Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) exhortó al Congreso Nacional a asignar más presupuesto a las instituciones encargadas de combatir la criminalidad tras las reformas al Código Penal y Código Procesal Penal.
El director de Seguridad y Justicia de la ASJ, Nelson Castañeda, advirtió que los cambios legales deben acompañarse de un presupuesto adecuado, y aseguró que mantener los mismos recursos financieros podría limitar los resultados esperados de las nuevas disposiciones contra los grupos criminales.
"Estas reformas que se han hecho a las diferentes leyes y reglamentos necesitan de presupuesto, si pretendemos ir a 2027 con este tipo de reformas con el mismo presupuesto, definitivamente difícil se van a tener los resultados que se han prometido en el trayecto de la construcción de estas reformas", explicó Castañeda.
El representante de la organización señaló que la implementación de las nuevas disposiciones requiere fortalecer la logística de las instituciones responsables de investigar, perseguir y sancionar los delitos.
Coordinación entre instituciones de justicia
Castañeda también destacó la articulación que, según indicó, existe entre el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia (CSJ), y la Policía Nacional para desarrollar acciones conjuntas contra las estructuras criminales.
"Estamos viendo una articulación muy importante, un Ministerio Público, una Corte Suprema de Justicia y Policía Nacional trabajando con visión clara, con líneas estratégicas ya definidas, un plan y una agenda definida en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad; y esperamos que esa articulación y esa armonía continúe, porque mientras estas instituciones trabajen de manera articulada, la efectividad tendrá ser altamente efectiva", manifestó.
El director de Seguridad y Justicia de la ASJ también consideró que la continuidad de esa coordinación será importante para alcanzar los resultados esperados con las reformas legales.
Rendición de cuentas
Ante un panorama de cambios penales, el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional, Kilvett Bertrand, confirmó que se priorizará la asignación de mayores recursos financieros para el próximo ejercicio fiscal.
La decisión responde a la necesidad de respaldar las operaciones contra el crimen organizado, cuyo sostenimiento requiere recursos económicos para las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Sin embargo, Bertrand señaló que el incremento presupuestario estará acompañado de mecanismos de supervisión para conocer los resultados de las instituciones beneficiadas.
"Hemos hablado con los operadores de que trimestralmente nos vamos a estar sentando con ellos para que nos den un informe claro de cuáles son los resultados que se están teniendo en esta lucha", apuntó.
No obstante, el 5 de septiembre, el ministro de Finanzas, Emilio Hercules, explicó que el Presupuesto General de la República para 2027 ascenderá a 457 mil millones de lempiras, lo que representa un incremento de 13 mil millones respecto a 2026.
Entre las principales prioridades contempladas para el próximo ejercicio fiscal figuran Educación, Salud, Seguridad y Defensa, cuatro sectores considerados de mayor peso dentro de la planificación gubernamental.
¿Qué establecen las reformas?
El Congreso Nacional aprobó el 27 de octubre las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, que incluyen modificaciones relacionadas con las sanciones y los procedimientos contra integrantes de estructuras criminales.
Entre los principales cambios figura el incremento de las penas de prisión para los miembros de estas organizaciones, con condenas que pasan de 30 a 40 años de cárcel.
Asimismo, las reformas contemplan la posibilidad de realizar allanamientos sin una orden judicial previa durante operaciones interinstitucionales contra objetivos identificados como integrantes de estructuras criminales.
Otro de los cambios modifica el plazo para presentar el requerimiento fiscal contra personas detenidas por delitos vinculados con estas estructuras. La normativa contempla ampliar el período de 24 a 48 horas en los casos previstos.
Tras las reformas, la ASJ insistió en que la asignación de recursos económicos será determinante para que las instituciones puedan desarrollar las reformas aprobadas y alcanzar los objetivos planteados en materia de seguridad y justicia.