Tegucigalpa, Honduras.- La Procuraduría General de la República (PGR) concretó una reducción del 68.27% en el gasto anual destinado al pago de honorarios de bufetes jurídicos internacionales encargados de representar a Honduras en litigios arbitrales y judiciales en el extranjero.
De acuerdo con un análisis de contratos y de 170 oficios de pago emitidos entre 2023 y 2026, al que tuvo acceso este rotativo, el desembolso pasó de 4,210,000 dólares registrados en 2025; último año de la administración anterior, a 1,336,000 dólares proyectados para el actual ejercicio fiscal.
El ahorro anual consolidado bajo la gestión del procurador general, Dagoberto Aspra, asciende a 2,874,000 dólares, optimizando los recursos públicos destinados a la defensa legal del país sin descuidar la cartera de demandas internacionales.
Los datos detallan que entre 2023 y 2026 se han erogado un total de 8,149,738.55 dólares en honorarios a firmas extranjeras, de los cuales el 83.61% corresponden al periodo previo y el 16.39% a la administración en curso.
El comportamiento financiero de la gestión pasada reflejó una escalada sostenida en las erogaciones, partiendo de 633,738.55 dólares en 2023, elevándose a 1,970,000 dólares en 2024 y alcanzando un pico de 4,210,000 dólares en 2025.
En contraste, la actual administración redujo los costos operativos a 1.34 millones de dólares en 2026, situándose incluso por debajo de las cifras ejecutadas en 2024, pese a mantener una carga litigiosa mayor con la incorporación de nuevos arbitrajes.
Uno de los ajustes presupuestarios más significativos se ejecutó en la estrategia de defensa frente al millonario arbitraje entablado por Próspera ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas Inversiones (CIADI), cuya cuantía asciende a 1,630 millones de dólares.
Durante 2025, la representación de este proceso recaía de manera simultánea en dos firmas internacionales de alto costo: Foley Hoag, que percibía 600,000 dólares anuales, y Jana & Gil Abogados, con 240,000 dólares.
Bajo la nueva directriz institucional, la defensa de este proceso fue centralizada exclusivamente en Jana & Gil por un monto de 150,000.00 dólares anuales, eliminando el contrato duplicado de Foley Hoag y generando un ahorro directo sustancial en este litigio.
El informe financiero revela que las firmas jurídicas que continúan prestando servicios al Estado aplicaron rebajas sustanciales en sus tarifas mensuales y honorarios anuales en comparación con el ejercicio fiscal previo.
En el caso de Foley Hoag, el presupuesto anual se redujo de 2,120,000 dólares; incluyendo el pago único del caso Farmer por 310,000 dólares; a 542,000 dólares en 2026, lo que representa una disminución del 74.43%. Los casos activos de esta firma experimentaron recortes de entre 16.67% en Eléctricas de Medellín y 62.50% en Inversiones y Desarrollos Energéticos.
Por su parte, Jana & Gil Abogados; la firma con mayor número de expedientes activos; vio disminuir su asignación de 1,440,000 dólares en 2025 a 794,000 dólares en 2026, reflejando una rebaja del 44.86% tras renegociar las tarifas mensuales de sus casos vigentes.
Pese a incorporar dos arbitrajes que no existían en 2024, identificados como EMCO Holding Inc. y Overseas Real Estate LLP, la PGR logró disminuir el costo global de la representación internacional.
En el caso de EMCO, aunque el contrato anual sube de 105,000 a 110,000 dólares debido a que en 2025 cubrió únicamente seis meses, su costo mensual real disminuyó de 17,500 a 9,166.67 dólares, equivalente a una reducción del 47.62%. Una dinámica similar se registra con Overseas Real Estate, cuya tarifa mensual bajó un 54.29%.
Paralelamente, la PGR reportó logros procesales importantes, como la victoria obtenida por el Estado de Honduras en el arbitraje JLL Capital ante el CIADI durante la actual gestión, cuyos honorarios también fueron reducidos en un 54.29%.
La validación de estas cifras se fundamenta estrictamente en los montos fijados por contrato y en los oficios de transferencia remitidos al Banco Central de Honduras.
Trabajo
La reducción del gasto en honorarios de firmas internacionales por parte de la PGR generó reacciones favorables en diversos sectores, destacando la capacidad de negociación institucional para recortar costos sin descuidar los litigios arbitrales.
Especialistas en materia legal y fiscal valoraron positivamente que la disminución de los desembolsos se ejecute manteniendo firme la representación del país en tribunales extranjeros frente a demandas de alta complejidad.
"Esto manda un mensaje de que hay capacidad en la PGR; me alegra por el trabajo que está haciendo el abogado Dagoberto Aspra", manifestó Lester Ramírez, abogado y analista político.
El experto subrayó que el reajuste tarifario logrado con los bufetes externos evidencia la existencia de lecciones aprendidas y una mejor estrategia en la defensa de los intereses patrimoniales de la nación.
Asimismo, indicó que la obtención de fallos favorables en sedes arbitrales internacionales fortalece la posición jurídica del Estado y otorga mayor certidumbre institucional.
"Eso es muy positivo y quiere decir que hay algo que está pasando para bien en la Procuraduría, que hay lecciones aprendidas, hay capacidad para representar al país", afirmó Ramírez.
El especialista añadió que el éxito en la gestión de expedientes complejos demuestra que el equipo técnico actual responde adecuadamente a las exigencias del fuero internacional.
"El efecto que produce es que genera una imagen de que hay capacidad en la Procuraduría y eso también demuestra que el Estado como tal está cuidando bien sus intereses", valoró el abogado.
El analista advirtió que el Estado enfrenta mayores presiones financieras en otros frentes litigiosos, particularmente en las demandas de carácter laboral derivadas de separaciones de personal durante los cambios de administración gubernamental.
