Tegucigalpa, Honduras.- Un severo descontrol financiero, una marcada desviación de los objetivos institucionales y múltiples extravagancias caracterizaron el funcionamiento de la Secretaría de Planificación Estratégica, según reveló el profundo proceso de auditoría, saneamiento y liquidación encabezado por la Comisión Técnica Liquidadora.
Los hallazgos documentados tras la intervención de esta dependencia exponen contratos millonarios con ciudadanos extranjeros, gastos desproporcionados en alquileres de edificios e infraestructura, una escalada inaudita en la renta de vehículos y pasajes aéreos, así como la impresión masiva de literatura ideológica, proyectos de corte propagandístico y solicitudes políticas ajenas al desarrollo nacional que ya fueron documentadas para su remisión ante el Ministerio Público.
"Cuando me tocó venir en el mes de marzo, asistí a esta Secretaría de Planificación Estratégica para poder ver el diagnóstico, cómo está la situación de personal, cómo está la situación financiera", detalló Leonel Núñez, miembro de la Comisión Técnica Liquidadora.
La estructura financiera de la secretaría experimentó un crecimiento vertiginoso en pocos años, pasando de un presupuesto anual de 74 millones de lempiras en 2022 a 458 millones en 2023, 1,002 millones en 2024 y alcanzando un techo de 1,694 millones de lempiras en 2025, mientras que para el ejercicio actual el Congreso Nacional aprobó 604 millones destinados exclusivamente al cierre y liquidación de la institución.
Como parte de las acciones correctivas implementadas por la comisión, se logró suprimir una planilla mensual de casi 25 millones de lempiras que mantenía contratados a más de 820 empleados, generando un ahorro superior a los 180 millones de lempiras en un periodo de nueve meses y cubriendo el pago total de prestaciones laborales.
Además de poner al día deudas acumuladas con el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y proveedores de servicios y medios de comunicación.
Para reducir costos operativos, la comisión entregó un edificio arrendado por el que se pagaban más de 1.3 millones de lempiras mensuales en alquiler, agua y luz, además de desocupar el piso 18 de la torre 1 en el Centro Cívico Gubernamental para su reutilización estatal.
"En el mes de marzo, exactamente ya para el 30, se había cesanteado el 96% de las personas que laboraban en planificación; se pagaba una planilla de casi 25 millones de lempiras al mes hasta el mes de marzo", afirmó Núñez.
El informe detalla erogaciones injustificadas y de alto impacto financiero, destacando un contrato por más de 54 millones de lempiras concedido en un plazo de 18 meses a la empresa Consultora Iskra Global, S. de R. L., la cual era administrada por el ciudadano venezolano Jorge Luis Ladera.
Dichos recursos se canalizaron bajo la justificación de realizar diagnósticos y asesorías para identificar a las familias más poderosas del país, perfilar a medios de comunicación, periodistas y empresarios.
Además de promover directrices orientadas a implantar la narrativa del socialismo democrático en la ciudadanía, incluyendo la edición y tiraje de millares de ejemplares de textos sobre fascismo y neofascismo que fueron obsequiados a operadores políticos en Venezuela con recursos del Estado.
"Se le pagaron a la razón de más de 54 millones de lempiras en 18 meses, simplemente por hacer un diagnóstico, identificar las 10 familias más poderosas del país, atacar los medios de comunicación y dar ciertos consejos referentes a cómo meter al hondureño el socialismo democrático en la cabeza", apuntó el funcionario.
La auditoría evidenció que durante 2025 se erogaron más de 14 millones de lempiras en la compra masiva de boletos aéreos y viáticos de hospedaje para ciudadanos extranjeros de procedencia cubana, rusa, argentina y venezolana, cuyos objetivos oficiales en el país nunca fueron debidamente justificados ni documentados en las oficinas de planificación.
Asimismo, se expusieron contrataciones insólitas como el pago de transporte, hotel y alimentación a un profesor de ajedrez de origen venezolano que permaneció un mes en el territorio nacional bajo la premisa de haber impartido capacitaciones a más de 600 docentes y 1,400 centros educativos durante el mes de diciembre, época en la cual el sistema escolar se encuentra completamente cerrado.
"Se le pagó a un profesor de ajedrez que vino de Venezuela, hotel, transporte, alimentación, en donde solamente estuvo un mes en Honduras y en ese mes supuestamente le dio clases en 1,400 centros de educación a más de 600 docentes en el mes de diciembre; o sea, ¿quién da clases de ajedrez en diciembre si están cerradas las escuelas?", cuestionó Núñez.
El desorden administrativo también se reflejó en el rubro de transporte, donde el alquiler de vehículos consumió más de 20 millones de lempiras en 2025, contrastando drásticamente con los 3.3 millones máximos reportados en años anteriores.
El informe concluye que la institución perdió por completo el rumbo técnico y científico de la planificación estatal, dedicando sus recursos a atender solicitudes ideológicas ajenas al desarrollo nacional.
Se realizaron peticiones para eliminar la oración en las escuelas o promover el matrimonio entre personas del mismo sexo, e impulsando la creación de una autobiografía cinematográfica del expresidente José Manuel Zelaya Rosales.
Esta línea de gasto se conectó con los hallazgos en la suprimida Dirección General de Cinematografía, donde se otorgaban premios anuales millonarios por documentales inexistentes o de contenido cuestionable, motivando que el caso sea trasladado al Ministerio Público para deducir responsabilidades penales.
"Aquí se manejó bastante lo que es la parte política; había una propuesta de crear una autobiografía del expresidente Mel Zelaya para crear una película, un documental sobre él, habiendo tanto hondureño valioso, científicos, médicos o la sor María Rosa, a quienes sí se les debería honrar con un documental", reprochó Núñez.
Con el cierre de esta dependencia se garantiza que más de 1,600 millones de lempiras dejen de malgastarse y se redirijan a salud, educación, infraestructura o seguridad.
