Tegucigalpa, Honduras.-El Decreto No. 227-2026, que reforma la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito para permitir la distribución anticipada de recursos económicos incautados por el Estado, entró en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
La normativa modifica el artículo 78 de esa legislación y autoriza el uso anticipado de los activos líquidos administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Con esta reforma, las autoridades podrán disponer de aproximadamente 1,200 millones de lempiras que permanecían en cuentas bancarias, depósitos en efectivo y títulos valores, a la espera de sentencias judiciales firmes.
El mecanismo faculta al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para aprobar la transferencia de hasta el 100% de los fondos incautados a los operadores de justicia y a los organismos encargados de la defensa y seguridad nacional.
"Excepcionalmente, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), mediante acuerdo debidamente motivado, podrá autorizar la distribución anticipada de hasta un ciento por ciento del dinero en efectivo, depósitos bancarios, títulos valores, productos financieros, réditos y demás activos líquidos legalmente incautados que se encuentren bajo administración de la OABI", cita la reforma aprobada.
La tabla de distribución presupuestaria fijada en el decreto asigna un 25% de los recursos a la Secretaría de Defensa y otro 25% a la Secretaría de Seguridad, destinados a fortalecer la operatividad del ejército y las fuerzas policiales.
Asimismo, el Ministerio Público y el Poder Judicial percibirán cada uno un 15% del total de los fondos, mientras que la OABI conservará un 10% para sus gastos de administración y preservación de bienes.
El 10% restante del presupuesto disponible se dividirá en partes iguales entre la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (DNII) y la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC), con un 5% para cada entidad.
"La distribución anticipada no modificará la naturaleza cautelar de la incautación, no constituirá comiso, privación definitiva del dominio, transferencia de propiedad ni reconocimiento de titularidad a favor del Estado o de las instituciones beneficiarias", establece el decreto publicado.
Para salvaguardar los derechos de eventuales titulares que obtengan resoluciones absolutorias en los tribunales, la Secretaría de Finanzas deberá registrar el monto transferido como una obligación contingente de restitución.
En caso de que un juez ordene la devolución de los bienes, el Estado asumirá el compromiso legal, incondicional e ineludible de reponer de forma íntegra el capital y los intereses correspondientes a través del presupuesto general.
La norma prohíbe expresamente la distribución de fondos que afecten derechos de víctimas o compromisos de cooperación internacional, exceptuando además de forma directa el dinero incautado en el caso de la financiera Koriun Inversiones.
