Tegucigalpa, Honduras.- En una contundente postura orientada a reestructurar la cadena de seguridad del país, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció este miércoles que el Poder Legislativo impulsará un proceso de depuración en las instituciones encargadas de impartir justicia en Honduras.
La medida se suma a las reformas recién aprobadas para endurecer el régimen de confinamiento de reos peligrosos.El anuncio surge inmediatamente después de que el pleno del Congreso aprobara por unanimidad un paquete de enmiendas a la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Dichas reformas buscan frenar la operatividad criminal dentro de los reclusorios y responder a las determinaciones adoptadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) el pasado 18 de septiembre.
"Tenemos también que trabajar en la depuración de los operadores de justicia; les estamos dando la confianza, el apoyo y las herramientas, pero hay que verificar si existe alguien vinculado a acciones al margen de la ley", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
El titular del Poder Legislativo argumentó que la estrategia de seguridad pública debe fortalecer cada uno de los eslabones involucrados en la contención del crimen organizado. En ese sentido, calificó la administración de los centros penitenciarios como uno de los pilares que requerían una intervención normativa inmediata para evitar fallas procesales y operativas.
Las enmiendas aprobadas facultan la implementación de bloqueos e interferencias electrónicas en las comunicaciones dirigidas a los imputados declarados como miembros de grupos terroristas.
Asimismo, imponen severas restricciones y un esquema de supervisión continua sobre las visitas de familiares y abogados defensores para evitar que sirvan de enlaces informativos con el exterior.
"Hay varias reformas que vienen en los próximos días: tenemos la reforma al Código Penal y Procesal Penal que se ingresó y esperamos que la Corte Suprema de Justicia tenga su opinión en dos o tres días", adelantó Zambrano.
El paquete normativo establece que los sospechosos vinculados a organizaciones terroristas deberán ser recluidos de forma preventiva en cárceles de máxima seguridad, indistintamente de que hayan recibido una condena mediante sentencia firme. Esta disposición responde al plan gubernamental para aislar de forma expedita a los liderazgos de maras y pandillas.
Frente a las probables cuestionamientos de sectores u organizaciones internacionales por el impacto de estas enmiendas en las garantías individuales, el jefe de la Cámara Legislativa fue enfático al fijar la posición institucional del Parlamento ante el debate.
"O se respetan los derechos humanos de los delincuentes o los del pueblo hondureño; si alguien se queja o alza la voz puede acudir a la Corte Suprema de Justicia con recursos de inconstitucionalidad", sentenció el titular del Congreso Nacional.
Zambrano remarcó que los resultados sostenibles contra la criminalidad solo se obtendrán mediante la aplicación de leyes rigurosas que cierren cualquier margen de impunidad.
En paralelo, confirmó que el sistema penitenciario ya ejecuta un plan de reordenamiento de privados de libertad para liberar espacios de contención.
El reacomodamiento de reclusos de baja peligrosidad permitirá habilitar 950 cupos en los módulos penitenciarios destinados a criminales de alto riesgo. A su vez, el marco legal vigente manda a la construcción de nuevos recintos carcelarios cuya ubicación geográfica será definida por el CNDS.
