Casi L800 millones en subvenciones erogó el Congreso de Redondo sin registros públicos
Entre 2022 y hasta septiembre de 2025, el Congreso Nacional reportó un total de 791.3 millones de lempiras en subvenciones. De ese monto, el 88% se concentró en el rubro de ayuda a personas, una categoría utilizada comúnmente para canalizar fondos públicos a través de solicitudes de diputados, organizaciones y líderes comunitarios
- Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 18:17
Tegucigalpa, Honduras.- Entre 2022 y 2025, el Congreso Nacional, bajo la presidencia del diputado oficialista Luis Redondo, del partido Libertad y Refundación (Libre), erogó 791.3 millones de lempiras en subvenciones, de acuerdo con datos analizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO a partir de los registros en el Portal Único de Transparencia.
Este equipo desglosó el gasto mensual del período y determinó que 2024 fue el año con mayor desembolso, al reportar 366 millones de lempiras. Le siguen, en orden, los años 2023, 2025 y 2022, según el consolidado anual obtenido, como se refleja en el siguiente gráfico.
El destino de los fondos presenta una clara concentración. Del total erogado, 692.8 millones de lempiras, equivalente al 88%, se asignaron al rubro de ayuda a personas, una categoría utilizada comúnmente para canalizar fondos públicos a través de solicitudes de diputados, organizaciones y líderes comunitarios
En segundo plano figuran las asignaciones a organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones descentralizadas. En menor medida, aparecen transferencias a alcaldías, unidades del Gobierno Central y organismos internacionales.
Durante 2024, año en el que el Congreso registró el mayor gasto en subvenciones, la mayor parte de los fondos se orientó a la asistencia directa a personas. Este rubro superó ampliamente al resto de las categorías en la distribución del dinero público.
En segundo lugar, se ubicaron las asignaciones a organizaciones no gubernamentales (ONG), seguidas por transferencias a instituciones descentralizadas.
Más abajo en la lista de prioridades quedaron las unidades del Gobierno Central, mientras que los organismos internacionales recibieron los montos más bajos en este tipo de transferencias.
Los desembolsos no se distribuyeron de forma uniforme a lo largo del año. Los registros mensuales evidencian que el gasto se disparó en ciertos meses específicos, principalmente hacia el cierre del ejercicio fiscal.
Entre los picos más altos figuran noviembre de 2024 y diciembre de 2023, lo que revela una ejecución concentrada en momentos puntuales, en lugar de mantener un ritmo constante mes a mes.
Opacidad en el cierre del Congreso
La alerta no está solo en cuánto se gastó, sino en que no hay un registro público que permita seguir la ruta de ese dinero. A través de los canales oficiales es prácticamente imposible determinar quién recibió las subvenciones, para qué tipo de ayuda se usaron y con qué respaldo documental se pagaron.
La revisión del Portal Único de Transparencia del Congreso en apartados donde normalmente debería aparecer evidencia de ejecución no aportó trazabilidad. Se buscó en secciones como compras, contrataciones, licitaciones, pagos, presupuestos y liquidación presupuestaria. En ninguna de esas rutas aparecen expedientes que permitan vincular subvenciones con diputados, beneficiarios o proyectos.
En el espacio donde se reportan estas partidas únicamente figuran montos mensuales y categorías generales. No hay listados de beneficiarios, no hay proyectos, no hay liquidaciones y tampoco hay comprobantes. El dato existe, pero el soporte verificable no está disponible.
La única excepción que pudo corroborarse fue a partir de información pública externa. En marzo de 2025 el Congreso reportó 35.7 millones de lempiras en subvenciones y, dentro de ese total, 20 millones correspondieron a donaciones dirigidas a instituciones descentralizadas.
Esos 20 millones fueron destinados a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), según el convenio suscrito con el Congreso en apoyo a la Selección Nacional.
La opacidad se vuelve más delicada por los antecedentes. El país ya vio cómo fondos similares se prestaron para el clientelismo y drenaje de recursos en gobiernos anteriores.
Por eso, cuando la información no permite identificar beneficiarios ni liquidaciones, el esquema reproduce la misma vulnerabilidad que antes se atribuía al Fondo Departamental, que estaba establecido en el decreto 116-2019.
Ese decreto fue derogado por el Congreso en agosto de 2023, una decisión que el oficialismo en papel celebró y presentó como una medida anticorrupción, pero en la práctica continuaron utilizando, llamados ahora subvenciones.
Opacidad igual a corrupción
Para el analista político y abogado Francisco Cantarero, la falta de beneficiarios, expedientes y liquidaciones no es un simple vacío administrativo. Es, en sí misma, una señal de corrupción.
“Cuando el dinero público se mueve sin publicidad como lo manda la ley, sin respaldo y sin posibilidad de auditoría ciudadana, eso es un mecanismo de corrupción”, sostiene.
Cantarero afirma que la historia hondureña ya mostró cómo operan estos fondos. Cambian de nombre, pero conservan la lógica: discrecionalidad, opacidad y uso político.
Por ejemplo, EL HERALDO Plus reveló que fondos vinculados al Congreso Nacional terminaron canalizados a través de organizaciones no gubernamentales, en operaciones señaladas por estafa y corrupción, según documentos y hallazgos publicados en sus investigaciones.
Ese patrón se repite cuando el dinero público se ejecuta sin transparencia reforzada. En otro caso, en uno de los trabajos periodísticos se documentó cómo la ONG Hondupaz, vinculada al diputado de Libre Jari Dixon, movió millones de lempiras con baja fiscalización pública, en un esquema que volvió a encender las alertas sobre el uso de estas estructuras como intermediarias del gasto.
Redondo justificó el uso de estos fondos sosteniendo que no se trata del viejo fondo departamental, sino de “ayudas” que se canalizan bajo el marco del Presupuesto.
En sus declaraciones públicas, citó el artículo 349 del Presupuesto como base para respaldar que los diputados “gestionen” recursos y que la ejecución se realice a través de instituciones del Estado, no mediante entregas directas de dinero a congresistas.
El Congreso de Luis Redondo termina este 20 de enero. Mañana, 21 de enero, comienza el siguiente ciclo con la instalación de la Junta Directiva Provisional del pleno 2026-2030, y el 23 de enero se elegirá la directiva en propiedad. El calendario se mueve, pero el saldo institucional no cambia por sí solo.
Se va un Congreso con una mora legislativa que pesa, con reformas anticorrupción que no llegaron y con decretos que nunca se discutieron. Se va con promesas que no se volvieron norma y con una rutina parlamentaria que, demasiadas veces, pareció encenderse solo cuando la agenda política lo permitía.
Y, sin embargo, el dinero sí se movió. Queda el número como la última línea del período: 791.3 millones de lempiras en subvenciones, casi 800 millones que el país puede ver en un registro general, pero no puede seguir hasta el último beneficiario.
En ese contexto, para dimensionar la magnitud, los 791.3 millones de lempiras otorgados en subvenciones equivalen a casi dos tercios del monto pagado por la adquisición de los siete hospitales móviles durante la pandemia de covid-19, estimado en unos 1,200 millones de lempiras. También representan aproximadamente el 12% del desfalco atribuido al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), calculado en 6,399 millones de lempiras.
