Tegucigalpa, Honduras.- El proceso de reducción del aparato estatal ejecutado por la Comisión Técnica Liquidadora acumula más de 2,200 despidos de empleados públicos, al tiempo que las autoridades analizan la supresión de nuevas dependencias para eliminar la duplicidad de funciones presupuestarias.
Entre las estructuras estatales eliminadas mediante los decretos del Poder Ejecutivo destacan la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos (Sedespa), el Programa de la Red Solidaria y el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH).
Para profundizar la reestructuración administrativa, la comisión técnica evalúa propuestas para fusionar o adscribir entidades como la Secretaría de la Mujer y el Instituto Hondureño de Turismo a otros despachos ministeriales.
A nivel de comisión, hemos despedido a más de 2,200 personas. A nivel de Planificación Estratégica, yo he pagado más de 160 millones de lempiras en prestaciones", manifestó Leonel Núñez, miembro de la Comisión Técnica Liquidadora.
Paralelo al desembolso de los derechos laborales, la junta liquidadora ha comenzado a remitir expedientes sustanciados con posibles hallazgos irregulares a los organismos de fiscalización y de persecución penal del Estado.
Los informes entregados abarcan auditorías sobre la suscripción de convenios presupuestarios y la contratación de personal en dependencias suprimidas, donde se han identificado hechos que trascienden el ámbito administrativo.
"Se nos ha pedido información sobre algunos convenios, se nos ha pedido información sobre algunas personas; todo se ha ido entregando conforme lo han solicitado ellos", explicó el comisionado Núñez.
El profesional del derecho detalló que la documentación aportada deslinda entre faltas de carácter administrativo que darán lugar a reparos por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y conductas dolosas tipificadas en el Código Penal.
"Yo creo que sí hay cierta información, hay ciertos hechos que constituyen delito, pero también hay ciertos hechos que constituyen reparos de parte del Tribunal Superior de Cuentas", aseveró el jurista Núñez.
De acuerdo con las indagaciones desarrolladas durante el cierre operacional de las dependencias, las conductas detectadas podrían derivar en requerimientos fiscales por delitos graves contra la administración pública.
Entre la tipificación penal analizada por los equipos de auditoría destacan la administración fraudulenta, la apropiación indebida, el enriquecimiento ilícito, el abuso de autoridad y el encubrimiento en el manejo de caudales públicos.
Las autoridades precisaron que las investigaciones del Ministerio Público exigirán análisis financieros profundos, incluyendo la revisión de cuentas bancarias y bienes inmuebles a nombre de exservidores estatales y su círculo familiar.
"Lógicamente, un delito no se prueba solamente documental; hay que hacer una investigación, esto quiere decir revisión de cuentas, de bienes, bienes a familiares, hermanos, primos, padres, para poder saber si existe algún tipo de vinculación", subrayó el integrante de la comisión.
Respecto al perfil del personal desvinculado, las autoridades aclararon que la cesantía obedeció a la supresión de las figuras jurídicas de las secretarías y no a criterios de filiación política, abarcando a trabajadores afiliados a los distintos partidos.
El proceso de cierre de la Secretaría de Planificación Estratégica implicó la erogación de más de 160 millones de lempiras para la cancelación de derechos a más de 700 exempleados, mientras 153 personas promovieron acciones contenciosas.
La revisión de la eficiencia del gasto público orienta la mirada hacia nuevas dependencias donde se detecte solapamiento de atribuciones institucionales con otras áreas del Poder Ejecutivo.
"En el caso particular, yo creo que hay una duplicidad entre la Secretaría de Turismo y el Instituto Hondureño de Turismo; ahí debería cerrar una de las dos. Y yo creo que la Secretaría de la Mujer debería ser adscrita a Derechos Humanos", enfatizó el funcionario.
