Jari Dixon canalizó L5.8 millones en ONG creada por políticos en 2023

Tegucigalpa, Honduras. — Aunque en público sus caminos ideológicos parecían contrarios, tres políticos compartieron en privado algo más que la ambición electoral y fueron los fondos estatales.

Jari Dixon Herrera, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), y Elena Rodríguez, junto a Marco Antonio Suazo, excandidatos por el partido Nueva Ruta, terminaron conectados por la ejecución opaca de más de 5.8 millones de lempiras en proyectos financiados por el Estado.

Una investigación de EL HERALDO Plus revela cómo estos tres actores políticos, sin vínculos partidarios conocidos, están relacionados a través de la organización Una Honduras en Paz (Hondupaz), la cual recibió millonarios fondos públicos a pesar de no contar con experiencia previa en obras públicas ni transparencia en su ejecución.

Los recursos provienen del Fondo de Administración Solidaria, aprobado por el Congreso Nacional entre 2023 y 2024, con la supuesta finalidad de impulsar infraestructura social.

El dinero fue canalizado por medio de Hondupaz, organización presidida por Rodríguez y Suazo, y gestionado legislativamente por el diputado Dixon.

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Hondupaz fue registrada oficialmente en marzo de 2023, según constancia N.° 2023000081 de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD). Su presidenta es Elena Rodríguez, mientras que el secretario es Marco Antonio Suazo.

Sin experiencia comprobada ni historial técnico, la asociación obtuvo fondos para ejecutar 16 proyectos comunitarios en Francisco Morazán.

Pese a la magnitud de los fondos involucrados y el alcance de los proyectos ejecutados, no se ha identificado la existencia de auditorías técnicas, criterios claros de evaluación ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

La ausencia de control y transparencia replica patrones ya documentados por EL HERALDO Plus en investigaciones anteriores, como los casos de la ONG Manos a la Obra, Mujeres Unidas Extraordinarias y el Instituto para el Desarrollo Nacional (Idena).

Tampoco hay informes publicados en los portales oficiales de transparencia. La escasa información disponible se obtuvo tras múltiples solicitudes amparadas en la Ley de Acceso a la Información Pública, revelando un patrón de opacidad institucional.

La documentación proporcionada en los informes que la asociación entrega a la SGJD se limita a algunas fotografías de obras y de capacitaciones realizadas en conjunto con la Policía Nacional. Esta información aparece bajo el título de “Informe de actividades de Hondupaz 2023”, en el expediente SAIP-SOL-SGJD-1744-2025, obtenido a través de la solicitud de información SOL-SGJD-1744-2025.

Los fondos gestionados por Jari Dixon en 2023, según los reportes del Legislativo, permitieron a Hondupaz ejecutar obras menores en el Distrito Central, pese a que ese mismo año se había creado y registrado ante el Estado.

Algunos de los proyectos son el mantenimiento de una carretera, construcción de gradas, un proyecto de alcantarillado sanitario, y en el municipio de Talanga la instalación de un parque infantil en el Jardín de Niños Bertha A. de Silva.

Aunque estos trabajos no superaron el millón de lempiras, todos los proyectos adjudicados recaían sobre la misma organización.

En 2024, el programa se amplió. Hondupaz recibió 4.5 millones de lempiras para ejecutar nuevos proyectos, nuevamente en Talanga, pero esta vez con una cobertura extendida hacia Cedros, El Porvenir, Guaimaca, Sabana Grande y varias colonias de la capital, indican los reportes del Poder Legislativo.

Las obras incluyeron la construcción de techos en escuelas y centros comunales, pavimentación con concreto hidráulico, mejoras en centros de salud, rehabilitación de sistemas hidrosanitarios y acondicionamiento de espacios deportivos.

Uno de los contratos más costosos fue el techado del centro de salud Ramón Villeda Morales, con un valor superior a los 820 mil lempiras. Varios proyectos se desarrollaron en zonas densamente pobladas y con limitado acceso a recursos estatales.

Lo único visible son fotografías del diputado de Libre, Jari Dixon, disponibles en su portal de información. Sin embargo, estas imágenes corresponden únicamente a algunos de los proyectos ejecutados en 2023, no a la totalidad de las obras realizadas, constató este medio.

EL HERALDO Plus intentó obtener una reacción de Dixon sobre este caso, pero no se obtuvo una respuesta.

La relación entre Elena Rodríguez y Marco Antonio Suazo tiene raíces en la política partidaria. Ambos fueron candidatos por la Democracia Cristiana en 2017 —Rodríguez al Congreso Nacional y Suazo, entonces pastor evangélico, a la alcaldía del Distrito Central—, sin éxito. En 2021, volvieron a postularse bajo la bandera del partido Nueva Ruta, sin lograr cargos.

