Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional mantendrá una fiscalización permanente sobre los operadores de justicia y seguridad para asegurar que las cuatro reformas penales recientemente aprobadas y vigentes no queden en papel mojado ni se reduzcan a despliegues coyunturales, exigiendo informes de resultados de manera periódica.
Las autoridades del Poder Legislativo establecieron un mecanismo de seguimiento institucional para evaluar el impacto de las nuevas herramientas legales otorgadas a los cuerpos de seguridad, garantizando que el combate frontal contra las estructuras criminales se mantenga de forma sostenida en todo el territorio nacional.
La estrategia de control legislativo busca blindar el marco punitivo y evitar que la normativa pierda efectividad operativa en los tribunales o en las labores de interdicción policial.
"Hemos hablado con los operadores que trimestralmente nos vamos a estar sentando con ellos para que nos den un informe claro de cuáles son los resultados que se está teniendo en esta lucha", manifestó Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional.
Como resultado de la implementación de las normativas de seguridad y los operativos de saturación, hasta el 10 de noviembre, las fuerzas del orden reportan la captura de 251 personas vinculadas a actividades ilícitas bajo el denominado Plan de Seguridad Escudo de Honduras.
Del total de aprehensiones registradas en el marco de esta ofensiva estatal, 145 sujetos fueron detenidos específicamente por el delito de asociación terrorista, siendo recluidos de inmediato en centros penitenciarios de máxima seguridad para neutralizar su accionar delictivo.
El desglose operacional de las detenciones detalla la captura de 68 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), 48 miembros activos de la Pandilla 18 y 29 individuos vinculados a la estructura criminal conocida como el Cártel del Diablo.
"El que perdona a los malos afecta a los buenos; no podemos nosotros aplicar perdón o andar con medias tintas con los humanos que lastimosamente se equivocaron y llenaron de sangre nuestras calles", enfatizó Bertrand.
El esquema de rendición de cuentas impulsado desde el Congreso involucrará de manera transversal a todas las instituciones encargadas de la persecución penal, el procesamiento judicial y la custodia de los infractores en el sistema carcelario.
La Comisión de Defensa advirtió que la solidez de la estrategia de seguridad depende de cada uno de los eslabones que componen el sistema de justicia, por lo que no se tolerarán debilidades institucionales ni vacíos de coordinación.
"A todos le pediremos cuentas: a la Policía Nacional, Policía Militar, al Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, a todos los operadores, que están de frente en esta lucha contra el crimen organizado", aseveró Bertrand.
Ante la magnitud del desafío operativo contra el crimen organizado, el Congreso Nacional confirmó que se priorizará la asignación de mayores recursos financieros para el próximo ejercicio fiscal, bajo la premisa de que el sostenimiento de las operaciones antiterroristas requiere un robusto respaldo económico.
"Se tiene que incrementar presupuesto; como decía Napoleón Bonaparte, las guerras solo se ganan con dinero, dinero y más dinero, y estamos en una guerra contra los terroristas", agregó el diputado nacionalista.
