Tegucigalpa, Honduras
Hace cien días el silencio que impera los fines de semana en los alrededores de los Juzgados de lo Penal, en el barrio La Granja de Comayagüela, fue interrumpido por ráfagas de disparos de fusiles y armas. Era la muerte que anunciaba su llegada.
El anuncio lo hacían un grupo de pandilleros que bajaron de una camioneta y dispararon contra las personas que se encontraban a menos de 500 metros del portón de la sede judicial.
El saldo fue de dos muertos y un herido. Entre las víctimas mortales se identificó a Douglas Barahona y a la abogada Miriam del Cid, quien según el video captado por las cámaras de seguridad de algunos establecimientos, fue rematada por uno de los pandilleros que se acercó a ella y le disparó en la cabeza.
Al cumplirse el centenar de días del crimen, el Ministerio Público no ha logrado judicializar el caso a pesar de contar con videos de los hechos, retratos hablados y la declaración de un testigo protegido.
El testigo
La Fiscalía dijo que como parte de las diligencias revisaría qué casos estaba conociendo la abogada. Las primeras pesquisas indican que ella fue asesinada por la pandilla 18, por no lograr una condena mínima contra un menor acusado por portación ilegal de armas, hijo de “un toro preso en Támara”.
Días antes del atentado, los antisociales llegaron a la oficina de la abogada que atendía a varias personas y al entrar “los pandilleros la encañonaron y estaban discutiendo sobre la condena del menor. El pandillero no entiende de razones y ella empieza a querer explicarle, y él le dio una bofetada y le dijo que si no resolvía las cosas la iban a matar”, contó el testigo en su declaración.
“Solo me tomaron una declaración administrativa, pero a mí no me han llevado ante un juez o un fiscal a declarar, no sé qué es lo que pasa, no sé si es que están protegiendo a alguien o están ocultando algo. Ya estoy desesperado porque nadie me explica en qué condición estoy”, reclamó el testigo al haber transcurrido más de tres meses del hecho.
El testigo fue sacado de su casa por miembros de la Fiscalía y a la fecha no se le ha tomado su declaración de forma oficial, por lo que asegura que se encuentra desesperado al no poder visitar a su familia, a quien no mira hace 85 días.
El testigo pidió “al fiscal general Óscar Chinchilla que por favor hable con el fiscal que lleva el caso de la muerte de la abogada Miriam del Cid para que se me tome mi declaración”. Aseguró que no ha podido salir del país porque le dijeron que “me iban a ir a traer donde estuviera”.
Reacción
El Ministerio Público admitió que la persona está bajo el programa de testigos protegidos y que están esperando la etapa procesal para tomarle la declaración.
“Es una persona de interés para la Fiscalía para investigar el crimen y es por eso que se le está brindando la protección debida”, sostuvo.
La investigación del caso está bajo la responsabilidad de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Fiscalía de Muertes de alto Impacto.
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