Gerardo Guillén, un joven costarricense no vidente, nunca imaginó que una “inofensiva” alcantarilla abierta le causaría severos traumas físicos y psicológicos por el resto de su vida.
En un día normal de labores, mientras se conducía por las calles de San José a su trabajo, sufrió un aparatoso accidente en la vía pública al caer en la permanente amenaza de un tragante sin protección.
En la caída se fracturó su tibia izquierda y sufrió múltiples lesiones, lo que le obligó a estar incapacitado por cuatro meses y le causó una constante sensación de inseguridad al caminar solo, según el reporte médico.
Debido a las fracturas perdió su trabajo y la seguridad para valerse por sí mismo. Desalentado y casi en la calle emprendió un proceso legal en contra la municipalidad de San José, amparándose en la ley y el reglamento local.
Después de agotar la vía administrativa, recurrió a la autoridad judicial de lo Contencioso Administrativo.
El órgano jurisdiccional le dio la razón y condenó a la alcaldía a pagar unos 572,000 lempiras como compensación ante el daño moral y material que sufrió este ciudadano.
Este caso registrado en mayo de 2006 no está alejado de la realidad que podría vivir un capitalino a causa de las decenas de tragantes sin tapadera que se ubican en las calles, avenidas y bulevares de Tegucigalpa y Comayagüela.
Trampas mortales
Las calles del Distrito Central se han convertido en verdaderos corredores mortales debido a la permanencia de enormes cajas receptoras de aguas abiertas y sistemas residuales sin tapaderas.
Para el caso, los vecinos del barrio Lempira viven la misma historia debido a que el sistema pluvial ha permanecido atrofiado por más de diez años, con la diferencia de que ninguna de las personas que ha caído en los mortales agujeros ha demandado a la comuna capitalina.
“Esto es insoportable, no sabemos si son aguas lluvias o negras, porque ahora han empezado a desprender un olor fétido”, se quejó Gerardo Panameño, residente del lugar.
Entre la octava y novena avenida, 14 y 15 calle del Sendero 14B, se forma una laguna artificial de aguas pluviales y residuales que se desborda en época de lluvia hasta inundar las casas de la cuadra.
Panameño relató que el problema tiene años de ocurrir ante la desidia de las autoridades locales, pero que en los últimos tres meses se agudizó.
Asimismo, se han reportado varias personas fracturadas al caer en los tragantes abiertos que permanecen ocultos por la poza de agua.
Lo mismo ocurre en los bulevares Morazán, Suyapa, Kuwait y Comunidad Económica Europea (CEE), y el mismo anillo periférico, donde los sistemas de drenaje ubicados en las aceras y en las orillas de calle carecen de la protección de rigor.
A la lista se suman diferentes barrios y colonias como Las Lomas del Guijarro, La Granja, Izaguirre, San Ignacio, Morazán, Nueva Suyapa, EL Carrizal, Kennedy, La Leona, La Ronda y las siete avenidas de Comayagüela.
Aguas pluviales
El encargado de alcantarillado sanitario del Servicio de Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados (SANAA), Jorge Pérez, aseguró que la mayoría de tragantes que hay en el Distrito Central pertenecen al sistema de aguas pluviales, es decir, son recolectores de agua lluvia.
Sin embargo, reconoció que existen problemas de alcantarillas de aguas negras destapadas, ya que las tapaderas son constantemente robadas.
“En el Sanaa hay problemas con las tapaderas de alcantarillado y este flagelo es producto de la ola de delincuencia a la que está sometida la institución”, expresó.
Pérez develó que de un 100 por ciento del total de pozos colectores que están a cargo de la institución, un 15 por ciento permanecen destapados en Tegucigalpa y Comayagüela.
“La población no nos permite que tengamos por mucho tiempo un pozo colector del Sanaa a la intemperie por el grado de contaminación ambiental que representa”, manifestó.
El funcionario reveló que la única forma que tienen para dar respuesta a este problema es por vía de la denuncia de la población. Se cambian entre tres y seis tapaderas diarias, dijo.
“El robo de tapaderas ha disminuido de manera considerable porque las nuevas son fabricadas de concreto o de un material plástico conocido como polietileno', aseguró.
Colapso de tragantes
Por su parte, las autoridades de la comuna reconocieron que hay un gran déficit de rejillas de desagüe en las dos principales ciudades.
Según Dagoberto Padilla, jefe de las empresas de microbarrido de la capital, de las más de 1,500 cajas receptoras de aguas lluvias a las que la Alcaldía debe dar mantenimiento, unas 800 están destruidas y abiertas.
Para resolver este gran reto, indicó que por lo menos tres cuadrillas de cinco personas cada una están asignadas a taparlas. Sin embargo, apenas se logra intervenir tres tragantes diarios.
Proceden demandas
Esta desidia de las autoridades del SANAA y de la Alcaldía podría traducirse en millonarias demandas.
Según Fátima Reyes, especialista en derecho administrativo, igual que el caso en Costa Rica, los capitalinos podrían entablar una demanda legal por un percance similar.
“Claro que se puede, debido a que el Estado debe proteger el bienestar de sus ciudadanos a través de todos sus organismos”, explicó Reyes.
En caso de ocurrir, primero el afectado tendría que averiguar a qué ente le corresponde el mantenimiento de la estructura, si a la Alcaldía o al SANAA, detalló la abogada.
“Luego el afectado tendría que recurrir a un proceso administrativo para deducir responsabilidades, o sea hacer el reclamo formal a la institución encargada'.
En caso de no obtener una resolución, el caso pasaría al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, órgano que vigila todos los entes que conforman el Estado.
Si en esta instancia no se tiene una respuesta favorable, la persona puede recurrir a un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia.
Incluso, la abogada aseguró que el perjudicado puede ampararse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si agotó todas las vías legales del país.
“Lo que pasa es que el hondureño, debido a que desconoce las leyes, no está acostumbrado a exigir lo que le corresponde”, lamentó.
La protección al ciudadano deber ser una prioridad, al grado que se podría demandar al Estado sin ni siquiera haber ocurrido el accidente, solo por estar bajo riesgo de caer en un agujero, reveló.
Las misma Ley de Municipalidades establece en el artículo 24, numeral 3, que todo ciudadano podrá reclamar por los actos, acuerdos o resoluciones de la municipalidad y deducirle responsabilidades.
El artículo 13 indica que la Alcaldía es responsable de la construcción de redes alcantarillado pluvial, así como su mantenimiento y administración.
