Salario y viáticos elevan a L140 mil el pago mensual de un diputado

Tegucigalpa, Honduras.- Sin ambages, el diputado y exjefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, afirmó que considera insuficiente su salario, pese a que la mayoría de los trabajadores hondureños percibe ingresos muy por debajo de los de un legislador y muchos ni siquiera acceden a un empleo formal.

Sus declaraciones llevaron a EL HERALDO Plus a revisar cuánto recibe actualmente un diputado propietario. Las planillas salariales y los registros de gastos del Congreso Nacional muestran que entre salario y movilización la cifra ronda los 139 mil lempiras mensuales, más de nueve veces el salario mínimo promedio de 2026, cercano a 15 mil lempiras.

Para establecer el monto, se revisó los apartados “Remuneración de empleados” y “Gastos” del Portal Único de Transparencia del Congreso Nacional. La planilla fija en casi 91 mil lempiras el salario mensual de un diputado propietario.

En julio de 2026, el dato más actualizado disponible, el Congreso ejecutó 10.6 millones de lempiras en movilización para 97 diputados propietarios y 122 suplentes distribuidos en los 18 departamentos. El registro excluye a miembros de la Junta Directiva, jefes de bancada y coordinadores suplentes, cuyos gastos de movilización aparecen consignados en categorías separadas.

Sin embargo, el Congreso publica ese gasto agrupado por departamento y no por legislador. Al dividir los 10.6 millones de lempiras entre los 219 diputados incluidos en esos registros, el promedio de movilización ronda los 48 mil lempiras mensuales por congresista. Sumado al salario, el monto calculado para un diputado propietario alcanza aproximadamente 139 mil lempiras.

Este cálculo corresponde únicamente a los diputados sin cargos adicionales incluidos en esos registros. Los miembros de la Junta Directiva, jefes de bancada y coordinadores suplentes aparecen en categorías separadas de movilización y, en el caso de la Junta Directiva, sus integrantes también reciben salarios superiores a los de un diputado propietario común.

La cifra puede ser mayor. En mayo de 2026, por ejemplo, el Legislativo ejecutó más de 1.5 millones de lempiras en “alimentos y bebidas para personas” durante sesiones legislativas y reuniones de comisiones. Sin embargo, el registro identifica a los beneficiarios únicamente como “varios”, por lo que no permite determinar cuánto correspondió a diputados, empleados administrativos u otras personas. Este y otros gastos no fueron incorporados al cálculo individual.

Segura aseguró que su salario asciende a 110 mil lempiras y enumeró una serie de gastos que, según él, reducen considerablemente ese ingreso. La cifra coincide con la remuneración que registra como vicepresidente tercero de la Junta Directiva del Congreso Nacional.

“Lo que nos sale de salario son 110,000 lempiras. Hay que andar bien ‘trajeado’. ¿Cuánto le vale aquí un apartamento? Le vale 15,000 lempiras, la comida y andar bien ‘guajeado’. ¿Usted cree que con 40 mil pesos yo me voy a poner a atender a todos los ciudadanos de El Paraíso?”, afirmó.

Incluso, los 40 mil lempiras que Segura asegura conservar después de cubrir sus gastos superan dos salarios mínimos promedio. Su planteamiento ocurre en un país donde más del 60% de los hogares vive en condición de pobreza y el 38% en pobreza extrema, según la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

EL HERALDO Plus buscó a Segura para conocer cómo justifica considerar insuficiente su salario frente a los ingresos de la mayoría de los trabajadores hondureños y los cuestionamientos históricos sobre la productividad del Congreso Nacional. Hasta la publicación de este artículo no respondió.

Los cuestionamientos sobre la remuneración de los diputados no se limitan al monto que reciben. Aunque el Congreso mantiene una mayor regularidad de sesiones que durante la administración anterior, presidida por Luis Redondo y marcada por prolongados períodos de parálisis, persisten señalamientos sobre su mora y resultados.

