Tegucigalpa, Honduras. -Con la entrada en vigor del Decreto Legislativo 269-2026, se establece un mecanismo temporal para centralizar los activos financieros incautados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT).
El decreto dispone que la Secretaría de Finanzas (Sefin), en coordinación con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para ejecutar el traspaso íntegro del dinero y los productos financieros confiscados a estructuras criminales.
Los recursos centralizados tendrán como propósito fortalecer las capacidades logísticas y operativas de los operadores de justicia y defensa frente a la delincuencia organizada.
De acuerdo con las disposiciones del decreto, los capitales ingresados a la Cuenta Única del Tesoro se mantendrán debidamente identificados para garantizar su trazabilidad absoluta durante su asignación a las dependencias beneficiarias.
La distribución de estos fondos estará a cargo de la Sefin, destinándolos de manera directa a la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la OABI, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (DNII) y la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC).
Adicionalmente, el marco legal autoriza a las instituciones receptoras a emplear dichos recursos en la adquisición de bienes, así como en la contratación de obras y servicios bajo los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas, exceptuando de esta distribución los montos decomisados en el caso Koriun Inversiones.
Ante la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales competentes emitan fallos definitivos que ordenen la devolución total o parcial de los capitales a particulares, el Estado de Honduras asume la responsabilidad ineludible de garantizar la restitución de los recursos.
La devolución comprenderá el valor monetario equivalente de acuerdo con el registro o avalúo existente al momento de la incautación, sumando los rendimientos e intereses legales correspondientes.
Para hacer efectiva esta restitución a los legítimos propietarios cuando la justicia lo determine, la Secretaría de Finanzas dispondrá de un plazo improrrogable de tres meses para reintegrar los fondos a la OABI.
