Al menos cien elementos de la Policía Nacional de Honduras que estaban asignados a la seguridad de personas particulares fueron
reintegrados
a sus bases policiales para servir en la protección de la población en general.
Héctor Iván Mejía, portavoz de la Secretaría de Seguridad, dijo que estos agentes brindaban seguridad a personas que en su momento presentaron denuncia como víctimas de la delincuencia.
No obstante, estos ciudadanos no finalizaron el procedimiento administrativo, explicó el subcomisionado, que establece acudir a la Fiscalía o al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para que estos organismos dictaran medidas cautelares de protección.
Debido a que no finalizaron esste proceso, las autoridades de la Policía Nacional ordenaron que todos estos agentes regresaran a sus bases policiales y que se reintegren a brindar seguridad a la población hondureña.
Mejía
detalló que eran unos cien agentes los que brindaban seguridad a personas particulares.
Mientras tanto, los agentes deberán cumplir con sus antiguas funciones o sus jefes inmediatos podrán reasignarles sus actividades, enfatizó.
Esta determinación fue tomada cuando el personal administrativo de la Policía realizó una evaluación del personal y detectó que estos agentes estaban asignados a personas particulares.
Cuando se informó a quién estaban asignados, se hizo una investigación para determinar las
causas y se descubrió que estas personas no tenían medidas cautelares de protección debido a que no finalizaron todo el
procedimiento
correspondiente.
Los elementos se sumarán a los demás agentes que brindan seguridad a la población hondureña, que sufre una violencia que deja 25 homicidios al día.
En la capital hondureña, por cada 1,752 habitantes hay solamente un policía, según datos del Observatorio de la Violencia.
En otras ciudades como El Progreso, al norte de Honduras, la relación es de un policía por cada 5,000 habitantes.
Con 13,500 elementos, la Policía hondureña es la quinta fuerza policial de Centroamérica, por encima solo de Nicaragua y Belice, según datos de la Secretaría de Seguridad.