En materia anticorrupción permanecen estancadas iniciativas como la Ley de Colaboración Eficaz, la derogación del Decreto 117-2019 y reformas a disposiciones de la Ley de Amnistía cuestionadas por sus efectos sobre delitos contra la administración pública.

El abogado Octavio Pineda cuestionó que las remuneraciones y beneficios de los diputados guarden proporción con el trabajo que desarrollan, particularmente frente a la mora legislativa y los períodos de baja productividad.

“El problema no es únicamente cuánto gana un diputado, sino qué recibe el país a cambio. Si hay mora legislativa, leyes importantes archivadas y diputados suplentes cuya participación es mínima, resulta legítimo cuestionar por qué el Estado mantiene salarios y beneficios que no están vinculados a resultados”, sostuvo.

El problema tampoco es reciente. El “Segundo monitoreo legislativo 2023”, elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y Democracia en Acción, documentó que entre julio y septiembre de ese año el Congreso destinó más de 56 millones de lempiras a salarios y 57 millones a viáticos, pese a que apenas sesionó 47 horas. De 77 proyectos presentados, únicamente 20 fueron aprobados.

Los cuestionamientos han surgido incluso desde el propio Poder Legislativo. En mayo de 2026, el diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo, anunció una iniciativa para reducir los salarios de altos funcionarios y cuestionó los ingresos y beneficios pagados por el Estado.

“No puede ser que tengamos una clase política rica en medio de un pueblo pobre”, expresó.

Los cerca de 139 mil lempiras mensuales calculados para un diputado propietario hondureño, equivalente a unos 5,200 dólares, también sobresalen frente a las remuneraciones de sus pares del Triángulo Norte. Honduras ocupa el segundo lugar: Guatemala encabeza la lista y El Salvador está en tercera posición.

Para establecer la comparación, EL HERALDO Plus revisó los portales oficiales de transparencia y documentos salariales de los poderes legislativos de Guatemala y El Salvador. Se tomaron como referencia diputados sin cargos directivos y los pagos ordinarios identificados para 2026.

En Guatemala, un diputado recibe 46,700 quetzales de salario, 5,000 en gastos de representación y 9,600 en dietas plenarias. Los tres conceptos suman 61,300 quetzales, equivalentes a unos 8,031 dólares mensuales, alrededor 2,800 dólares más comparado con Honduras.

En El Salvador, un diputado recibe 2,311 dólares de salario, 800 en gastos de representación y 914 para transporte y comunicación. En conjunto son aproximadamente 4,026 dólares, alrededor de 1,200 dólares menos que en Honduras.

Sin embargo, los legisladores salvadoreños también gozan de otros beneficios al estar en cargos directivos, elevando la paga a 5,700 dólares, según consignó el medio salvadoreño El Mundo.

Para el abogado Oliver Erazo, el monto que reciben los diputados debe analizarse también frente a la función para la que fueron electos y no bajo la lógica de convertirlos en gestores de necesidades particulares.

“El diputado hondureño debe ser medido por sus hechos. No fue electo para convertirse en benefactor ni en intermediario de fondos del Estado; fue electo para legislar, fiscalizar y rendir cuentas”, sostuvo.

Segura, precisamente, no recibe la remuneración de un diputado propietario común. Como vicepresidente tercero de la Junta Directiva devenga 110 mil lempiras mensuales, unos 19 mil más que los casi 91 mil que recibe un legislador sin cargos adicionales.

A ello se suma la movilización. En julio de 2026, el Congreso destinó más de 1.7 millones de lempiras para los 27 integrantes de la Junta Directiva registrados en ese gasto, lo que representa un promedio de unos 65 mil lempiras por persona.

Si se toma como referencia ese promedio, el costo asociado a un integrante de la Junta Directiva ronda los 175 mil lempiras mensuales entre salario y movilización. El documento no individualiza cuánto recibió Segura por este último concepto, pero sí confirma que el diputado que considera insuficiente su salario ocupa uno de los cargos mejor remunerados del Congreso y forma parte de una estructura con una asignación de movilización superior a la de un legislador común.