Nueva York, Estados Unidos.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó en Nueva York junto a los líderes de los países que integran el denominado Escudo de las Américas, encuentro en el que se adoptó una declaración conjunta orientada a fortalecer la seguridad, la economía y la coordinación multilateral en el hemisferio.
Como parte de los primeros acuerdos, los países participantes anunciaron medidas individuales y colectivas contra 24 organizaciones identificadas como de narcoterrorismo, entre las que se encuentran la Mara Salvatrucha (MS-13) y Pandilla Barrio 18.
Las acciones contempladas incluyen sanciones financieras, congelamiento de activos, restricciones migratorias y otras medidas que serán aplicadas de acuerdo con las leyes vigentes en cada uno de los países que forman parte de la iniciativa.
El acuerdo plantea además una mayor coordinación entre los gobiernos para enfrentar las estructuras vinculadas con el crimen organizado transnacional y fortalecer los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.
En el caso de Honduras, la participación en este esfuerzo regional contempla el intercambio de información e inteligencia con los países integrantes del Escudo de las Américas, como parte de las acciones dirigidas a combatir las actividades del crimen organizado.
La declaración también establece compromisos relacionados con la defensa de la soberanía y la seguridad de los países participantes, mediante una mayor articulación de las acciones nacionales y colectivas frente a las organizaciones señaladas.
Entre las estructuras incluidas en las medidas anunciadas figuran MS-13 y Barrio 18, organizaciones con presencia en distintos países de la región y que han sido objeto de acciones de seguridad y persecución penal por parte de los gobiernos.
Con esta declaración, Honduras se incorpora formalmente a las acciones planteadas por el Escudo de las Américas, que buscan fortalecer la cooperación entre los países del hemisferio mediante el intercambio de inteligencia y la adopción de medidas coordinadas.
Los gobiernos participantes prevén aplicar las medidas acordadas conforme a sus respectivos marcos legales y avanzar en mecanismos de cooperación para enfrentar a las organizaciones identificadas como amenazas para la seguridad regional.
