Tegucigalpa, Honduras.- La revisión de seis instituciones que funcionaron durante el gobierno anterior dejó al descubierto posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos que representarían un perjuicio económico de 1,131 millones de lempiras, según los resultados presentados por la Comisión Técnica Liquidadora.
El monto corresponde a 10 líneas de investigación que fueron trasladadas al Ministerio Público (MP), junto con documentación de respaldo, para que las autoridades determinen si existen responsabilidades por el uso de los recursos estatales.
El comisionado coordinador, Ángel Mendoza, explicó que el proceso de supresión y liquidación institucional registra un avance del 90 por ciento.
Entre los casos de irregularidades figuran transferencias superiores a 230 millones de lempiras destinadas a cajas rurales de ahorro y crédito, cuyas liquidaciones presentan inconsistencias, por lo que la comisión señaló que existen documentos que requieren una revisión para establecer el destino y la justificación de esos recursos.
También se reportó la adquisición de más de 10,000 bienes por parte de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), sin que se encontraran las respectivas actas de entrega.
Asimismo, 110 contratos de obras que, de acuerdo con la revisión, fueron pagados en su totalidad por adelantado. Sin embargo, todavía no se ha establecido si todos los proyectos contemplados en esos contratos fueron ejecutados.
A estos casos se suman transferencias por aproximadamente 60 millones de lempiras a una organización no gubernamental (ONG), cuya dirección registrada presentaba inconsistencias. También se encontraron diferencias entre las cifras oficiales de migrantes retornados y los beneficios que reportaba un programa de asistencia dirigido a esta población.
La documentación sobre estos casos también fue remitida al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), mientras que el Ministerio Público deberá desarrollar las investigaciones correspondientes para establecer si hubo irregularidades y quiénes podrían resultar responsables.
El comisionado Mario Celín Simón indicó que las instituciones examinadas administraron alrededor de 27 mil millones de lempiras durante los cuatro años anteriores, y su supresión permitirá reducir gastos administrativos y disponer de recursos para prioridades como salud, educación, infraestructura y seguridad.
Mendoza precisó que tres instituciones completaron su cierre en octubre, mientras que Convivienda tiene previsto concluir a mediados de noviembre y Sedecoas, Red Solidaria y Proasol continuarían sus procesos hasta el 31 de diciembre, debido a compromisos vinculados con financiamiento externo.
