La clara intención de los dirigentes del transporte de no querer participar, sino ser los dueños absolutos del Trans 450 solo pone en riesgo el proyecto que dará modernidad y eficiencia al pésimo servicio actual.
Su avorazado deseo de manejar el sistema de transporte masivo que llegará al Distrito Central es sencillamente inconstitucional.
Y es que el edil capitalino Ricardo Álvarez denunció la noche del jueves, luego de la toma que protagonizaron unas 1,200 unidades en 10 puntos de la ciudad que paralizaron las actividades por tres horas, que existe una iniciativa en el Congreso Nacional de reformar el decreto que da luz verde al Trans 450.
La acción de los empresarios del rubro ocasionó caos y anarquía en la ciudad y fue condenada por los usuarios, quienes debieron caminar kilómetros para movilizarse.
Paradójicamente ha sido el único día en el que los capitalino vieron en las calles las desaparecidas unidades amarillas desde la invasión de los denominados “rapiditos”.
Los dueños
En la reunión que sostuvieron los dirigentes del transporte con Álvarez, y que se extendió hasta pasadas las 8:30 de la noche, estos reconocieron su deseo de ser los dueños del sistema de Bus de Transporte Rápido (BTR).
“No queremos participaciones a medias, queremos ser los dueños del Transmetro”, manifestó abiertamente Jorge Lanza, dirigente del rubro.
Los transportistas pidieron al alcalde que les firmara un contrato donde se expresará que ellos manejarían el sistema.
El edil explicó que el único medio para adjudicar el sistema es vía licitación, para lo cual los empresarios del transporte deben someterse al proceso que es regulado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mismo organismo que otorga el préstamo de 600 millones de lempiras para su ejecución.
Al único acuerdo que se llegó en la reunión fue la creación de grupos de trabajo con el fin de lograr un convenio entre las partes y evitar que se realice una nueva paralización.
La estrategia
Para lograr adueñarse del sistema de BTR los transportistas ya introdujeron, con ayuda del diputado olanchano Luis Berríos, una petición de reforma al decreto No. 77-2011, el cual establece el marco legal del proyecto aprobado por el Congreso Nacional el 31 de mayo y publicado en el diario oficial La Gaceta el 8 de julio de 2011.
En la reforma impulsada por el rubro se trastocan los artículos dos y tres, que estipulan que la planeación, construcción, puesta en marcha y gestión integral del programa se desarrollará bajo los estándares de calidad requeridos por el BID.
Mientras el decreto oficial blinda el sistema creando una Unidad Gestora del Programa que depende de la Alcaldía para lograr la autonomía técnica, administrativa y financiera, la petición de los transportistas es que se les otorgue la exclusividad total de la operación de las unidades, rutas troncales y alimentadoras del sistema.
Además la creación de un Comité Consultivo del Bus de Tránsito Rápido (CCBTR), donde los transportistas y la Dirección General del Transporte (DGT) tengan injerencia en su administración.
Las repercusiones
Los coordinadores generales del Trans 450, Erasmo Padilla y Arnoldo Avilés, develaron en una entrevista exclusiva a EL HERALDO las amenazas al proceso que representa este trastoque a la ley.
“En primera instancia el decreto que ellos promueven es inconstitucional, porque una ley es general, no particular para favorecer a un segmento de la población”, explicó Avilés.
Por otro lado, Padilla manifestó que esta acción no solo pone en riesgo el contrato de préstamo de 30 millones de dólares (unos 600 millones de lempiras), sino que echaría por tierra la inversión inicial de 40 millones de lempiras que se ejecutó en los estudios del sistema. “Estos fondos los otorgó el BID, con un préstamo no reembolsable y quedarían echados por tierra si se detiene el proceso”, indicó.
El diputado Erick Amador confirmó que la reforma ya fue introducida al Legislativo, aunque no ha sido debatida.
“No estamos dispuestos a realizar reformas que pongan en precario un proyecto de desarrollo para la capital”, aseveró.
Por su parte, el edil Álvarez llamó a la reflexión a los transportistas para que no se trastoque la ley poniendo en riesgo el préstamo de desarrollo.
“Es extraño que un diputado olanchano busque legislar en contra de un proyecto de la capital, hago un llamado para que no se juegue política con esto”, manifestó.
EL HERALDO
consultó al presidente del Sindicato del Transporte (STU), Marvin Galo, sobre si ellos motivaron la introducción del decreto, pero se negó a contestar la interrogante.
Juzgado de Paz decidirá sanciones a conductores
Las autoridades del Juzgado de Paz decidirán qué sanciones se aplicarán a los conductores irresponsables detenidos durante la paralización del transporte urbano el pasado jueves.
De acuerdo a los reportes, la Policía detuvo a nueve conductores y decomisó 10 unidades en pleno desalojo de vías.
Los operadores del transporte fueron remitidos a la estación de la Metropolitana 1, y luego a la Fiscalía de Delitos Comunes acusados por faltas al orden público.
A la fiscalía entraron 21 conductores, que permanecieron en ese lugar desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada de ayer.
Como la pena no es constitutiva de sanciones penales, se les dictó auto de libertad con remisión al Juzgado de Paz.
Está en manos de esta dependencia decidir si a los detenidos se les aplica una sanción monetaria o de trabajo social comunitario por la violación a la Ley de Convivencia ciudadana.
Mientras tanto las unidades permanecerán decomisadas en el Escuadrón de Tránsito hasta que se arregle la situación de sus dueños.
