San Salvador, El Salvador.- Los inversionistas no perderán sus aportaciones y el dinero incautado a Koriun no será utilizado para otros fines. Lo anterior fue asegurado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien afirmó que la reforma aprobada para destinar recursos incautados a las instituciones encargadas de combatir la criminalidad no afectará a los ciudadanos implicados.
La aclaración surge luego de que se presentaran inquietudes sobre las posibles implicaciones de la reforma aprobada para destinar bienes y recursos incautados durante procesos judiciales a temas de seguridad.
"Les aseguramos desde el Congreso que el dinero de Koriun, perteneciente a los ciudadanos que fueron estafados, no está incluido en esta reforma para el manejo de esos fondos que tendrán a su disposición la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, la Policía Nacional, Inteligencia y la Agencia Nacional contra el Delito”, expresó Zambrano ante la prensa desde la ciudad de San Salvador, El Salvador, donde se encuentra realizando un recorrido junto a otros diputados para conocer el modelo de seguridad implementado en el vecino país por el presidente Nayib Bukele.
Koriun Inversiones fue una estafa financiera y un esquema Ponzi (o piramidal) ilegal en Honduras que afectó a unos 35,000 ahorristas y manejó decenas de millones de lempiras.
Prometía un rendimiento del 5% semanal (equivalente a un 20% mensual) y asegurar la recuperación del capital en pocos meses, pero se descubrió que operaba sin la autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y no figuraba en registros oficiales financieros.
La medida aprobada busca que los organismos de seguridad y justicia puedan disponer de recursos sin tener que esperar a que los procesos judiciales concluyan con una sentencia definitiva.
El alcance de la reforma comprende dinero en efectivo, depósitos bancarios, títulos valores, productos financieros, réditos y otros activos líquidos legalmente incautados; no establece una autorización general para disponer de cualquier bien físico decomisado o incautado.
Con la reforma, las instituciones podrán recibir parte de los recursos antes de que finalicen los procesos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la ley.
Distribución
La disposición contempla que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad autorice el uso anticipado de hasta el 100% del dinero incautado que permanezca bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
La distribución de los fondos deberá contar con una autorización debidamente justificada y cumplir los requisitos legales establecidos para su utilización.
Según el esquema aprobado, el 25% de los recursos autorizados corresponderá a la Secretaría de Defensa y otro 25% a la Secretaría de Seguridad.
Por su parte, el Ministerio Público y el Poder Judicial recibirán un 15% cada uno, mientras que la OABI contará con el 10% de los fondos.
El 10% restante se dividirá en partes iguales entre la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación y la Agencia Nacional contra el Crimen.
