Congreso se niega a abrir cajas selladas de Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras.- En la administración del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se utilizaron fondos para entrega de subvenciones a los diputados, alquiler de carros blindados y viajes al extranjero.

Estos recursos se manejaron bajo opacidad, sin rendición de cuentas y con evasivas constantes a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que evitaron que los medios de comunicación, la sociedad civil y la población en general conociera a detalle sobre su manejo y destino.

No obstante, la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus constató que la actual administración mantiene restricciones que impiden abrir las cajas completamente selladas.

Estas contendrían la documentación física de los procedimientos realizados por la junta directiva presidida por Luis Redondo.

Fuentes del Congreso Nacional, que solicitaron anonimato, afirmaron a EL HERALDO Plus que no han encontrado rastros digitales sobre el manejo de los recursos públicos en la administración anterior. “Borraron todos los procedimientos”, afirmó.

Los entrevistados confirmaron que existen cajas en físico que representan un gran enigma: se desconoce si guardan de forma completa los documentos citados.

Sin embargo, el velo de misterio y desconfianza crece porque las nuevas autoridades legislativas argumentaron que no tienen el poder total de abrirlas sin el acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como ente veedor.

Durante el periodo de gobierno legislativo 2022-2026, el equipo de EL HERALDO Plus realizó solicitudes de información pública sobre cómo se administraban los recursos, pero las respuestas siempre resultaron evasivas y sin proporcionar datos concretos.

Con la llegada del nuevo Congreso Nacional, bajo la dirección de Tomás Zambrano, el equipo de EL HERALDO Plus realizó el 27 de enero de 2026 la solicitud de información pública número SOL-CN-1710-2026, mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho).

En ese proceso se solicitó al Congreso Nacional información sobre la cantidad de vehículos alquilados, el costo por este concepto y el nombre de los diputados beneficiados con las unidades entre 2022 y 2026.

El Oficial de Información Pública (OIP) Marvin Laínez notificó que a la solicitud de información se le asignó el expediente No.013-CN-2026 y se trasladó a la Pagaduría Especial del Congreso Nacional.

Esta oficina tenía el compromiso de realizar la evaluación pertinente, remitiendo el expediente con la información solicitada en un plazo máximo de cinco días hábiles.

El 19 de febrero de 2026, esta oficina informó al equipo de EL HERALDO Plus que, mediante oficio No.CN-OT-002-2026, de fecha 11 de febrero del 2026, el Congreso Nacional solicitó al pleno de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), 20 días hábiles para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En ese periodo, el Poder Legislativo supuestamente actualizaría la información pendiente en el portal de transparencia y respondería todas las solicitudes de información pública recibidas a través del portal Sielho.

El IAIP respondió mediante el oficio No. CP-IAIP-029-2026, en el cual el pleno de comisionados resolvió otorgar el plazo, contados a partir de la fecha 13 de febrero de este año.

Amparados en el plazo otorgado por el IAIP al Poder Legislativo y pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública no lo estipula, se decidió aguardar con la esperanza de tener los datos en el tiempo estimado.

Pasados los 20 días solicitados, es decir, el 12 de marzo de 2026, la OIP informó mediante una nota que el Poder Legislativo no logró cumplir, dentro del plazo establecido, con las solicitudes de información pendientes, no solo la presentada por el equipo de EL HERALDO Plus, sino también las de otros medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil.

En su justificación, el funcionario expresó que "es importante destacar que no se realizó el proceso de transición entre las autoridades de cada área mencionada", es decir, la directiva saliente no entregó informes a las autoridades entrantes.

Además, el personal administrativo disponible en las oficinas era reducido, situación que implicó un mayor tiempo para la revisión de los archivos físicos y digitales a fin de ubicar la información solicitada.

Bajo estos argumentos y fuera de los plazos que establece la normativa de transparencia, informaron a cada uno de los peticionarios que seguían realizando la búsqueda de la información requerida.

En la misma misiva, las autoridades del Congreso aprovecharon para ampliar el plazo de entrega de la información solicitada: "Se necesita más tiempo para poder dar respuesta a dichas solicitudes en el cual se estima 20 días hábiles".

Pasados los otros 20 días, específicamente el 9 de abril de 2026, por medio del memorando No. 014-2026-DF-CN, el Congreso Nacional, por medio del abogado Laínez y el gerente financiero Luis Rodríguez, detallaron que la información está almacenada en cajas selladas, pero no pueden entregarla.

La nota aclaratoria establece que los requerimientos de información correspondientes a los periodos desde el año 2022 al 25 de enero de 2026, relacionados con los distintos objetos de gastos y que han sido solicitados a la Pagaduría Especial y sus respectivas dependencias, deberán someterse a un proceso especial de revisión.

Esta determinación obedece a que la documentación e información requerida permanece resguardada en archivos físicos sellados para su acceso.

Según la justificación del Congreso Nacional, la apertura de las cajas se debe realizar bajo un procedimiento controlado y en presencia de personal del TSC en cumplimiento de las normas de transparencia, control y fiscalización vigentes.

Argumentaron que para entregar la información se debe cumplir con todo ese proceso para garantizar integridad, legalidad y veracidad de la información. "Por lo que no es posible contar con ella sin antes agotar el procedimiento establecido", es decir, sin que se abra con la presencia de autoridades del TSC.

Debido a los irregulares plazos solicitados y a la negativa de entregar la información, pese a que está en físico en cajas, EL HERALDO Plus consultó a las autoridades del IAIP sobre la legalidad de la contestación del CN. La respuesta fue clara: no es legal.

La recomendación del IAIP fue interponer una denuncia ante el Congreso Nacional por la negativa injustificada de responder a la solicitud de información SOL-CN-1710-2026.

La denuncia fue interpuesta el 17 de abril de 2026 y el 20 de abril del mismo año se registró bajo el expediente No. 01-CN-2026-DN.

En fecha 21 de abril de 2026 el OIP del Congreso Nacional declaró sin lugar la denuncia interpuesta en contra del señor presidente del Congreso Nacional por haberse entregado la información según lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado que se tiene disponible.

No obstante, hasta la publicación de este reportaje, el Congreso Nacional no ha entregado ningún documento o información solicitada; tampoco existe una notificación de respaldo que hayan cumplido.

El 29 de mayo pasado, fuentes del Congreso Nacional informaron que hasta esa fecha las cajas seguían selladas, mientras estaban a la espera del veedor del TSC. De lo contrario se podrían hacer con un notario.

El abogado Saúl Bueso, experto en transparencia, explicó que cuando se presenta una solicitud de información, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la institución obligada solamente puede pedir una prórroga de tiempo de 10 días hábiles y no de 20 días.

Además, la misma ley establece que es una única prórroga, no dos, lo que implica una violación a la ley, mientras que la respuesta de las cajas resulta incoherente, criticó.

Lo adecuado es solicitar auxilio de la autoridad, en este caso el Tribunal Superior de Cuentas, para abrir las cajas. Si se supone que desde enero conocieron de la situación, "ya tenía que haber tomado acciones frente a esas cajas que ellos alegan que están selladas", señaló.

Dijo que una de las salidas es contratar a un notario para que levanten un acta notarial , la cual debe consignar claramente que fueron abiertas las cajas selladas que se encontraron del gobierno anterior y que el acta establezca cuál es el contenido de las cajas, "pero eso no es excusa para no dar respuesta".

Recordó que en el Congreso anterior se presentaron varias solicitudes de información, pero no hubo respuestas o contestaban con evasivas, lo que equivale a negar información, opinó.

EL HERALDO Plus consultó al TSC sobre si existía una petición del Congreso Nacional para abrir esas cajas, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.