Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Técnica Liquidadora presentó ante el Ministerio Público (MP) hallazgos de posibles irregularidades en instituciones públicas durante el gobierno de Libertad y Refundación (Libre), entre ellos transferencias de más de 230 millones de lempiras vinculadas con cajas rurales, más de 10,000 bienes sin respaldo de entrega y pagos anticipados por 228 millones de lempiras a empresas constructoras y supervisoras.
Los comisionados informaron sobre alrededor de 30 casos relacionados con el manejo de fondos públicos, la ejecución de proyectos y la administración de recursos en instituciones suprimidas. La documentación fue remitida al ente acusador para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades penales.
Leonel Núñez, presidente de la Comisión Técnica Liquidadora, explicó que el organismo se encarga de identificar y documentar los hallazgos, mientras que corresponde al Ministerio Público establecer quiénes podrían ser responsables y si las actuaciones investigadas constituyen delitos.
“Muchos de estos casos ya están siendo investigados por el Ministerio Público, sobre todo les dan toda documentación para que sigan las líneas de investigación”, manifestó Núñez.
Los funcionarios también señalaron que remitieron documentación relacionada con denuncias de ciudadanos correspondientes a 2022 y 2023. Además, indicaron que el proceso de liquidación continúa hasta completar las obligaciones pendientes de las instituciones.
Convivienda y Banadesa: investigan transferencias por más de L230 millones
Uno de los hallazgos corresponde a transferencias superiores a 230 millones de lempiras de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda) al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), vinculadas con proyectos de cajas rurales.
El órgano liquidador informó que solicitaron al Ministerio Público investigar cómo se administraron los recursos y quiénes los recibieron. Según explicó, las liquidaciones disponibles presentan inconsistencias y no existen conciliaciones bancarias que permitan esclarecer completamente el destino del dinero.
La comisión también reportó falta de claridad sobre las personas que recibieron los fondos y pidió investigar a los funcionarios que administraron los recursos en ambas instituciones.
Aunque los fondos estaban vinculados con proyectos habitacionales, la documentación revisada presenta inconsistencias que deberán esclarecer las autoridades. La representante indicó que corresponde al Ministerio Público determinar cuántos funcionarios podrían tener responsabilidad en el caso.
Entre los hallazgos también figuran posibles deficiencias administrativas, falta de conciliaciones bancarias y transferencias de recursos entre asociaciones e instituciones que, según la comisión, no contarían con las autorizaciones correspondientes o no estarían contempladas en los presupuestos.
Hospital Neonatal de Occidente apenas alcanza 27% de ejecución
También señaló posibles irregularidades relacionadas con el Hospital Neonatal de Occidente, cuya ejecución física alcanzaba apenas el 27%, según expuso uno de los comisionados encargados de liquidar instituciones vinculadas con programas sociales.
El funcionario indicó que el plazo legal para ejecutar el proyecto venció el 10 de enero de 2026 y sostuvo que las autoridades responsables de administrar los contratos no realizaron las gestiones necesarias para ampliar el período de construcción.
Según su exposición, el hospital debió estar terminado en junio de 2025, pero las ampliaciones concedidas no permitieron completar la obra.
El comisionado también señaló que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un pronunciamiento sobre la falta de elegibilidad del proyecto para continuar recibiendo financiamiento, situación que relacionó con decisiones administrativas vinculadas con su ejecución.
A este caso se suma la adquisición de equipo médico y biomédico valorado en aproximadamente 147 millones de dólares, de acuerdo con la declaración del funcionario. Según indicó, los equipos permanecen en bodegas, pese a que su compra debió corresponder a una etapa avanzada de la construcción.
El comisionado advirtió que el almacenamiento puede afectar las garantías y que no existe certeza suficiente sobre las condiciones de funcionamiento de los equipos.
Reportan inconsistencias en programas para migrantes retornados
Otro de los hallazgos está relacionado con programas de atención a migrantes retornados, incluido un beneficio de 100 dólares que, según el comisionado, los empleados públicos manejaban en efectivo.
El funcionario afirmó que el 12 de enero de 2026 todavía se emitían cheques para entregar dinero en efectivo a empleados y que las liquidaciones no coincidían con los registros disponibles.
Al comparar la información con la base de datos del Instituto Nacional de Migración, la comisión encontró diferencias entre la cantidad de migrantes retornados que supuestamente recibieron beneficios y el número de personas registradas oficialmente.
El comisionado estimó que los recursos relacionados con los programas mencionados rondaban los 200 millones de lempiras, aunque aclaró que las investigaciones deberán establecer los montos correspondientes y las posibles responsabilidades.
La comisión también cuestionó la entrega de bonos alimenticios administrados por Banasupro. Según el funcionario, se distribuyeron aproximadamente 70,000 bonos, mientras que los registros oficiales citados durante su exposición reflejaban alrededor de 40,000 personas, o un poco más, que ingresaron al país bajo la condición de migrantes retornados.
Otro señalamiento corresponde al pago de aproximadamente 60 millones de lempiras a una organización no gubernamental para ejecutar compras directas. El comisionado sostuvo que ese mecanismo habría evitado la aplicación de disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y de las normas presupuestarias.
El funcionario también cuestionó las condiciones de las instalaciones físicas de la organización en La Ceiba y solicitó investigar el manejo de los recursos.
En conjunto, estimó que los perjuicios económicos relacionados con los hallazgos que presentó superan los 100 millones de lempiras. Sin embargo, será el Ministerio Público el que determine el alcance de las posibles irregularidades y las responsabilidades que correspondan.
Sedecoas reporta más de 10,000 bienes sin respaldo de entrega
En el caso de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), un comisionado informó sobre dos hallazgos relacionados con la adquisición de bienes y el pago anticipado de contratos.
El primero corresponde a la compra de más de 32,000 bienes, de los cuales más de 10,000 no cuentan con evidencia física de entrega en las actas revisadas por la comisión. El funcionario estimó que los bienes pendientes de liquidación representan más de 10 millones de lempiras.
Entre los artículos adquiridos había pupitres destinados a centros educativos de distintas zonas del país. Sin embargo, la documentación examinada no permitió establecer con certeza a quiénes se entregaron.
El segundo hallazgo corresponde a pagos anticipados por 228 millones de lempiras a empresas constructoras y supervisoras. Según el comisionado, los desembolsos se realizaron en diciembre de 2023, cuando los contratos no registraban una ejecución física del 100%.
El funcionario explicó que los pagos estuvieron relacionados con la necesidad de ejecutar el presupuesto antes de finalizar el año, pese a que los trabajos contratados no estaban completamente terminados.
La comisión solicitó al Ministerio Público investigar ambos casos, establecer el destino de los bienes y esclarecer las condiciones en que se efectuaron los pagos.
Los comisionados reiteraron que su labor consiste en documentar los hallazgos y poner la información a disposición de las autoridades competentes. Corresponderá al Ministerio Público determinar si existen delitos, identificar a los posibles responsables y establecer si procede presentar requerimientos fiscales.
