia intrafamiliar con 5% y la violencia sexual, entre otros.
Además, mencionó que, entre los principales agresores figuran personas conocidas, vecinos y compañeros de trabajo en el 28% de los casos, las parejas y ex parejas con 24%, personas desconocidas y delincuentes comunes con 16%, maras y pandillas con16%, familiares con 7%, policías con 7% e incluso integrantes de partidos políticos.
La defensora de los derechos humanos identificó que, entre las profesiones u oficios ejercidos por mujeres las más afectadas, por este fenómeno del desplazamiento forzado interno, son las personas encargadas del hogar que representan el 38% de los casos.
A ese sector se suman las comerciantes con 15%, docentes con 12%, doctoras y enfermeras con 4%, abogadas con 3%, estudiantes y defensoras de la tierra y del medio ambiente.
De acuerdo a las quejas atendidas por el Conadeh, el 50% de los casos se registran en cinco departamentos entre los que se encuentran: Francisco Morazán con el 17% , Choluteca con 10%, Cortés con 9%, Olancho con 7% y Atlántida con 7%.
Un aspecto que llama la atención dijo Reyes es que, en el 2025, el departamento de Choluteca experimentó un incremento del 89.5% en quejas por desplazamiento forzado interno por violencia al pasar de 19 mujeres desplazadas en el 2024 a 36 en el 2025.
Es importante, según Reyes, trabajar fuertemente en la creación de entornos seguros y que las mujeres vivan libres de violencia, no tener que ser obligadas a desplazarse de sus comunidades, domicilios, barrios y colonias.
Además, que se trabaje en temas de investigación y sanción a los responsables, pero también en la prevención de la violencia e ir construyendo una cultura de paz y de respeto hacia las mujeres y las niñas en Honduras.
Kathryn Lo, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Honduras, es del criterio que ninguna mujer debería verse obligada a huir de su hogar para salvar su vida.
Sin embargo, “en Honduras la violencia sigue desplazando a muchas mujeres, reflejo de profundas desigualdades que no podemos permitir que se sigan normalizando”, agregó.
Indicó que “se necesita avanzar con mayor urgencia en medidas para prevenir la violencia estructural y garantizar protección efectiva a quienes la sufren”.
La representante de ACNUR recomendó “fortalecer la implementación de la Ley de Desplazamiento Interno, la Ley de Casas Refugio y las rutas de atención son claves para reducir la vulnerabilidad y garantizar protección”.
El desplazamiento forzado de personas, es una de las modalidades violatorias de los derechos humanos que crece año con año, fue reconocido por el Estado hondureño en el 2013 y fue hasta abril del 2023 que se creó la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente.
Dicha ley establece medidas preventivas como el diseño de programas planes y proyectos de prevención, la implementación de un sistema de alertas tempranas y la obligación de diseñar una Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado.
