Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional alista la presentación de un nuevo paquete normativo orientado a incorporar de manera obligatoria a los privados de libertad de mínima y mediana seguridad en labores sociales productivas, con el objetivo de compensar los costos de su manutención carcelaria.
La propuesta busca reformar las normas penitenciarias para garantizar que la población penal apta retribuya a la sociedad los daños ocasionados por la comisión de delitos, financiando parte del recurso público destinado al manejo del sistema de reclusión nacional.
Entre los ejes principales destacan la fabricación de pupitres escolares utilizando madera incautada por el Estado que se encuentra en riesgo de deterioro, así como la confección masiva de uniformes para los estudiantes del sistema educativo público.
"Lo que anunciábamos es algunas reformas, que ya se está trabajando, para que los privados de libertad de mínima y mediana seguridad, que ellos tienen que trabajar en la reinserción social y tienen que pagar también por los daños a la sociedad", manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
Se prevé la presentación formal de la iniciativa de trabajo carcelario durante las próximas sesiones, coordinando con la Secretaría de Finanzas el equipamiento de los talleres en los centros penales.
"Consideramos que el privado de libertad también tiene que pagar y retribuir el daño que le causa a la sociedad y el gasto que le causa al pueblo hondureño; queremos ver si la presentamos la semana que viene", agregó el presidente del Congreso Nacional.
Programas
Actualmente, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) ejecuta proyectos de trabajo técnico y reinserción vocacional en diversos reclusorios del país en alianza con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). A través de talleres de carpintería, costura, zapatería y agricultura, los internos fabrican artesanías, calzado y mobiliario dentro de los módulos de reclusión.
A estas labores intramuros se suman las brigadas comunitarias integradas por privados de libertad que gozan de beneficios de preliberación o bajo riesgo, quienes realizan labores de acondicionamiento de escuelas públicas y mantenimiento de infraestructura local.
Las cifras oficiales del INP reflejan que los programas de preliberación y trabajo comunitario benefician gradualmente a grupos seleccionados de reos.
Solo mediante la revisión de expedientes para la concesión del beneficio de preliberación; que incluye la reinserción laboral externa y obras comunitarias; se proyecta el otorgamiento paulatino de esta medida a cerca de 800 privados de libertad que han cumplido con los requisitos de la Ley del Sistema Penitenciario.
Por otro lado, dentro de los 25 centros penales del país, más de 2,800 internos se encuentran integrados activamente en programas educativos de educación básica y media. A su vez, varios cientos participan de forma rotatoria en los talleres coordinados con el INFOP.
Con la reforma promovida desde el Congreso Nacional, se busca que la totalidad de la población penitenciaria de mínima y mediana seguridad quede obligada por ley a integrarse a la producción masiva de bienes escolares.
Seguimiento
Paralelo a las reformas de reinserción productiva, el titular del Legislativo confirmó que las operaciones de saturación y despliegue militar continuarán ejecutándose de forma permanente en los sectores urbanos con mayor índice delictivo del país.
La estrategia de contención abarca los municipios de San Pedro Sula, Choloma y la totalidad del departamento de Cortés, atendiendo a las solicitudes planteadas por los pobladores y sectores productivos de la región norte.
"Esta lucha contra la delincuencia es de carácter general, es en todo el país, es en todo el territorio; a los habitantes de Cortés y San Pedro Sula les podemos decir que San Pedro Sula no es la excepción", explicó Zambrano.
El titular del congreso recalcó que las intervenciones no constituirán despliegues temporales, asegurando una presencia permanente de las fuerzas del orden sin pausas operativas durante los periodos festivos de fin de año.
"Esta lucha es de carácter permanente, no es que vamos a estar de que la semana anterior hubo operativos y esta semana van a descansar; eso no nos lo vamos a permitir", enfatizó Zambrano.
Para monitorear el impacto de las recientes leyes de contención aprobadas en el hemiciclo, las autoridades parlamentarias establecerán mesas de trabajo continuas con los mandos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y Poder Judicial.
Las reuniones de rendición de cuentas entre los operadores de defensa y el Poder Legislativo se desarrollarán de forma mensual para ajustar las estrategias operativas y medir los avances en la reducción de la criminalidad.