Tras esa campaña electoral fundaron la organización Hondupaz, cuyo objetivo, según diversas fuentes, habría sido mantener su presencia política y asegurar acceso a recursos estatales pese a no haber sido electos.

La búsqueda de contacto con ellos fue compleja, ya que en los documentos proporcionados por el gobierno hay múltiples números de teléfono sin confirmación y escasa información oficial.

Sin embargo, dos páginas de Facebook —“Una Honduras por la Paz” y “Hondupaz”— publican supuestas evidencias de los proyectos ejecutados, pero sin datos técnicos, presupuestarios ni georreferenciación que permitan verificarlos.

Finalmente, se logró contacto con Elena Rodríguez a través de un mensaje de WhatsApp. Aceptó brindar declaraciones telefónicas sobre la ejecución de los proyectos y el manejo de los fondos, aunque con respuestas limitadas y sin documentación de respaldo.

En entrevista con EL HERALDO Plus, la presidenta Hondupaz defendió la ejecución de los proyectos comunitarios vinculados al Fondo de Administración Solidaria, asegurando que su función es principalmente de supervisión y que las obras fueron contratadas con empresas formalmente establecidas.

“Nosotros somos los encargados de supervisar que los proyectos se hagan. Contratamos empresas que están legalmente constituidas y que nos entregaron garantías de calidad de obra. Si hay algún problema, se activa esa garantía”, afirmó Rodríguez.

Consultada sobre los plazos de ejecución, Rodríguez explicó que se trata de “obras menores” que requieren entre dos y tres meses para completarse, y que algunas se realizaron antes y durante las elecciones primarias de 2025.

“Un proyecto no se hace en 15 días. Es un proceso. Por eso algunas obras se ejecutaron antes y otras durante el período electoral”, señaló.

Respecto al estatus legal de la organización, sostuvo que Hondupaz fue constituida en 2021, aunque reconoció que obtuvo la certificación de la Dirrsac en 2023, y que cuenta con la autorización del Estado para operar como organización ejecutora de proyectos financiados con recursos públicos y cooperación internacional.

“Nosotros ingresamos la solicitud para crear la ONG en 2021. El Estado autoriza la creación de estas organizaciones, y eso incluye la posibilidad de ejecutar proyectos con fondos gubernamentales o de cooperación. Nosotros hemos trabajado en ambas vías”, argumentó.

Frente a cuestionamientos sobre cómo una organización tan reciente logró acceder a recursos públicos en tan poco tiempo, Rodríguez explicó que la ley permite a las asociaciones civiles participar en este tipo de procesos desde su legalización formal. En ese marco, sostuvo que el acceso a los fondos fue legítimo.

“Esos fondos también están destinados para que puedan ser ejecutados por organizaciones. Así fue cómo accedimos a los recursos”, indicó.

Asimismo, rechazó que la organización haya sido constituida con el único propósito de captar dinero público, como han sugerido algunos sectores críticos. Asegura que Hondupaz fue concebida con una visión más amplia de trabajo comunitario y social.

“Recuerde que como organizaciones, nosotros estamos autorizados por el Estado. La estructura legal permite que ejecutemos proyectos con el gobierno y también con cooperación nacional e internacional. Hemos trabajado en ambas vías”, concluyó.

Tras conocer que Hondupaz no ejecuta directamente las obras, sino que se limita a contratar personal, EL HERALDO Plus emprendió una ruta de verificación para conocer el estado real de los trabajos atribuidos a dicha organización. Se decidió visitar dos de los cuatro municipios cercanos a la capital en los que se reportaron intervenciones: Guaimaca y Talanga.

En el primero se reportó la pavimentación de 250 metros de calle, con un costo de 300,000 lempiras; en el segundo, mejoras en el parque infantil del kínder Bertha A. de Silva por 70,000 lempiras.

La primera parada fue Guaimaca, un municipio donde el recibimiento fue cálido y la disposición de los habitantes permitió conocer de primera mano cómo se ejecutó la obra reportada.

Con base en experiencias anteriores, donde se ha detectado que diputados ubican proyectos en zonas remotas para evitar su fiscalización, EL HERALDO Plus se dirigió primero a la alcaldía municipal para verificar la ubicación exacta de la intervención. Esta vez, la obra no estaba oculta en un caserío alejado, sino en el barrio San José de Suyapa, una zona accesible del casco urbano.

Ahí se ejecutó una obra de pavimentación con cemento hidráulico, pero la autoría que se presume públicamente no coincide con la realidad que los funcionarios y vecinos relatan.

El vicealcalde de Guaimaca, Gustavo Alfredo Pleitez Licona, explicó con claridad que la obra fue ejecutada en conjunto entre la alcaldía y los propios vecinos del sector.

“Nosotros pusimos todo el material, como un millón de lempiras nos costó”, declaró.

“La ONG solo sirvió para pagar empleados. Sí, fue con gestión del diputado Dixon, pero le aclaro: él no hizo esa calle”.

