Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional proyecta incorporar más de 30,000 nuevos funcionarios durante los próximos cuatro años, con el objetivo de ampliar su presencia en el territorio hondureño y reforzar las operaciones contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales.
La expansión elevaría la cantidad de miembros de la institución de los actuales 24,000 a aproximadamente 54,000, una vez que se concrete el proceso de contratación y formación del nuevo personal.
La proyección se plantea en el contexto de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, aprobadas por el Congreso Nacional, que contemplan sanciones más severas contra las organizaciones delictivas y los grupos declarados terroristas.
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, reveló a EL HERALDO que la institución necesita aumentar su membresía para fortalecer la seguridad en diferentes comunidades del país y recuperar espacios afectados por el control de las estructuras criminales.
“Hay una necesidad de una membresía de arriba de 30,000 funcionarios policiales, en estos cuatro años esperamos llegar a esa cifra con un crecimiento, tenemos nuestro propio sistema de reclutamiento un sistema de educación robusto que nos permite formar a nuestro funcionario bajo estándares de calidad”, aseguró.
Las reformas penales contemplan, entre otras disposiciones, sanciones contra quienes recluten a menores de edad para incorporarlos a organizaciones delictivas, así como medidas relacionadas con los allanamientos sin orden judicial.
Territorios bajo intervención
El incremento de la cantidad de policías también busca fortalecer las operaciones en sectores que las autoridades identifican como prioritarios por la presencia de grupos criminales.
Según Oseguera Mass, entre las zonas focalizadas figuran territorios de la región centro-occidental y del sur del país, donde pequeños grupos mantienen disputas relacionadas con actividades del narcotráfico.
“Vamos a encontrar algunos territorios que ya tenemos focalizados en todo el territorio nacional, por ejemplo, lo que ocurre en Choluteca, en Comayagua, la entrada a Copán, donde pequeños grupos generan muerte atacando, peleando esquinas para la venta de narcotráfico”, expresó.
Señaló que Honduras comparte medidas con otros países de América Latina para reconocer a determinadas organizaciones criminales como grupos terroristas, donde figura El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Argentina.
Depuración y controles internos
El crecimiento de la planilla policial plantea una interrogantes sobre la capacidad de la institución para garantizar que los nuevos funcionarios cumplan con los estándares de integridad y profesionalismo necesarios para ejercer sus funciones.
El criminalista Gonzalo Sánchez consideró que, además de incrementar el número de agentes, las autoridades deben impulsar procesos de depuración en los organismos encargados de la seguridad y la administración de justicia.
Sánchez advirtió que existen señalamientos de corrupción contra policías, jueces y fiscales, por lo que consideró necesario atender esos problemas antes de confiar únicamente en el aumento de efectivos.
“Hay que depurar la Policía Nacional, hay críticas de corrupción contra policía, eso no se va a negar; hay policías dentro de la institución corruptos y algunos están coludidos con el crimen organizado, porque eso no hay confianza en el sistema de justicia; con buenas prácticas eso puede cambiar”, aseguró.
El especialista insistió en que el fortalecimiento policial debe acompañarse de medidas para combatir la corrupción y prevenir posibles vínculos de funcionarios con organizaciones criminales.
Por su parte, el abogado Germán Leitzelar, quien en el pasado reciente formó parte de la revisión de Comisión Especial de la Depuración Policial, consideró que un eventual aumento de agentes requiere mecanismos especializados de selección y preparación del personal.
El profesional señaló que la incorporación de nuevos funcionarios no debe limitarse a incrementar la cantidad de personas dentro de la institución, sino que debe garantizar una formación adecuada para responder a las exigencias de las reformas penales.
“La selección de policías debe ser muy especializada, la logística no es de abrir una puerta para que entre un montón de gente, se necesita entrenamiento y capacitación”, aseguró.
Leitzelar también recordó que la Policía Nacional debe mejorar sus procesos de preparación y entrenamiento para responder a las necesidades de seguridad.
“La logística no es abrir una puerta para que entre un montón de gente; se necesita entrenamiento y capacitación, porque el tema de la seguridad es algo muy delicado”, apuntó.
Respeto a la ley
El analista político Lester Ramírez manifestó que ve “con buenos ojos” las iniciativas del Congreso Nacional. Sin embargo, consideró que los operadores de justicia deben garantizar la preparación adecuada de los futuros agentes.
A su criterio, el fortalecimiento de la institución requiere policías profesionales, con el equipamiento necesario y conscientes de los límites que establece la legislación.
“Yo creo que hay que verlo con buenos ojos, siendo alguna la policía es muy importante. Debe ser una policía profesional, una policía con el equipamiento necesario, pero también una policía que conozca cuáles son sus límites, con los que respetar la ley, con los que respetar los derechos de las personas”, aseveró.
Ramírez también señaló que la aplicación de las reformas dependerá de los recursos materiales y financieros, así como de la capacidad de las autoridades para mantener presencia en las zonas con mayores problemas de criminalidad.
“El éxito de la implementación depende de los recursos materiales y financieros, de la capacidad de poder estar en lugares calientes, presentes y poder también aplicar la ley. Y eso aplicar la ley no solamente implica aplicar el Código Penal, sino también asegurar un debido proceso”, apuntó.
Cambios en el procedimiento penal
Las reformas penales también incluyen modificaciones relacionadas con el plazo para presentar un requerimiento fiscal contra personas detenidas por delitos vinculados con estructuras criminales.
La propuesta contempla ampliar de 24 a 48 horas ese período en los casos previstos por la normativa. Con estos cambios, la expansión de la Policía Nacional se presenta como uno de los componentes del nuevo esquema de seguridad.
No obstante, las valoraciones de los especialistas apuntan a que el incremento de agentes deberá acompañarse de procesos de selección rigurosos, capacitación, depuración institucional y garantías para el respeto de los derechos ciudadanos.