Según Pleitez, la alcaldía aportó la materia prima y la comunidad se encargó de la mano de obra, contradiciendo así el discurso del diputado que se adjudica la ejecución total del proyecto.

Luego de conocer la ubicación de la obra, EL HERALDO Plus se trasladó al sitio. En el lugar, varios vecinos aceptaron brindar su testimonio bajo anonimato, temiendo represalias.

Un poblador afirmó que para concretar el proyecto se exigió una recaudación comunitaria de aproximadamente 140,000 lempiras, destinados a pagar la mano de obra. El aporte se determinaba según el tamaño del terreno de cada propietario:

“A mí me tocó pagar como 10,000 lempiras, mi casa es un poco grande, pero hubo vecinos que pagaron hasta 17,000. Nos dijeron que si no se ajustaba ese dinero, no se hacía la calle”.

Otros vecinos confirmaron que ni la ONG ni el diputado cubrieron ese costo, y que incluso algunos de ellos trabajaron en la obra sin recibir pago externo alguno.

“Aquí nadie nos dio la mano. Esto lo hicimos nosotros. A algunos sí se les pagó algo, pero fue con nuestro dinero, no con el de esa ONG que usted menciona”, aseguró otro poblador.

El equipo constató también que en algunos tramos, los bordillos de la calle no fueron terminados, y se dejó la responsabilidad en manos de los vecinos.

“Aquí dejaron pelón —dijo uno señalando el borde sin terminar— y en la muni nos dijeron que si uno quería lo podía hacer, pero teníamos que pagar más”, indicó un poblador.

Hondupaz, según los testimonios, únicamente pagó por la contratación de algunos empleados, y el diputado gestionó el proyecto, pero no ejecutó ni financió directamente la obra que hoy presume como propia.

De regreso a la capital, luego de una jornada de verificación en Guaimaca, el equipo de EL HERALDO Plus hizo una última parada en el municipio de Talanga. El destino fue el kínder Bertha A. de Silva, centro educativo donde, según informes públicos y publicaciones en redes sociales de la ONG Una Honduras en Paz, se habría realizado una inversión de 70,000 lempiras en infraestructura, pintura y juegos infantiles.

El ingreso al centro no fue restringido. Un par de madres permitieron el acceso del equipo, y contaron lo que realmente ocurrió.

“Lo único que trajeron fueron los juegos. No tienen ni un año y ya están rotos. Lo demás lo hicimos nosotros”, explicó una madre.

En la página de Facebook de Una Honduras en Paz, la publicación sobre este proyecto sugiere que toda la intervención fue obra de la organización. No se menciona, en ningún momento, el aporte económico ni el trabajo físico realizado por los padres de familia, quienes llevaron el peso real del proyecto.

Mientras los videos muestran un espacio colorido, lo que no aparece en pantalla es quién realmente lo hizo posible. Según los padres, la docente del kínder fue quien gestionó, buscó ayuda y encabezó los trabajos, incluso comprando de su bolsillo parte del material.

“La profe es la que se preocupa porque este kínder esté bien. Esa grama sintética la puso ella, y esa plancha de cemento la hicimos nosotros, los padres”, relató otra madre.

En el lugar se observaron áreas de juegos, grama artificial, pintura en algunos muros, y pupitres coloridos. Pero al verlos de cerca, el deterioro es evidente.

“Los pupitres solo los pintaron. La madera está picada, los niños a veces tienen que sentarse de lado o en el suelo porque las sillas están inestables”, dijo una madre, mientras señalaba una de las aulas.

Los padres no niegan que la ONG haya entregado algunos juegos infantiles. Lo que les incomoda es la narrativa que se presenta públicamente, donde se da a entender que toda la mejora del kínder fue resultado de una inversión completa y directa de la organización.

“No estamos en contra de que ayuden, al contrario. Pero no pueden decir que hicieron todo, cuando nosotros fuimos los que trabajamos, pusimos dinero, y seguimos esperando que nos ayuden de verdad”, expresó uno de los padres.

Lo que los padres piden no es reconocimiento, sino soluciones concretas. Necesitan mobiliario nuevo, reparaciones estructurales, techos seguros y espacios dignos para que los niños aprendan sin riesgos.

“Ojalá, esta vez nos escuchen. Aquí hay voluntad, hay comunidad, hay esfuerzo... pero falta el apoyo real de las autoridades o de quienes dicen venir a ayudar”, concluyó un padre, con tono esperanzado pero firme.

Talanga, al igual que Guaimaca, revela una constante: el peso de los proyectos recae en las comunidades, mientras otros los capitalizan como propios. En el caso del kínder Bertha A. de Silva, el trabajo fue hecho por padres, madres y personal docente que, sin recursos, levantaron lo que hoy se presume en redes como una “obra ejecutada”.